Informe apunta a ley de permisología como el gran retroceso ambiental en Chile durante 2025
Un documento de la Fundación Terram denominado «Balance Ambiental 2025: Ambientalmente fuera de servicio» esbozó críticas a la postura adoptada por el gobierno de Gabriel Boric durante la tramitación y posterior aprobación de proyectos de ley que flexibilizan la tramitación de iniciativas de impacto ambiental en Chile.
En su análisis, la entidad manifestó que el debate «penetró y se instaló en la discusión pública con el beneplácito» de la administración, apuntando a que dejó «en el olvido sus compromisos ambientales».
«La ofensiva comunicacional que instaló la permisología en la discusión pública, no tuvo contrapeso por parte del Ejecutivo, el que no fue capaz de establecer una línea divisoria entre la supuesta necesidad de reducir la burocracia, por una parte, y el riesgoso relajamiento de los procesos de evaluación ambiental», indica.
Así, las «autoridades se sumaron a estas voces, generando una confusión que se transformó en ideas de programa de gobierno para todas las candidaturas… sin considerar los riesgos de una relajación a destajo», lo que en definitiva desvió «la atención de los problemas existentes en el sector público y privado» y «reforzó la noción de que la regulación ambiental constituye el principal obstáculo para la inversión.»
El informe concibe como una «regresión ambiental» la Ley de Autorizaciones Sectoriales (Ley N° 21.770), que «modifica regulaciones sectoriales con efectos ambientales significativos y consagra un retroceso en materia de protección ambiental», incorporando materias como «la regulación del silencio administrativo», que permitiría «obtener autorizaciones automáticas ante falta de respuesta estatal».
«Lo anterior no se condice con los compromisos exigidos al Estado derivados de los principios precautorio, preventivo y de no regresión ambiental, así como tampoco con las exigencias de los compromisos internacionales que Chile ha suscrito», sentencia.
El balance también ve con malos ojos la modificación al Reglamento de Suelos Aguas y Humedales de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, que «lo que hace es permitir la destrucción de formaciones vegetaciones nativas (bosques nativos y formaciones xerofíticas) en zonas donde antes estaban protegidas», además de eximir «de planes de manejo o de trabajo en las zonas de preservación».
«Lo grave de este cambio, es que por la vía administrativa se desprotege principalmente ecosistemas mediterráneos, comprendidos entre las regiones de Coquimbo hasta el Maule, donde habitan especies arbóreas y arbustivas nativas y/o endémicas que ya tenían una débil protección por no haber sido reconocidas de acuerdo lo que se establece en el artículo 2° numero 13) de la Ley N° 20.283», subraya.
