Carabineros rechaza entregar nombres de personal investigado por estafa piramidal
La institución liderada por el general director Ricardo Yáñez ha optado por reservar la identidad de los funcionarios que están siendo sometidos a investigación interna por su eventual implicancia en la fraudulenta empresa de inversiones conocida como KnightsBridge, la cual prometía ganancias mediante compras en el extranjero.
El caso explotó a mediados de 2022 y ya derivó en la detención de dos oficiales de Carabineros y un cadete del Ejército la semana pasada, quienes debieron enfrentar una audiencia de formalización ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo por el delito de estafa.
Además, según dio a conocer un reportaje de Radio Bio Bio, los efectivos presuntamente envueltos en la red alcanzarían los cinco mil y tendrían distintos rangos en las filas policiales.
A comienzos de abril, Verdad Ahora solicitó por Ley de Transparencia conocer la «nómina de funcionarios, con sus grados y destinaciones actuales, eventualmente involucrados o bajo investigación por la estafa piramidal KnightsBridge». Sin embargo, la respuesta fue negativa.
Según consta en el oficio entregado a este medio por la coronel Loreto Osses, jefa del Departamento de Información Pública y Lobby de Carabineros, el organismo indicó que «los nombres de los funcionarios relacionados a los procesos administrativos en el caso en cuestión, no es factible de ser entregado, ello por tener el carácter de reservado, ya que tienen calidad de dato personal» (ver aquí).
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A raíz de las primeras detenciones, el mandamás de Carabineros, Ricardo Yáñez, admitió el número elevado de implicados hasta ahora, agregando que los delitos no involucrarían dinero institucional y que la «gran mayoría de los carabineros (vinculados al caso KnightsBridge) son más bien víctimas».
Dicha mirada tuvo un aparente cambio el día de ayer, cuando al ser entrevistado por un medio nacional, Yáñez calificó al personal en cuestión como «delincuentes vestidos de uniforme» y exigió «cuidar la institución».
El documento que Carabineros envió a Verdad Ahora solo refiere a un total de 42 funcionarios sometidos a investigación -cantidad ínfima en comparación al total admitido-, y precisa las diversas destinaciones en las cuales tendrían asiento a lo largo del país: Curacaví, Peñaflor, Molina, Sagrada Familia, San Clemente, Antofagasta, Lo Espejo y Valdivia, así como unidades y departamentos sensibles, como el área de protección de personas importantes, OS7, el grupo de caballería, la dirección de Planificación, entre otras.
El requerimiento acompaña una serie de oficios y documentos electrónicos internos (DOEs) que reflejan los múltiples sumarios instruidos desde mayo de 2022, superando los 10 expedientes. La mayoría alude a reclamos anónimos presentados a través del portal de denuncias de Carabineros, recogidos por la Subdirección de Asuntos Internos, y otros ingresados por vías tales como el Departamento de FFAA, Seguridad, Presidencia, Hacienda y Relaciones Exteriores de la Contraloría General de la República bajo reserva de identidad.
En el compilado se observa que con fecha 7 de junio de 2022, el entonces jefe de zona de Los Lagos, general Carlos López González, emitió la Resolución Exenta N° 341 (ver aquí), para ordenar que un oficial perteneciente a una jefatura distinta de aquella -la del Bio Bio-, se hiciera cargo de investigar al prefecto de Osorno y a distintos funcionarios de la región por su eventual conexión con KnigthsBridge, incluyendo a personal de inteligencia y de asuntos internos,
En términos similares figura un DOE emitido por la Prefectura Costa de la Región Metropolitana, el cual se señala que, de acuerdo a «información levantada por los mandos de unidades territoriales, se ha logrado determinar que cinco funcionarios se encontraron involucrados en la empresa de inversiones denominada ‘Knightsbridge’, investigada por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente en causa RUC 2200286405-7, por estafa, lavado de activos y otros delitos».
El registro menciona la supuesta participación de un subteniente, un cabo primero y un cabo segundo de la 56va. Comisaría Peñaflor, además de un cabo primero y un cabo segundo de la 63va. Comisaría de Curacaví.
«NO ES DE ALTA COMPLEJIDAD»
El caso también generó preocupación al interior de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, donde aparecen al menos dos oficiales implicados. En mayo de 2022, la jefatura de Zona Metropolitana pidió que los antecedentes fueran «materia de investigación administrativa por parte de la Fiscalía Letrada de Alta Complejidad» de la Contraloría General de Carabineros, encabezada a esa fecha por el general Mario Sepúlveda Peralta.
Sin embargo, la Contraloría en cuestión desestimó la solicitud, afirmando que los hechos no revestían el carácter de «alta complejidad».
El documento indica que, «tras efectuar una revisión a los antecedentes por parte del Contralor General que suscribe, se informa que las razones por las cuales se estima no deben ser declarados de alta complejidad obedecen básicamente a que se trata de una situación que tuvo inicio de ejecución fuera del país, en la cual si bien existen oficiales involucrados, existen mandos que previnieron en el conocimiento de ese asunto, habiéndose previamente definido que serán ellos los que ejercerán la potestad disciplinaria».
Ante dicho criterio, fue la propia generala de Tránsito, Marcela González Casas-Cordero, quien evacuó instrucciones para adoptar «los cursos de acción respectivos», contando a su haber con un CD que plasmaba «imágenes y videos» sobre el caso, material que fue entregado a un suboficial mayor de Carabineros para dar inicio a un sumario (ver aquí).
Pese a la gran cantidad de posibles implicados y a todas las aristas conocidas de KnightsBridge, el jefe del Departamento de Defensoría Jurídica J2 de Carabineros, teniente coronel Rogelio Requena Berendique, certificó mediante un documento remitido al autor de esta nota que «no mantiene registros respecto de causas (penales) relativas a la materia solicitada» (ver aquí).
Por Matías Rojas
