Dan de baja a carabinero que denunció irregularidades en Aysén
En noviembre de 2015, el jefe máximo de Carabineros, Bruno Villalobos Krumm, se dejó caer en la Región de Aysén para inaugurar un nuevo recinto policial. Villa O’Higgins no fue su única parada: también visitó a un sargento que afirmaba ser víctima de una persecución impropia. Villalobos escuchó el relato de Miguel Riveros Maldonado y tomó el compromiso de reevaluar su situación.
Varios meses han pasado desde ese episodio y – según fuentes policiales consultadas por El Ciudadano – la situación no ha mejorado. Riveros fue dado de baja con más de 20 años de servicio, sin sueldo y sin derecho a salud.
En Coyhaique, donde formaba parte de la Comisaría de Fuerzas Especiales, comentan que podría tomar una decisión radical: viajar a pie desde la región austral a Santiago, para entregar en manos de su general director un compilado de documentos que probarían las malas prácticas de algunos superiores.
Los abusos habrían empezado cuando el sargento Riveros declaró en favor de un colega ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad austral.
En ese tribunal, hace casi un año, se tramitó una causa por tutela derivada de una demanda presentada por el sargento segundo José Martínez Ávila, quien también fue exonerado de la institución tras sufrir – como planteó en sus denuncias al Poder Judicial – hostigamientos y humillaciones al interior de la unidad.
El magistrado Óscar Barría Alvarado dio por acreditado que Martínez fue perseguido una vez que se negó a falsear hechos en la investigación interna que Carabineros instruyó con motivo de la violenta represión al Movimiento Social “Aysén, tu problema es mi problema” en 2012, la cual provocó la pérdida de un globo ocular a Teófilo Haro, pescador aisenino.
Aunque la Corte de Apelaciones de Coyhaique revirtió el fallo del juez Barría, tanto para los abogados de Martínez como para el representante de Haro, Cristián Cruz, los testimonios vertidos en el juicio oral de Martínez dieron cuenta de una maquinación del Alto Mando uniformado para proteger al comandante Victor Follert Alarcón e inculpar a un funcionario de menor rango como autor del disparo de balín que hirió al manifestante.
En una entrevista con El Divisadero de Aysén, el sargento José Martínez afirmó que el coronel Leonardo Glade, designado en la capital como fiscal administrativo, intentó obligarlo a decir que él había visto cuando un suboficial de nombre Héctor Aburto – y no Follert – le reventó el ojo a Teófilo.
“Yo dije que no. Yo nunca estuve ahí, yo siempre estuve a la altura de los semáforos dispersando a la manifestación. Por ende, era imposible que yo estuviera en el lugar donde él me indicaba”, explicó el ex FFEE.
Este solo hecho marcó un antes y un después. A Martínez se le recargaron los servicios, se mandaron vehículos institucionales para presionarlo a su propia casa, y, finalmente, se le cursó la baja.
El sargento Miguel Riveros, quien actualmente estaría viviendo una situación similar a la de Martínez, declaró ante el juzgado laboral que el despido de su compañero de armas fue «indigno», ya que el teniente Nicolás Calderón procedió a notificarlo en plena vía pública, despojándolo de su placa y su tarjeta de identificación.
Apenas el testigo abandonó el estrado, la historia de Martínez se habría empezado a repetir con Riveros. Fuentes consultadas por El Ciudadano afirman que pronto comenzó a sufrir una recarga laboral y a ser enviado a la calle pese a la existencia de un certificado médico que le recomendaba no hacerlo, ante posibles desmayos por su diabetes.
En junio del año pasado, la situación del sargento Riveros llegó a tope: interpuso una denuncia porque le habían robado el vehículo y sustraído desde el interior una copia del sumario administrativo que se instruía contra uno de sus superiores, a quien la Fiscalía Militar investigaba por la supuesta falsificación de tablas de servicios en virtud de una denuncia interpuesta por Riveros.
Pese a esta versión del sargento, la jefatura lo acusó de haber conducido su propia camioneta en estado de ebriedad y provocar daños.
Este solo incidente lo tiene ahora fuera de la institución, expectante a que la dirección general tome las medidas que el caso amerite.