Admiten querella contra director de la PDI por caso de abuso laboral en Quinta Normal

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago ordenó a la Fiscalía indagar posibles delitos de prevaricación, falsedad y omisión de denuncia, al acoger a trámite una querella presentada por el subcomisario de la Policía de Investigaciones de Chile de iniciales C. C. M., en contra del actual director general de la institución, Héctor Espinosa Valenzuela, y otros cinco oficiales activos y en retiro.

El funcionario, cuya acción legal es patrocinada por el abogado Marcos Herrera Chirino, acusa al ex jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Quinta Normal y Cerro Navia, subprefecto (r) William Morales Cancino, de hostigarlo con sanciones arbitrarias y desconocer licencias médicas por estrés laboral.

Todo podría haber quedado únicamente en el plano administrativo si no fuera porque en septiembre de 2015, de acuerdo al relato plasmado en el libelo, Morales omitió denunciar al Ministerio Público un hecho delictual ocurrido al interior de la Brigada: la sustracción de especies fiscales y personales de C. C. M. desde un casillero violentado en sus bisagras. Por el hecho solo se instruyó un sumario interno, aunque dirigido en contra del denunciante.

«Al tener conocimiento del inicio de un sumario administrativo, fui informado que los hechos a investigar no se ajustaban para nada a lo denunciado en mi cuenta escrita, y aparezco cuestionado por eventuales malos tratos dados a colegas (al decir que había ladrones)», indicó el afectado en una declaración prestada ante personal del Departamento V de Asuntos Internos de la PDI.

C. C. M. llegó al «Quinto» -repartición creada para fiscalizar el actuar de los policías- con el fin de poner en conocimiento del mando un cúmulo de irregularidades que estaban sucediendo bajo la administración de William Morales. Entre ellas, detectives que llegaban ebrios a trabajar, «hecho por el cual -manifestó- no han recibido ninguna reprimenda, mientras que yo por cosas más ínfimas he tenido que cumplir ciertos servicios o se me ha cargado la labor».

El proceso en cuestión confirmó el consumo de alcohol, terminando solo en 2017, cuando Morales ya estaba fuera de la institución, por lo cual no se pudo hacer efectiva su responsabilidad en los hechos.

Antes de acogerse a retiro, Morales sancionó a C. C. M. con días de arresto por el incidente del locker, pese a que le habría correspondido inhabilitarse, conforme lo establece la ley 20.205 que protege al personal que denuncia actos de corrupción y prohíbe al acusado influir en las calificaciones funcionarias de quien lo imputa.

A ello -prosigue la querella- se sumaron acciones tendientes a mantener un trato hostil con el subcomisario, mediante resoluciones emitidas por la oficial Patricia Acuña Davison, reemplazante de Morales en la Bicrim. Acuña instruyó un nuevo sumario contra C. C. M. -indica el escrito- por llegar 15 minutos atrasado a un servicio anticipado que nunca le fue notificado.

Luego de ello, la subprefecto envió policías al departamento del sumariado, quien estaba en pleno uso de licencia médica, para obligarlo a firmar constancias de su hoja de vida. Si bien la comitiva informó que éste se había negado a estampar su rúbrica en los papeles, un registro de audio mencionado en la querella, protagonizado por uno de los efectivos que asistió a la diligencia, comprobaría que ésta nunca se llevó a efecto, es decir, que fue simulada – o «pulseada«, en jerga policial.

«Estando así las cosas, mi representado, durante toda la tramitación del expediente público y en todas las instancias, expuso y denunció esta falta de legalidad y arbitrariedad, las cuales no fueron escuchadas por don Héctor Espinosa Valenzuela (director de la PDI) y don Darío Ortega Moreno (subdirector operativo)», recalca el documento ingresado al tribunal por el abogado Herrera Chirino, el cual ya pasó el examen de admisibilidad.

De acuerdo a informaciones recabadas por Verdad Ahora, la causa está en manos de la fiscal Centro Norte Giovanna Herrera, quien habría emitido una orden de investigar a la misma PDI, específicamente al Departamento V de Asuntos Internos, encabezado por el prefecto Óscar Rosas Bahamonde a través de la Inspectoría General.

Cabe señalar que Rosas, ocupando su anterior cargo de mandamás de la Región Policial Metropolitana como instancia jerárquica de apelación, avaló el actuar de los jefes de Quinta Normal que hoy están querellados.