Aprovechando histeria antiterrorista, Piñera pone urgencia a Ley Hinzpeter

En medio de la histeria antiterrorista fomentada desde los medios y el gobierno tras la escalada de violencia en la Araucanía, el Presidente Sebastián Piñera decidió ponerle urgencia al proyecto de ley de fortalecimiento del orden público, más conocida como ley Hinzpeter, para conseguir su pronta aprobación en el Congreso.

El proyecto de ley prevé un endurecimiento de las ya draconianas facultades para reprimir las distintas formas de protesta social.

«Queremos darle más atribuciones a Carabineros de Chile para poder luchar contra aquellos que cobardemente, en forma encapuchada, cubriéndose el rostro, atentan contra la ciudadanía chilena y contra Carabineros», declaró.

Piñera explicó que la ley «va a reforzar y hacer más firme y más dura la legislación para poder combatir a esos encapuchados y, al mismo tiempo, va a establecer una mayor protección a nuestros carabineros porque va a agravar los delitos de aquellos que contra la integridad de carabineros o que le falten el respeto a carabineros».

Como apunta La Tercera, «el avance de la iniciativa cobró relevancia en los últimos días, debido a la ola de ataques incendiarios perpetrados por encapuchados en la Región de La Araucanía y que cobraron la vida del matrimonio Luchsinger Mackay el 4 de enero.»

El Ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló que planea reunirse con la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Constitución de la Cámara de Diputados para intentar conseguir un apoyo transversal a la misma.

Los orígenes del proyecto se remontan a septiembre de 2011, cuando fue preparado casi íntegramente por la Cámara Nacional de Comercio, semanas antes de ser dado a conocer al público por Rodrigo Hinzpeter, lo que pone de manifiesto los poderosos intereses corporativos detrás de esta medida.

Como ya se ha advertido, el único objetivo del proyecto de ley es criminalizar al movimiento social y fortalecer el aparato represivo del Estado.

Por ejemplo, el proyecto contempla tipificar como delito «invadir u ocupar ilícitamente diversos inmuebles, como: viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o de cualquier otra índole, sean privados, fiscales o municipales.» De aquel acápite se desprende que la toma de un liceo o facultad – una de las formas más emblemáticas de movilización – será tipificada podría acarrear una pena de hasta tres años de cárcel. Las casas okupa también se encontrarían entre las principales hostigadas de aprobarse este proyecto de ley.

Asimismo, constituirá delito «impedir o alterar la libre circulación de personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes» (es decir, el corte de calle) y la «interrupción de servicios públicos» entendiéndose por tales los «hospitalarios, de emergencia, de suministro eléctrico, agua potable, combustibles, comunicaciones o transportes», volviendo más difícil la realización de paralizaciones por parte de funcionarios públicos.

El ministro Chadwick anunció modificaciones al proyecto para endurecerlo aún más, entre las que se incluyen » modificar el Código Penal para tipificar el delito de desórdenes públicos», «aumentar las penas para quienes estén encapuchados en movilizaciones, con detención y multa en caso de que se nieguen a entregar su identidad» y «establecer penas agravadas para quienes sean sorprendidos en delitos estando encapuchados».

En resumen, el gobierno busca dotarse de nuevas herramientas, tanto técnicas como legales, para robustecer su brazo represivo ante la emergencia de los movimientos sociales.