Director de la PDI arriesga sumario por no entregar antecedentes médicos a detective
Incumplimientos a la Ley de Transparencia en la Policía de Investigaciones de Chile denunció el abogado del funcionario de iniciales G. B. S., Marcos Herrera Chirino, quien a fines de 2017 presentó una querella criminal contra miembros de la Comisión Médica de la institución por anomalías en el otorgamiento de beneficios previsionales.
El jurista envió una carta al Consejo para la Transparencia (CPLT) pidiendo que se cumpla lo acordado por ese organismo el 27 de abril de este año, cuando se acogió un amparo por denegación de acceso a la información contra Héctor Espinosa Valenzuela, director general de la PDI.
En su decisión (C3900-2017), el CPLT afirmó que la reclamada solo había tenido por efecto «retardar» la entrega de antecedentes contenidos en la ficha clínica del detective, ignorando la representación que investía el letrado.
Parte de esos documentos sustentan la acción penal que ya se sigue ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se imputa falsificación de instrumento público a un grupo de facultativos que modificaron la invalidez de G. B. S. desde grado dos a grado uno, enviándolo a trabajar con muletas.
Según el abogado Herrera, la PDI no cumplió el amparo de Transparencia, ya que el legajo enviado por correo a su oficina venía incompleto, omitiendo información correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018, como «la constancia de la ficha clínica de fecha 27 de julio de 2017, suscrita por el médico Conrado Arriagada Mora».
Tampoco se entregó copia de los documentos que la Comisión Médica de la PDI tuvo «a la vista» y elaboró con motivo de la audiencia que «modificó la invalidez de grado dos por una de primera clase».
Solo cuando esta situación fue advertida al CPLT, el prefecto de la Jefatura Jurídica, Luis Silva Barrera, envió nuevos antecedentes. «Relevante es señalar que esta carta fue entregada a esta parte después de haber transcurrido más de 25 días», alegó Herrera.
En su última comunicación, Jurídica planteó algo que intranquilizó al abogado: la supuesta inexistencia de registros adicionales que permitan apreciar los fundamentos de lo acordado por la Comisión Médica de la PDI.
«No se levantan actas en las que consten las opiniones de cada uno de los médicos, no existe un secretario que tome nota de las opiniones de los integrantes de esa comisión, puesto que la decisión de esa entidad se adopta en forma unánime, no existiendo, como ocurre con la Historia de una ley, que conserva las intervenciones de los parlamentarios en las discusiones de los proyectos de ley, las opiniones vertidas por los médicos», indica el oficio del prefecto Silva.
Para Herrera, lo anterior «da cuenta del actuar al margen del ordenamiento jurídico de la Comisión Médica… que no existe un debido proceso, no se da cumplimiento al artículo 6° y 7° de la Constitución Política y al artículo 5° de la ley 19.880 de LBPA (Ley de Bases de Procedimientos Administrativos)».
Finalmente, el representante del detective pidió que el CPLT -en uso de sus facultades- abra un sumario administrativo en contra del director Héctor Espinosa y se constituya en dependencias de la Comisión Médica para levantar «todos los antecedentes públicos y registros que guardan relación con los documentos solicitados por esta parte».
