Defensa de sargento acusado de matar a Catrillanca cuestiona a perito de la PDI
La nulidad de todo lo obrado por la Corte de Apelaciones de Temuco en el recurso de amparo interpuesto a favor del sargento Carlos Alarcón Molina, imputado por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca en la comuna de Ercilla, pidió el abogado del ex integrante del GOPE de Carabineros, quien cumple prisión preventiva en la Región del Biobío.
La primera acción, que buscaba revocar la privación de libertad decretada contra Alarcón por el Juzgado de Garantía de Collipulli, fue desestimada por el tribunal de alzada de La Araucanía sin escuchar alegatos, afirma el nuevo texto presentado por su defensor, Pedro Bujes, el pasado 25 de febrero.
Todo comenzó el día 13, cuando el representante del ex uniformado que habría percutado el tiro que mató a Catrillanca ingresó el amparo en Concepción, jurisdicción de la comisaría de San Pedro de la Paz donde Alarcón está recluido. Después, la Corte penquista se declaró incompetente, derivando los antecedentes a Temuco el lunes 18.
La ciudad de más al sur aceptó su competencia en tiempo récord -el mismo día, sin notificar a la parte amparada, asegura Bujes en el papel-, programando la vista de la causa a la mañana siguiente.
«De forma natural, las resoluciones de fecha 18 de febrero de 2019 no pudieron ser conocidas por esta defensa sino después de las 13:16 horas, en que el Sr. Presidente de la I. Corte de Temuco designara la sala, la cual jamás apareció en el sistema del Poder Judicial y con fecha 19 de febrero», indica el jurista.
En el escrito añade que las «resoluciones y sus notificaciones son actos de comunicación procesal, comunicación que debe efectuarse con la antelación necesaria para el ejercicio de los derechos subjetivos y facultades procesales, siendo éste un principio general de Derecho Procesal Universal reconocido por tratados internacionales».
El incidente deberá ser resuelto por la misma sede o, en caso de acogerse una apelación, por la Corte Suprema.
ESBOZO DE PERITAJE
Una semana atrás, la Segunda Sala de Temuco –integrada por los ministros Aner Padilla Buzada, Alejandro Vera Quilodrán y el abogado integrante Alexis Gómez Valdivia– no dio lugar a la acción cautelar deducida, confirmando la prisión preventiva para el ex suboficial que también es acusado de obstruir la investigación de la Fiscalía sobre el crimen de Catrillanca.
La resolución que ahora pretende anular planteó que el procedimiento de formalización de Collipulli, ocurrido el 30 de noviembre de 2018, se ajustó a derecho, celebrándose «en conformidad a la ritualidad procesal y contando en todo momento con un abogado defensor» que asistió a Alarcón.
El mayor cuestionamiento del amparo radicaba en la no exclusión de una prueba de cargo presentada por el equipo del fiscal Roberto Garrido que sería «no solo inexistente, sino ilegal o nula» -aseguraba-, expuesta en una declaración voluntaria que no constituye informe, tomada a una perito de Investigaciones que adelantó algunas conclusiones sobre la trayectoria de la bala que impactó a Catrillanca por la espalda.
En su testimonio, entregado dos días antes de la audiencia al persecutor Jorge Calderara, la funcionaria de la PDI Ximena González señaló que los restos metálicos obtenidos desde el interior del cráneo de la víctima corresponden a una munición del tipo 5.56 mm. que habría entrado en forma directa, descartando así la tesis de la defensa que apunta a un rebote del proyectil.
Al desechar la posibilidad de un cuasidelito de homicidio y reforzar la hipótesis de un asesinato a sangre fría, los dichos de González justificaron la medida cautelar más gravosa en contra del ex carabinero, sin que a esa fecha hubiere arribado a la carpeta de investigación la pericia que anticipó, ya que solo fue incorporada como informe policial el 5 de diciembre.
«No solo no existió la pericia a la fecha de formalización, sino que llama poderosamente la atención la idoneidad de una perito de la Policía de Investigaciones de Chile, que, en este proceso penal, no sepa la legislación vigente y como enfrentar una actuación procesal», agrega el amparo.
RECONSTITUCIÓN FALLIDA
A inicios de febrero, el Ministerio Público tuvo que cancelar la diligencia que buscaba probar uno de los fusiles ocupados en el operativo que dio muerte a Camilo Catrillanca «por problemas de coordinación con la FACh», informó el diario La Tercera.
La actividad consistiría en realizar disparos con «el fusil Colt M4 calibre 5.56 que portaba el 14 de noviembre de 2018 el ex sargento Raúl Ávila», quien está formalizado en la causa junto a Carlos Alarcón.
La defensa de Avila, Javier Jara, quien también ha insistido en que la bala que mató a Catrillanca se desvió, criticó a la PDI, asegurando que la policía «no informó al polígono de la FACh que iba a asistir la Fiscalía y personal civil a observarla, o sea, los intervinientes en general».
