Inédito juicio ambiental contra empresario: Es acusado de borrar humedal en Mariquina
En la ciudad de Valdivia será sometido a juicio el empresario Cristian Zaro Ponce, a quien la Fiscalía acusa por supuestos delitos de contaminación grave cometidos entre los años 2023 y 2024.
El proceso es el primero que se lleva adelante en la Región de los Ríos por daño ambiental, aplicando un artículo del Código Penal que entró en vigencia hace dos años para tipificar esta conducta como un delito.
El auto de apertura indica que Zaro, en su calidad de propietario de un terreno ubicado en el sector El Yeco de Mariquina, dispuso la corta de árboles y eliminación de especies arbóreas nativas, además de la «remoción de material desde la parte alta del predio, mediante el uso de retroexcavadoras».
Dicho material -agrega el documento- «fue vertido sobre un humedal existente en el lugar a orillas del Río Lingue, considerado éste como sitio prioritario por la SEREMI del Medio Ambiente de Los Ríos, provocando la destrucción del mismo, afectando la flora y fauna existente en el lugar producto de la destrucción de su hábitat».
Así, la intención de construir un terraplén «provocó una fragmentación del humedal y contaminación de sus aguas por sedimento», lo que además habría implicado «la intervención de 2 quebradas con cursos de agua, aportantes e integrantes del humedal, las cuales fueron intervenidas e interrumpidas mediante el uso de maquinaria pesada, desviando sus aguas».
Según recoge el diario El Mostrador, el abogado defensor del denunciado, Juan Carlos Vidal, señaló que su representado ya fue sancionado en el Juzgado de Policía Local con una multa final de $5 millones, ordenándose medidas de reforestación y un plan de manejo que estaría «aprobado y en ejecución», lo que daría a entender que el conflicto ya fue «juzgado».
En respuesta, el Ministerio Público señaló que el procedimiento mencionado fue de carácter administrativo, relacionado con infracciones a la Ley de Bosques, lo que no impide la persecución penal.
En su imputación, la entidad recalcó la existencia de efectos «muy severos e irreversibles en la vegetación hidrótica y en el grupo de anfibios que existen en la zona», así como también sobre «el espejo de agua y sistema hídrico», lo que constituye una «amenaza permanente» al medio ambiente.
La sanción que se pide aplicar son ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, una multa de 24 mil UTM e inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.
