En Chile:

Escuchas ilegales en Carabineros: El panóptico de la corrupción

Combatir el abuso de poder al interior de las policías y levantar la moral de las “tropas” que viven por dentro sus propios calvarios e injusticias, son dos metas que se propone el suboficial en retiro de Carabineros, Esteban Infante Alcaíno, desde la defensoría solidaria “Equanime”. Surcando la puesta de sol maipucina con la mirada en alto, el sabueso intenta marcar la fecha exacta en que se empezó a fraguar su salida de la institución.

Vuelve al año 2003, cuando diligenciaba las órdenes que le impartía la jueza Eleonora Domínguez en torno al caso Spiniak. En la rotonda Lo Curro había caído preso el dueño del gimnasio Go Fitness & Spa junto a Patricio Egaña, el dramaturgo que proveía drogas al empresario para alimentar sus bacanales privados con menores de edad. La investigación de la pedofilia tomaba un vuelco vertiginoso: los proveedores de estupefacientes de Egaña aparecían vinculados a la venta de vehículos robados y a una serie de estafas. Un Audi transferido por el sobrino del mafioso Edgardo Bathich a un ex capitán “Cutufo” y otro par de sustraídos coches en manos de la suegra del general Juan Donati Pino – quien a esa fecha ejercía como director de Orden y Seguridad de Carabineros – pasaron a integrar las actas de incautación. Era una “Operación Magistral”, como bautizó Bernales.

Fue esa misma operación la que llevó a Infante a montarse en un vehículo Daewoo blanco, a 400 metros de distancia de la 21 Comisaría de Estación Central, cuando escuchó algo que no debía. Sólo recuerda que su colega dejó encendido el equipo de escuchas telefónicas – un notebook y una antena parabólica de origen alemán –, antes de digitar el número correspondiente al celular de un sospechoso carabinero que les habían ordenado pinchar y salir a fumar un cigarrillo mientras la máquina procesaba otros llamados. “¿Aló, presidente?”, escuchó repentinamente por el auricular. No podía creerlo. Era José Miguel Insulza.

¿Por qué el teléfono del ministro del Interior aparecía registrado en el computador? ¿Estaba siendo objeto de una investigación extraoficial del OS7? ¿Qué había en las conversaciones de Insulza que fuera de interés para la inteligencia policial o para una persecución de narcotráfico? Infante no lo pudo averiguar. Le quitaron los equipos.

En julio de 2011 relató este incidente ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados junto al abogado Claudio Cofré. Allí declaró también que la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar), mediante engaño a los tribunales, solicitaba la interceptación de teléfonos que no correspondían derechamente a delincuentes, sino a diputados, senadores, abogados y líderes de movimientos sociales y sindicales. Entre las víctimas figuraban él y su colega, el cabo Luis Parra Castro. El mando, a su parecer, había tomado revancha por la información que manejaba sobre engorrosas situaciones que afectaban a jefes policiales de alto nivel.

“En veinte minutos”

Robinson Medina Vidal era uno de los cabos envueltos en la red de trata de blancas que Infante investigó cuando prestaba servicios en el sector oriente de Santiago. La SIP de la 19 Comisaría de Providencia enfrentaba el dilema de entregar a la justicia a uno de sus propios camaradas. Y el suboficial Infante lo hizo: cuando ese carabinero y otros funcionarios aparecieron vinculados al robo de cajeros automáticos, denunció el hecho ante la Dirección de Inteligencia de Carabineros. Más tarde se enteró que el medio hermano de Medina era chofer del entonces jefe nacional de Dipolcar, Bruno Villalobos Krumm, el mismo general que un día sábado, a las nueve de la noche, llamó al diputado Sergio Ojeda (DC) para increparlo por recibir a Infante y dar crédito a la existencia de escuchas telefónicas ilegales en el parlamento.

Actualmente, el escándalo de los “pinchazos” está lejos de acabar. En el Juzgado de Garantía de Colina se levantó un proceso en contra del teniente coronel Gonzalo Alveal Antonucci – antiguamente adscrito al Departamento II de Contrainteligencia de Dipolcar – por obstrucción a la investigación y falsificación de partes policiales. Dicha causa, que pasó a la 4ª Fiscalía Militar, estimó que el funcionario tomó participación en delitos consumados contra el cabo Parra al intentar vincularlo maliciosamente con un reo. El Ministerio Público y el Poder Judicial llegaron a la convicción de que el cabo era inocente de las imputaciones que habían llevado a justificar la interceptación de sus llamadas, enmarcada en una supuesta indagatoria por cohecho y facilitación del microtráfico en el Barrio Suecia.

alveal“Si el fiscal (Patricio Macaya) hubiera sabido que uno de los tres teléfonos no pertenecía al preso, debería haberlo plasmado en su solicitud, sino yo entendería que me está engañando”, fue la declaración que prestó la jueza Ema Novoa Mateos el 15 de julio de 2011. Macaya, en buen chileno, le tiró la pelota a Carabineros: indicó al fiscal Raúl Guzmán que la relación “tuvo que venir de Dipolcar”.

A mediados de este año, un ex subalterno de Alveal Antonucci, el mayor Jorge Toledo Gallardo, situó al general Bruno Villalobos como el presunto autor intelectual del “engaño” denunciado por la jueza Novoa. En una declaración judicial de dos páginas, Toledo narra que el día 28 de mayo pasado, Alveal concurrió hasta su trabajo para ofrecerle un abogado y preguntarle qué indagaba en ese momento el tribunal castrense. Por tropiezo reveló que Villalobos, en el año 2010, había ordenado borrar el nombre del propietario del celular cuya intervención la Dipolcar había solicitado a la magistrado, o en otras palabras, que el mandamás de la inteligencia de Carabineros había ocultado la identidad del cabo Parra para concretar el pinchazo ilegal.

“(…) yo se lo representé a Alveal, que recién me lo hacía saber y que iba a concurrir a la Fiscalía Militar para aclarar este tema, ante lo cual él me manifestó que no lo hiciera ya que quedaríamos todos de mentirosos”, explicó el mayor Toledo.

En agosto, la Corte Marcial revocó el procesamiento del “Gato” Alveal. Se dijo a El Ciudadano que el ex oficial de inteligencia consiguió un puesto en Codelco y ahora comparte labores junto al general Gerardo González Theodor, otro importante uniformado que se acogió a retiro tras verse involucrado en el millonario escándalo de sobreprecios que remeció al Departamento TIC de Carabineros, caso en el que aparecía igualmente mencionado el empresario Daniel Platovsky, asesor y amigo íntimo del presidente Sebastián Piñera.

“No es posible que en 20 minutos echen por tierra lo que venimos denunciando desde hace cuatro años”, señala Esteban Infante. Anuncia que apelará – ante instancias internacionales si es necesario – para demostrar que efectivamente existió un contubernio del Alto Mando para encubrir el espionaje del que fue víctima y que, según sospecha, continúa hasta la actualidad.

La clave para demostrar que la Corte Marcial no actuó con transparencia estaría contenida en la misma declaración que el mayor Toledo prestó hace algunos meses: el testigo también asegura que Alveal, frente al problema judicial que enfrentaba, le “comentó que se había puesto en contacto con el Auditor de Carabineros, General Gutiérrez (Carlos), al que le pidió audiencia, y que el General Gutiérrez le había comentado que el General Villalobos ya se había puesto en contacto con él”.

Pese a lo anterior, el general Carlos Gutiérrez Silva no se inhabilitó cuando tuvo que integrar la Corte Marcial. Votó en contra de los afectados y contribuyó silenciosamente a devolver el emblemático proceso a fojas cero. ¿Qué conversó Villalobos con Gutiérrez? Infante no lo sabe. La comparecencia de Toledo ni siquiera fue incluida en la resolución del tribunal.

La caja de Pandora

A Rina Montt Marchant, jefa de la División de Crisis del Sename en 2004, le parece curioso que el escurridizo Alveal, quien fue procesado en el caso de las escuchas ilegales, no haya sido tocado por la justicia cuando lo denunció por apremios ilegítimos durante un interrogatorio. También lo acusó de alterar una declaración que sirvió para condenarla por “ejercicio ilegal de la profesión” tras ser sindicada por la UDI como la supuesta artífice de un montaje destinado a manchar la honra del senador Jovino Novoa en el caso Spiniak. Rina plasmó todo eso en un documento que en junio de este año llegó al escritorio del presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

Personas que intervinieron en la causa del empresario pederasta comentaron a El Ciudadano que cerca de veinte cintas VHS incautadas a Claudio Spiniak Vilensky nunca volvieron a aparecer. Se acusó al cabo Mauricio Madrigal de no entregar la horrenda colección de orgías al tribunal, pero otro funcionario que llegó a tomar contacto con las grabaciones fue Alveal Antonucci, cuya facilidad para “zigzaguear” la ley continúa generando sospechas hasta el día de hoy. “Por dentro se comentaba que en esas grabaciones aparecía gente importante y que alguien las guardó”, dice un ex colega.

spiniakQuienes guardan consigo la llave de la inteligencia comprenden que las conductas “poco éticas” o “inmorales” de terceros pueden convertirse en instrumentos para canjear favores, impunidad o acomodaticios cargos públicos. Fueron dichas prácticas, opina un ex policía, las que llevaron al primer director del FBI J. Edgar Hoover a mantenerse incólume durante ocho presidencias en Estados Unidos. Algunos piensan que Chile no está distante.

En 2011, el suboficial Esteban Infante se encargó de recalcar en el Congreso que el Ministerio Público hallaría “muchas sorpresas” cuando peritara los discos duros que almacenaban las escuchas de la Dipolcar. “Esto funciona como en la película de ‘La Hermandad de la Rosa’ (…) un trabajo de la CIA para saber la parte delgada de las autoridades, y de esa forma poder extorsionarlas”, explicó.

Días después de su concurrencia a la Comisión de DDHH se presentó una querella por “obstrucción a la justicia” en contra del fiscal nacional Sabas Chahuán. Junto al fiscal Andrés Montes, hijo del diputado socialista Carlos Montes, se le acusó de no incautar como debía los indestructibles equipos de escuchas telefónicas. La acción judicial fue sobreseída “con costas”, dijo Chahuán a El Ciudadano. Pero ya era la segunda vez que la máxima autoridad de la Fiscalía aparecía cuestionada en tribunales: en 2009, el ex subcomisario de la PDI Héctor Guzmán había interpuesto una denuncia criminal en su contra por “ignorar” las acusaciones realizadas por la menor Sabina Bustos Delgado en torno a una mafia de explotación sexual infantil que operaba en la ciudad de Valparaíso, y que involucraba a detectives y marinos de la Operación Unitas.

A cargo de esclarecer la arista política del caso de las interceptaciones ilegales, Chahuán colocó al fiscal regional porteño Pablo Gómez Niada. Hombre de su confianza, en agosto de 2009 el también esposo de la ministra de Justicia de Piñera había desmentido el nexo pedófilo de las Unitas bajando el perfil a la detención del guardamarina estadounidense Léster Santiago Gálvez, quien fue sorprendido con una menor de edad en el Hotel New Kenny’s de la ciudad portuaria. El ex subcomisario Guzmán dijo a El Ciudadano que Gómez tampoco investigó las amenazas de muerte que recibió cuando investigaba la red criminal.

Bombas de humo

En 2012, el general Bruno Villalobos concurrió a una invitación que le hizo la Comisión de DDHH. Allí “dejó taxativamente establecido que en ningún momento intervino los teléfonos, así que espero, y tengo la confianza, de que no vino a mentir”, según dice hoy el diputado comunista Hugo Gutiérrez. Pese a lo anterior, Gutiérrez manifiesta que desconoce los resultados de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Valparaíso para determinar fehacientemente si su teléfono y el de los parlamentarios Sergio Aguiló, Guillermo Teillier, Alberto Espina y Alejandro Navarro, fueron ‘pinchados’ por Carabineros.

saifTambién queda por esclarecer la interceptación de la que habría sido objeto el embajador de Paquistán en Chile, Burnahul Islam. El Ciudadano intentó consultar sobre este tema al actual ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, quien declinó conceder una entrevista por “desconocer” la materia. La encargada de prensa de Cancillería comunicó a este medio que el ministerio “no cuenta con antecedentes” que permitan dilucidar si el gobierno anterior proveyó explicaciones a Paquistán por esta denuncia. En 2013, la nación del sur de Asia puso en marcha una política de austeridad diplomática. Una de las legaciones que decidió cerrar fue la chilena.

Se sospecha que la supuesta intervención al embajador está vinculada con la injusta detención que en mayo de 2010 sufrió en el consulado estadounidense el estudiante extranjero Mohammed Saif Ur Rehman Khan. Durante el gobierno de Piñera, el denominado “caso paquistaní” fue forzosamente ligado por informes de la Dipolcar – que contaron con el aval de Villalobos – a la serie de presuntos atentados anarquistas que dieron origen al primer caso bombas.

Khan todavía se pregunta si el montaje del que fue víctima tuvo relación con el aparente desprestigio que de su país buscaba la empresa Antofagasta Minerals de Luksic, la que a esa fecha estaba en pugna con Paquistán por un proyecto de exploración de cobre y oro denominado Reko Diq, en la región de Chaghai. Lo reconoce como un comentario que abundaba en la boca de algunos periodistas compatriotas. De lo que sí existe plena seguridad es que luego de abandonar el gobierno, Hinzpeter acabó trabajando para Quiñenco, la filial matriz del grupo Luksic.

Por estos días, Villalobos ha vuelto a ganar la simpatía del fiscal sur Raúl Guzmán, el mismo que lo investigó por la denuncia de escuchas ilegales previo a que el caso muriera en la justicia militar. Ambos trabajan juntos en la “segunda pata” del caso bombas.

Las malas lenguas anticipan que el ex timonel de la Dipolcar – posicionado este año en la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal – se convertirá en el nuevo general director de Carabineros. En otro ámbito administrativo se conoció hace poco la renuncia del general Alejandro Olivares, con quien Villalobos tenía fuertes roces.

*Este reportaje fue publicado en la Edición Nº 158 del diario El Ciudadano.