En Chile:

Hinzpeter deberá responder al Congreso por intensificación del estado policial

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el general de Carabineros, Eduardo Gordon, han sido citados al Congreso para que presten declaración sobre el uso desmedido de la fuerza policial en el marco de las manifestaciones contra Hidroaysén y las protestas universitarias.

El diputado Sergio Ojeda, a cargo de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, manifestó que el objetivo radica en que debe explicarse “la situación que está ocurriendo en el país y que se nos está denunciando por diferentes vías”.

El anuncio fue hecho luego de que la Comisión viajara al Hospital Regional de Concepción para visitar a Paulina Rubilar Ramírez, quien sufrió un trauma ocular grave debido al lanzamiento de una bomba lacrimógena por parte de Carabineros. Según Bio Bio Chile, los miembros de la comisión acusaron al gobierno de Sebastián Piñera de reflejar una “falta de sentido democrático”, calificando los hechos de “inconcebibles”.

A esto se sumó un artículo escrito por el diario electrónico español El Mundo, que indicó las nefastas consecuencias a la salud producidas por el gas lacrimógeno que las fuerzas públicas chilenas utilizan para disolver las manifestaciones. Durante la semana, los medios chilenos se vieron forzados a cubrir la evidencia científica que sugiere el carácter abortivo de las bombas.

En una entrevista con ADN Radio, el médico y profesor titular Andrei Tchernitchin, de la Universidad de Chile, afirmó que de acuerdo a uno de sus estudios, realizado durante la dictadura de Augusto Pinochet, las sustancias químicas del gas lacrimógeno podrían producir abortos o un parto prematuro. Agregó también que el gas “produce una reacción emocional severa” que pone “muy agresiva” a las personas. Indicó que si las autoridades adhieren una sustancia química que irónicamente aumenta el grado de tensión para disolver las protestas, “eso puede terminar en conflictos bastantes importantes”, poniendo en duda la efectividad de su uso.

Tchernitchin reconoció haber sido contactado por la Cámara de Diputados y el Senado para compartir sus conocimientos e iniciar posiblemente su revisión. Por otra parte, la parlamentaria Karla Rubilar (RN) anunció que solicitará a la Comisión de Salud que analice los efectos nocivos del gas, precisando que Andrei Tchernitchin ha sido invitado a participar en la instancia.

Incluyendo claros montajes policiales, infiltrados en marchas y un visible aumento en la represión de las masas manifestantes, la política de la “mano dura” del ministro Hinzpeter parece estar abarcando más allá de una batalla contra la delincuencia: una lucha contra las libertades individuales.

En otro ámbito de la represión social, esta suerte de estado policial puede verse reflejado, por ejemplo, en los comentarios que el fiscal Sabas Chahuán realizó durante su Cuenta Pública de 2011. En tal oportunidad, el fiscal abogó por un plan de fortalecimiento que incluyera nuevos métodos de vigilancia electrónica y la introducción de operaciones encubiertas para “combatir el crimen”.

Cabe la duda de si este sistema ha sido ya implementado luego de las denuncias que una apoderada de Coyhaique realizó a Radio Santamaría, acusando a las fuerzas policiales de participar en un constante hostigamiento contra estudiantes de Puerto Montt que se manifestaron contra Hidroaysén, y dando cuenta de que aparentemente sus correos electrónicos y celulares han sido intervenidos.

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