Daniel Jadue apunta a «montaje» entre Fiscalía y red de Hermosilla: Chats bajo sospecha
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite una querella presentada por el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra de quienes resulten responsables por el supuesto delito de prevaricación. El libelo pide investigar conversaciones mantenidas por el abogado Luis Hermosilla con otros juristas, las cuales darían cuenta de una coordinación para perjudicar su carrera política a través del caso de Farmacias Populares o ARCHIFARP que hoy lo tiene con arresto domiciliario total.
La acusación pone acento en los intercambios de WhatsApp publicados por The Clinic entre el exsocio jurídico de Andrés Chadwick y los profesionales del derecho Gabriel Zaliasnik, Eduardo Riquelme y Samuel Donoso, reconocidos defensores judiciales de personeros del gobierno de Sebastián Piñera.
«¿Y si nos querellamos por el tema luminarias contra Jadue? Si no, la centro norte (o la fiscal de Chillán) va a matar el caso», señaló Donoso en uno de los chats, a lo cual Riquelme contesta que tal acción puede ser realizada por «algún delito contra la probidad», a ser presentada por «algún interesado en ser candidato por Recoleta».
A este antecedente se agrega que «el abogado Mario Vargas, defensor de César Ramírez (uno de los empresarios involucrados en el caso), solicitó a la justicia el ostracismo de sus conversaciones con Luis Hermosilla, que podrían demostrar el uso de la justicia para la imputación falsa en contra de Daniel Jadue».
En tanto, se menciona que Gabriel Zaliasnik sería abogado del «prestamista informal Fernando Cassorla«, quien compró la deuda que mantenía ARCHIFARP con la empresa Best Quality, entidad que presentó una querella por supuesta estafa contra Jadue y que dio puntapié a la indagatoria que lo sacó del municipio.
Adicionalmente, se indica que Zaliasnik es un «poderoso abogado judío» que tendría animadversión contra Jadue por su ascendencia palestina y que defendió a Sebastián Piñera en una querella interpuesta por el exedil para perseguir la eventual responsabilidad penal de funcionarios públicos en el manejo de la pandemia de Covid-19.
«Cassorla también proporcionó propaganda electoral a políticos como Guido Girardi, Daniel Farcas y Carlos Montes. El hijo de este último, Andrés Montes -actual fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF-, es esposo de la Fiscal Giovanna Herrera, quien realiza la presente investigación (del caso ARCHIFARP)», añade.
Sería precisamente «por su vínculo con la familia Montes… que a Herrera se le podría abrir un flanco que la deje expuesta a un conflicto de intereses», ya que «su concuñado, Javier Vega Sepúlveda, es socio y representante legal de la farmacia Fracción, que tiene una sucursal en Antonio Bellet (Providencia) y en otras partes de Chile», asevera la querella.
El negocio destaca por «ser una farmacia enfocada en lo digital» y que busca realizar un «aporte al cambio del mercado farmacéutico chileno», justamente «lo que intentó hacer Daniel Jadue con su idea de farmacias populares, que se extendió a lo largo y ancho de Chile».
«Si bien este lazo de familiaridad entre Herrera y Vega no está dentro de las causales de inhabilitación de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, existen coincidencias que están a la vista entre la misión de la cadena de farmacias Fracción y las farmacias populares» -señala-, circunstancia que restaría objetividad a la actual persecución.
Jadue, a través de su abogado patrocinante Lorenzo Morales, apuntó de esta manera a la presunta existencia de «una colusión de distintas personas públicas y privadas, con lo cual se conforma una participación de imputación injusta, en donde hay un conjunto de prestamistas que se confabularon para un montaje judicial».
