Defienden labor de fiscal Arias en caso Corpesca e interpretan su salida como «sospechosa»
Con desconcierto reaccionaron sectores de la pesca artesanal e intervinientes de la causa Corpesca ante la decisión del fiscal nacional Jorge Abbott de remover a Emiliano Arias de la investigación, con motivo de los presuntos «cuestionamientos políticos» al trabajo legislativo de la Ley de Pesca hechos por el persecutor en una entrevista con La Tercera, donde aseguró que tras la tramitación del proyecto había claros actos de corrupción.
De esta forma, Abbott reasignó la causa al fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, instruyendo la apertura de un sumario contra Arias por haber infringido, supuestamente, la reserva de la carpeta investigativa y exceder sus funciones al dar «opiniones» en la prensa.
«Era lo que faltaba», expresó Gino Bavestrello, dirigente de la Federación de Pescadores de Corral (Fepacor), e integrante de la Condepp. A su juicio, la decisión de Abbott genera una pérdida de confianza y «la posibilidad cierta de que los corruptos y corruptores tengan impunidad, dado que no conocemos el actuar del nuevo fiscal que ha reemplazado al fiscal Arias».
En este sentido, Bavestrello puso en duda la justificación del fiscal nacional para sacar a quien dirigía, hasta ayer, las pesquisas. «La Ley de Pesca está hoy vigente gracias al cohecho y la colusión que hubo en la tramitación de la misma. Que una persona común y corriente haga el comentario no tiene ninguna penalidad. Que lo haya dicho el fiscal Arias, mayor razón tiene, porque era quien llevaba la causa y obviamente estaba al corriente de toda la información», apuntó.
El abogado Mauricio Daza, parte querellante del caso en representación de la Fundación Ciudadano Inteligente, relativizó los argumentos de Abbott para fundamentar su decisión. «Es una mala excusa si se considera que el propio Abbott y otros fiscales de investigaciones vinculadas a dineros políticos han realizado declaraciones a la prensa donde se han referido y han emitido opinión acerca de las indagaciones que dirigen», señaló.
Daza recordó, por ejemplo, la entrevista que a inicios de este año dio a El Mercurio el fiscal Pablo Gómez, esposo de la ex ministra de Justicia de Piñera, «donde sostuvo que no había antecedentes para indagar a Pablo Longueira por delitos de cohecho vinculados a la arista SQM».
«Por lo tanto, que ahora aparezca el fiscal Abbott sacando a Emiliano Arias de la dirección de Corpesca, justo en el momento en que estaba comenzando a indagar la arista Asipes (Asociación de Industriales Pesqueros), que es probablemente una de las más graves que se han conocido hasta la fecha, resulta altamente sospechoso», manifestó.
En este sentido, el jurista agregó que Arias «resultó ser un investigador molesto, en la medida que estaba llevando una investigación de manera acabada y completa y además ampliándola a otras empresas» como las agrupadas en Asipes, hebra de la causa que resalta por «la extensión de los sobornos que se habrían pagado por parte de esa entidad y el número de autoridades que estarían involucradas en los hechos».
«La actuación del fiscal nacional, hasta la fecha, no da garantías de que se pueda alcanzar a establecer la verdad de lo ocurrido en el caso Corpesca-Asipes, y menos establecer responsabilidades criminales», puntualizó.
Por su parte, el director del Centro Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, interpretó la salida del persecutor regional de O’Higgins como una demostración «de que la larga mano de Sonapesca y la casta política está presente para bloquear cualquier avance. Arias había logrado una situación inédita. Había logrado extender y profundizar la investigación hacia las otras patronales pesqueras y parlamentarios de la región centro y sur austral, en términos de vincular a Corpesca con las acciones de Asipes y Fipes».
Dicha línea investigativa, recalcó, dejaba a trasluz «la existencia de una organización que ha operado coordinadamente para la corrupción de la política nacional y la elaboración de una ley que privatizó los recursos naturales en su beneficio, operando como un poder dentro del Estado. Arias traspasó la línea del sector empresarial y de los partidos políticos».
