Ministro Carroza entrevista a ex carabineros de OS7 para aclarar la muerte de Delfín Díaz

En el marco de la reapertura de la investigación por la muerte de uno de los inculpados en el crimen de la deportista Alice Meyer, ocurrido en diciembre de 1985, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI está ubicando a ex funcionarios del Departamento OS7 de Carabineros que indagaron el caso y orientaron sus pesquisas al empresario Mario Santander Infante, único reo en la causa.

Recordemos que hace algunos meses el ministro Mario Carroza decidió acoger una querella presentada por la familia de Delfín Díaz Méndez, persona que, de acuerdo a la conclusión arribada por la policía civil de la época, asesinó a Meyer y luego se suicidó, colgándose de un árbol, siendo encontrado más tarde a ras de suelo, portando en su muñeca el reloj de la joven de ascendencia alemana.

Un nuevo peritaje realizado por el tanatólogo Luis Ravanal determinó que existió participación de terceros en la muerte de Díaz, versión que va en la línea de lo señalado en el pasado tanto por el abogado de la familia Meyer, Marcelo Cibié, como por el primer juez instructor de la causa que se ventiló en el 12º Juzgado del Crimen de Santiago, Fernando Soto Arenas, quienes siempre desconfiaron de las diligencias realizadas por la PDI.

Según revelaron fuentes policiales a Verdad Ahora, Carroza está empadronando a ex integrantes del equipo de OS7 que tomó participación en el caso, y que podría tener información sobre algunos peritajes realizados en el sitio del suceso donde fue encontrado muerto Delfín Díaz, alias «El Coco», en la comuna de Lo Barnechea.

Se dijo a este medio que uno de los ex uniformados decidió declarar directamente con el ministro en la ciudad de Santiago y no con los detectives que hoy reinvestigan el caso, dada la desconfianza que aún existe hacia la policía civil considerando que algunos de sus miembros fueron acusados de «secuestrar» a Díaz desde el local «El Pollo Chico», a sólo dos semanas del crimen de Meyer.

La querella presentada por el abogado Álvaro González apunta la autoría material del homicidio de «El Coco» a los cuatro detectives que lo sacaron del local ya referido, y como encubridores al ex director de la PDI, general (r) Fernando Paredes Pizarro, y al fallecido abogado de la familia Santander, Sergio Miranda Carrington, defensor de varios miembros de la cúpula de los servicios de inteligencia del régimen militar.