Fondos de AFP han ido a parar a empresas de alto impacto ambiental como SQM, CMPC y Arauco

Una investigación realizada por Fundación Sol ha develado que, a diciembre de 2024, más del 80% de los activos que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) invierten en empresas que operan en Chile, son destinados a compañías «clasificadas como extractivistas» o que generan conflictos socioambientales.

«Esto revela una contradicción estructural profunda, donde el mismo dinero que supuestamente debería garantizar la seguridad social futura se utiliza hoy para financiar industrias que comprometen la sostenibilidad ecológica y territorial del país», concluye el análisis de datos.

El estudio indicó además que, entre 2008 y 2024, «la inversión en empresas netamente extractivistas no solo se mantuvo, sino que creció un 102,3%».

El flujo de capital se concentra en dos sectores históricos: el forestal y el minero, que en conjunto «acaparan el 93,1% de estas inversiones», donde la segunda ha recuperado protagonismo en los últimos años, «pasando de representar el 29% en 2014 a un 44,8% en 2024 dentro de la cartera extractiva», lo que demuestra la vigencia «.

Se observó además una mutación de la cartera de inversiones hacia el sector inmobiliario, transitando desde un 2% de inversiones en 2008 a capturar un 20,9% en 2024, lo que «sugiere que el impacto ambiental financiado por los fondos de pensiones ya no se limita solo a la extracción de recursos en zonas rurales o llamadas de ‘sacrificio’, sino que se ha expandido agresivamente hacia la expansión urbana y la construcción».

«Al revisar las empresas receptoras, se repiten constantemente nombres ligados a los grandes conglomerados: SQM en el litio, CMPC y Arauco en el sector forestal y empresas como Copec en hidrocarburos o Agrosuper en la agroindustria», agregan.

Esto «refuerza la tesis de que el sistema de capitalización individual funciona, en la práctica, como una caja para el financiamiento a bajo costo para el gran capital extractivista, consolidando un modelo de acumulación que beneficia a una élite corporativa a costa del patrimonio ambiental común».