Exclusivo: El sabotaje informático que complica al director de la PDI
No ha sido un año fácil para el director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. A fines de 2017, la Contraloría detectó millonarios pagos indebidos en la Mutualidad de Carabineros, entidad que está siendo investigada por la Fiscalía y que Espinosa encabeza junto a ocho miembros del directorio.
El mandamás de la policía civil tuvo que renunciar a la dieta que recibía luego de haberla defendido por televisión. Fue la primera arista del Pacogate que alcanzó a la PDI.
Luego vino la denuncia por supuesto cohecho y fraude en la Escuela de Investigaciones Policiales (Escipol), ingresada al Ministerio Público por quien fuera enlace de la PDI con dicho organismo, el subcomisario Alejandro Vignolo, cuya acusación no solo afectó al secretario de Estudios del plantel sino a altos mandos de Investigaciones a los cuales atribuyó un posible delito de omisión de denuncia.
El caso, hecho público el miércoles 4 de julio por este medio, provocó el jueves un llamado de atención por parte de La Moneda. Espinosa explicó que el asunto obedecía a una «broma» de WhatsApp y criticó al denunciante por la publicidad del escrito enviado al fiscal nacional Jorge Abbott.
Finalmente, saltándose todas las instancias de un sumario que recién partía, manifestó que ya había conversado con los imputados y descartaba cualquier atisbo de corrupción.
BAJO LA ALFOMBRA
Voces al interior de las filas describen como una práctica habitual que en la PDI se prefiera guardar bajo la alfombra procesos que salpican a jefes superiores, ya sea para proteger la imagen de la institución o derechamente hacer que las faltas prescriban.
Tal sería el caso del sumario abierto en 2013 -y que fue cerrado cuatro años después, en 2017- a raíz de un informe de la Contraloría que observó la no presentación de las declaraciones de patrimonio e intereses de más de 20 miembros del Alto Mando en el primer gobierno de Sebastián Piñera.
En forma exclusiva, Verdad Ahora accedió a otra investigación sumaria iniciada en la Jefatura de Inteligencia Policial (JIPOL), donde pese a admitirse actos que podrían configurar delito, no hay registro de que los antecedentes hayan motivado la apertura de causas en el Ministerio Público a través de alguna denuncia penal originada en la PDI.
La autoridad que internamente conoció y resolvió el caso, al ejercer el cargo de jefe nacional de dicha repartición, fue Héctor Espinosa.
Según los documentos obtenidos por este medio, se estableció que el funcionario Cristian Rojas Bazaes, actualmente en servicio activo, modificó las bases de datos del Sistema de Gestión Policial (GEPOL) para alterar la identidad de sus parientes con nombres falsos, uno de los cuales tenía prohibición de salir del país.
El hecho fue descubierto por el Departamento de Ingeniería y Seguridad de la PDI a través de una auditoría al sistema informático entre el 1 de enero de 2010 y el 6 de septiembre de 2013.
MAMANI FOSTER
De acuerdo a la Resolución Exenta N° 11 de la JIPOL, fechada el 1 de octubre de 2013 y que lleva la firma de Espinosa (ver aquí), Cristian Rojas entró al sistema «y procedió a modificar los registros de su padre y madre por nombres, apellidos y números de cédula de identidad ficticios e inventados».
Lo mismo hizo con su hermano Mario, ex funcionario de la PDI, en el registro de inteligencia que maneja el Departamento de Informaciones (DEPINFI), donde se guardan publicaciones de prensa y análisis biográficos alusivos a personas de interés para la «seguridad nacional».
El informe plantea que Rojas cambió el nombre de su hermano a «Gonzalo Mamani Foster», ocultando un arraigo vigente en su contra por el delito de cohecho, ordenado en la causa rol 69.966 del Segundo Juzgado del Crimen de Antofagasta el 27 de septiembre de 2001.
Sobre las razones de la modificación, Rojas sostuvo que pretendía evitar que la información estuviera «al libre acceso de cualquier funcionario de la Policía de Investigaciones, dado que la situación en la que se vio involucrado su hermano lo avergüenza».
Además, en una cuenta escrita, reconoció haber ingresado antecedentes penales de una mujer que pretendía contratar como nana, pero que después borró del sistema por cumplimiento de condena. Los datos fueron obtenidos accediendo al sistema biométrico del Registro Civil.
NO LE PASÓ NADA
«Las mencionadas conductas constituyen una utilización para beneficio propio y para fines ajenos a los institucionales del mencionado sistema GEPOL e infringen el Principio de Probidad Administrativa», concluye la resolución que aplicó una medida disciplinaria de seis días de permanencia en el cuartel para el acusado.
De acuerdo a su hoja de vida, Cristian Rojas ya había sido sancionado en 2012 por no adoptar medidas frente al ingreso al país de un ciudadano argentino que estaba fichado por la Brigada de Inteligencia Policial de Aeropuerto.
Pese a la gravedad de la nueva sanción y la confesión del hecho -que de acuerdo al artículo 2 de la Ley 19.223 sobre Delitos Informáticos y el artículo 43 de la Ley de Inteligencia podría revestir carácter de delito-, Cristian Rojas fue evaluado con nota 6,07 por la Junta Calificadora de Altas Reparticiones, quedando automáticamente fuera de la Lista 4 de eliminación para seguir trabajando en la jefatura que Espinoza dirigió hasta junio de 2015.
Sin mayor obstáculo, Rojas pudo integrarse a la Fuerza de Tarea de Delitos Complejos de la PDI, formada para investigar casos vinculados al terrorismo, como el atentado en Escuela Militar y al cuartel de la Brigada de Homicidios Metropolitana. En esta última indagatoria actuó como agente encubierto para crear cuentas falsas en Facebook y obtener fotografías y conversaciones de imputados en la web.
Finalmente, en septiembre de 2016, cuando Espinosa ya era director general, Rojas fue designado por el jefe de Logística, prefecto Eduardo Rodriguez Peña, para participar en la Comisión Evaluadora de la licitación que proveyó la compra de un «Sistema de Búsqueda de Información de Fuentes Abiertas en Internet, compuesto de Hardware y Software», avaluado en 145 millones de pesos.
EL ORIGEN
«Dan de baja a tres detectives». Así versa el titular del diario El Mercurio que DEPINFI guarda en sus archivos sobre el ex subinspector Mario Rojas Basaez, hermano de Cristian, último que trató de borrar las pistas del episodio cambiando la identidad del primero a Mamani Foster.
La publicación de fecha 3 de octubre de 2001 relata que José Gallo Cisternas y el médico Ernesto Herrera Alday, dos sujetos que tenían órdenes de detención pendientes por giro doloso de cheques e infracción a la Ley de Drogas, respectivamente, «habrían realizado pagos mensuales de entre $200 y $300 mil» a Rojas y dos funcionarios más con el propósito de evitar su aprehensión.
Otra noticia del matutino precisa que el doctor Herrera había estado prófugo más de ocho meses, pese a que continuaba ejerciendo su profesión en la consulta que mantenía en la ciudad de Antofagasta.
Un tercer procesado, Franco Carmona, era el supuesto intermediario que cobraba el dinero, «para lo cual se habría hecho pasar como detective, lo que motivó que fuera acusado por usurpación de funciones», puntualiza la nota periodística.
Por Matías Rojas
