En Chile:

El cartel internacional que se beneficiaría con los megaincendios en Chile

Una impactante revelación efectuó hace algunos meses el espacio “Ahora Noticias” de Mega sobre un posible cohecho a funcionarios públicos chilenos que involucraría a tres firmas extranjeras dedicadas al combate aéreo de incendios, con redes en España, Italia y Portugal.

De acuerdo con documentos recopilados en la investigación, las empresas Faasa, Inaer y Martínez Ridao – que empezaron a operar en Chile bajo el gobierno de Sebastián Piñera – se habrían coludido para fijar los precios de licitaciones, sobornar y malversar fondos del Estado, en concomitancia con autoridades políticas del Viejo Continente.

Mediante suculentos pagos y regalos, el denominado “cartel del fuego” o G-6 tenía acceso a información privilegiada de los procesos de contratación y engañaba al Fisco, declarando tener una capacidad logística mayor a la real.

Aunque en España el caso fue derivado a un tribunal con mayores facultades, el Ministerio Público de Chile recién abrió una causa formal para indagar posibles ilícitos en el negocio realizado por esas compañías con tragedias que han azotado a nuestro país.

Según el reportaje, el grupo ha logrado amasar 2 mil millones de pesos anuales en contratos de arrendamiento de aeronaves con la Conaf y la Onemi, justamente en regiones afectadas por la emergencia más reciente y -algunos – por trato directo, sin mediar concurso público.

Los acuerdos sellados con las empresas cuestionadas en tribunales de Valencia, cuyos voceros dudaron de la efectividad de aviones como el “Súpertanker” en declaraciones a la prensa compartidas por el director de Conaf, Aarón Cavieres, establecen el pago de horas extra en la eventualidad de incendios más extensos.

Además, el equipo periodístico de Mega accedió a una denuncia presentada contra Faasa en la Fiscalía Nacional Económica (FNE), ente que lejos de investigar y sancionar posibles infracciones a la libre competencia decidió archivar el expediente.

La vocera de gobierno, Paula Narváez, reaccionó a la bomba afirmando que La Moneda es la primera interesada “en que cualquier situación que no se apegue a la ley, sea investigada y sancionada de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico”, agregando que “en Chile no hemos formado parte ni conocido en forma directa los alcances que pueda tener esa situación que ha ocurrido en otro país”.

Por su parte, el senador de RN Manuel José Ossandón pidió a la Contraloría que indague los antecedentes y que el mandamás de Conaf ponga su cargo a disposición.

“¿Por qué no se investigó? Era cosa de meterse a Google y ver que son empresas que están condenadas en el extranjero. En el fondo, esto es una vergüenza y un llamado a (Mahmud) Aleuy (subsecretario del Interior) a que haga la pega, y espero que no me declare imputado por aplicar el sentido común”, dijo el parlamentario a Mega, en abierta referencia al trato que ha dado el gobierno al excomandante en jefe de la Armada, Jorge Arancibia, en la causa por difusión de información falsa sobre los responsables de los incendios.

La Onemi, a través de un comunicado, señaló en tanto que conforme “a la Ley de Compras Públicas, sólo existe prohibición de contratar proveedores que hayan tenido condenas por prácticas antisindicales o por violación de los derechos de los trabajadores”.

La Conaf también comentó el hecho, aseverando que “a la fecha no ha recibido ningún tipo de comunicación a través de canales formales, que informe los problemas legales en que estarían involucrados algunos proveedores de servicios en materia de incendios forestales en el extranjero”.