Los cuestionados movimientos de Mutucar que ponen a prueba al general Mario Rozas
Distribución irregular de excedentes, pago de sobresueldos a jefes policiales y dudosas operaciones inmobiliarias son algunas situaciones que han tenido en el foco de la atención a la Mutualidad de Carabineros en el último año.
Entre marzo y diciembre de 2018, el actual general director de Carabineros, Mario Rozas Córdova, formó parte del Consejo de Administración. Fue durante ese período que el gerente de la corporación de seguros, el antiguo mandamás de la institución, Gustavo González Jure, abandonó el cargo, llegando en su reemplazo el general (r) Alfonso Muñoz Medina.
El nombramiento no pasó inadvertido en la Mutucar. Tal como informó Verdad Ahora en junio, Muñoz traía consigo el estigma de haber desempeñado funciones en el área inmobiliaria desde 2014, departamento que estaba siendo altamente cuestionado.
La información cobró fuerza días después, cuando se supo que la Contraloría General de la República había detectado oscuras transferencias de $23 mil millones de pesos entre el organismo y Carabineros, fondos que luego habían sido utilizados para compensar deudas adquiridas con el primero.
De acuerdo al Informe Final de Investigación Especial N° 540 de 2018, la Dirección de Bienestar de la institución «no contabilizó los ingresos que generó como excedentes… y tampoco las deudas que adquirió» con la aseguradora por distintas «obras de reparación y compra de inmuebles».
El encargado de negar cualquier fraude ante la comisión parlamentaria que indagó a las Mutualidades fue el propio general Mario Rozas, quien señaló que todo estaba en orden y que la ausencia de respaldos de dichas inversiones se amparaba en el reglamento institucional que permite quemar documentos.
Según La Tercera, cuando Rozas fue ascendido a director gracias al retiro de más de 10 generales solicitado expresamente por Piñera, de quien fue edecán, el anterior timonel de la policía uniformada Hermes Soto le habría dado la «misión clave» de «‘limpiar’ cualquier tipo de irregularidad en la Mutualidad de Carabineros».
En contacto con Verdad Ahora, funcionarios ligados a Mutucar pusieron en duda el cumplimiento de ese objetivo, principalmente por la llegada de oficiales jubilados, cercanos a los mandos de González Jure y Bruno Villalobos, con «cero experiencia en seguros» o afectados por cuestionamientos a la probidad.
Por ejemplo, a fines de 2018, se nombró en el cargo de subgerente al ex director de Personal de Carabineros Rafael Jiménez Salazar, superior del área administrativa de Salud en el período en que se habrían pagado coimas para adjudicar un sistema informático de gestión que ha presentado numerosas fallas en el Hospital de Carabineros, todo lo cual está siendo objeto de investigación por la Fiscalía.
Paralelamente, a comienzos de octubre, la Mutualidad designó al coronel (r) Sergio Alarcón Torreblanca como «jefe del nuevo Departamento de Estudio, Análisis y Control de Riesgos», según versa el oficio N° 48453 del ente, enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el día 2 de ese mes.
En la actualidad, Alarcón aparece mencionado en una querella por el supuesto delito de falsificación de instrumento público (causa RIT 1–el Juzgado de Garantía de Coyhaique), donde se le imputa haber dado de baja en forma irregular al sargento José Martínez Ávila, quien habría sido presionado para no involucrar a un comandante en el baleo que dejó sin visión de un ojo al pescador de Puerto Aysén, Teófilo Haro, durante las protestas de 2012.
También surgen críticas por la situación de personas que aún estarían aferrándose a Mutucar, pese al cambio anunciado. Tal sería el caso de la ex jefa de adquisiciones Lidia Canales, cónyuge del ex jefe de Finanzas de Carabineros Iván Whipple, quien está formalizado por malversación de caudales públicos en el denominado Pacogate.
Según fuentes de la entidad, Canales habría sido despedida, sin embargo, estaría presentando licencias médicas desde el año pasado, extendiendo su permanencia en Mutucar, a diferencia de empleados que han sido expulsados en forma inmediata y sin previo aviso. Uno de ellos, señalan, ya presentó una demanda laboral en tribunales.
Por Matías Rojas
