Nuevo prefecto de Aysén fue condenado por homicidio de menor en dictadura
Un oscuro pasado registra en su hoja de vida el coronel Miguel Ángel Ortiz Farías, oficial a cargo de la Prefectura de Carabineros de Aysén a partir de enero de este año. Su destino se cruzó con la inocencia de un niño que figura en el Informe Rettig y con el mazo de un ex director de la DINE que murió el año pasado.
De acuerdo a los antecedentes judiciales que El Ciudadano logró reunir, la historia es la siguiente.
El 30 de agosto de 1988, luego de masivas de protestas contra la designación del general Augusto Pinochet como candidato único a la presidencia, una patrulla encabezada por el ex director de Carabineros Gustavo González Jure, e integrada por Ortiz, disparó a civiles una bala en la intersección de las calles Esperanza y Guacolda en San Ramón, hiriendo de muerte al joven aprendiz de albañil Sergio Williams Albornoz Matus, de tan sólo 14 años.
La querella que presentó el papá del menor, relataba que, a eso de las 20:00 horas de ese día, “un asesino le disparó a no más de 10 metros de distancia (a Albornoz Matus), desde el interior del Parque Municipal, aprovechando que una de las paredes que protege el recinto tenía un forado”.
Aunque se ubicó a testigos que ratificaron la existencia de disparos desde el interior del parque, el entonces capitán González Jure se esmeró en declarar lo contrario al juez militar: que en las primeras diligencias realizadas, todas las personas interrogadas habían coincidido en señalar que “no habían visto a Carabineros cerca del lugar mismo donde cayó herido el menor”.
Lo dicho por el funcionario que años más tarde, en el gobierno de Sebastián Piñera, tomaría las riendas de la institución, contradecía lo indicado por dos carabineros de apellido Gutiérrez y Salazar, quienes dijeron que dos oficiales, en referencia a González y Ortiz, habían hecho ingreso al mentado parque municipal esa noche.
El abogado querellante expuso tenazmente su criterio. “El aparente ánimo de colaborar con la justicia de González Jure”, dijo, mencionando a otros dos funcionarios, “nunca fue tal, pues el objetivo verdadero que perseguían era confundir la investigación de modo que no pudiera establecerse la identidad del homicida”.
Lo que pasó a continuación sorprendió a todos. Miguel Ángel Ortiz, que en ese tiempo era subteniente, reconoció haber usado su armamento fiscal contra los vecinos de San Ramón. El oficial, actualmente con más de 30 años de servicio, intentó justificar lo ocurrido a través de su abogado defensor, quien afirmó que “en un marco de caos y confusión, resulta lógico y acertado el uso de armas de fuego como disuasión de los revoltosos”.
Configurándose un antecedente que para los familiares de Sergio Albornoz representó una clara prueba de encubrimiento en el caso, la 13 Comisaría de Carabineros de La Granja informó al tribunal que, después de ocurrida la tragedia, la pistola UZI 9 milímetros empleada en el crimen, fue “aseada en la unidad”.
El hecho se repetiría casi 22 años después con el arma que dio muerte al joven estudiante Manuel Gutiérrez en medio de un paro sindical.
En el proceso revisado por El Ciudadano consta que la Tercera Fiscalía Militar de Santiago pidió saber cómo las armas, en su totalidad, fueron desarmadas para su aseo y cada cuánto tiempo se efectuaba un mantenimiento de esas características. Sin embargo, Carabineros no aportó más datos que permitieran esclarecer este punto, ya que respondió que la documentación había sido “incinerada”.
“No existe impedimento técnico alguno para que el cañón de la pistola ametralladora UZI se cambie a otra arma del mismo modelo, ya que éste no tiene numeración que pueda controlarse que corresponde a determinada arma”, informó la Sección Armamento y Municiones el 3 de mayo de 1993.
Atendiendo a los argumentos de la defensa de Ortiz, y con cambio de juez, el tribunal modificó la pena del imputado oficial de Carabineros a “300 días de relegación menor en su grado mínimo” como autor del cuasidelito de homicidio de Sergio Albornoz, remitiendo condicionalmente la misma. Por esta razón, cumplió su condena en completa libertad.
Quien le permitió salir más airoso del escándalo fue un siniestro brigadier que participó en el secuestro y crimen del ex químico de la DINA Eugenio Berríos: el general Hernán Ramírez Rurange, supervisor de la operación de silenciamiento contra el ex fabricante de gas sarín cuando estaba a la cabeza de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
Ramírez y Ortiz volvieron a encontrarse en los pasillos del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago hace algunos años, cuando Carabineros presentó una querella por injurias contra un periodista.
La institución exigía al comunicador retractarse de un reportaje que involucró directamente a González Jure en el asesinato del menor Albornoz, obedeciendo a una presunta operación de blindaje que aún estaría impune bajo pactos de silencio.
