El director de la PDI oculta el secuestro del estudiante César Reyes
El juez Daniel Urrutia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió dejar en prisión preventiva al subinspector de la PDI Flavio Torres, acusado de apremios ilegítimos y delito informático en el secuestro del menor César Reyes Gálvez, ocurrido en mayo de 2013 luego de una marcha estudiantil.
La fiscal Ximena Chong había solicitado la medida cautelar de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima para Torres, pero el magistrado estimó que los actos relatados constituían una violación a los derechos humanos y un delito de lesa humanidad, al verse involucrados agentes del Estado, por lo que decidió dejar privado de libertad al detective por 90 días.
“Este es uno de los delitos más graves de nuestra legislación cometido eventualmente por un agente del Estado, lo que le atribuye una mayor dañosidad”, sentenció el juez Urrutia.
De acuerdo al relato del estudiante del Liceo Barros Borgoño, policías no identificados lo interceptaron y subieron a un automóvil Chevrolet blanco a eso de las 15:30 horas del día 8 de mayo, cuando esperaba locomoción en un paradero. En el trayecto, Reyes fue esposado y golpeado en la cabeza y espalda por funcionarios de Inteligencia de la PDI, siendo intercambiado de vehículo y llevado hasta la Brigada de Robos Oriente.
En el cuartel, cerca de diez funcionarios lo habrían sentado en una silla e interrogado, obligándolo a entrar a su cuenta de Facebook y revelar qué amigos, entre sus contactos virtuales, habían asistido a la marcha estudiantil.
A dos días del hecho, el juez Fernando Guzmán dio crédito a la denuncia de torturas contra el estudiante, señalando que la policía civil había utilizado “métodos cercanos a una dictadura”. La institución sólo se redujo a responder que no comentaba fallos de la justicia.
A mediados de junio, el director general de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez Meza, respondió sobre este caso ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre derecho de reunión, días después de que César Reyes, su padre Roberto Reyes y el abogado de DDHH Rubén Jerez, expusieran sobre la gravedad de los hechos denunciados.
En su acotado estilo, Vásquez se negó a entregar mayores detalles sobre el procedimiento de inteligencia que llevó al secuestro de Reyes y justificó el accionar policial, señalando, sin prueba alguna, que “los funcionarios que participaron estaban en presencia de un delito flagrante”, es decir, que el menor estaba haciendo desmanes en el paradero.
“Aquí se habló de lesiones, de varias cosas, y también por el lado de los participantes (detectives) hay lesiones que fueron constatadas”, declaró el director de la PDI, agregando que la institución estaba entregando “toda la colaboración” a la Fiscalía.
Pero los hechos contradicen la versión de Vásquez. En el caso de los nueve detectives que aún quedan por identificar en el secuestro de Reyes, la PDI ha decidido acogerse a una disposición de la Ley de Inteligencia para no entregar sus nombres a la justicia.
Una verdadera pena y tristeza que una rama del estado, tan importante en el esclarecimiento de delitos de un país, País sea utilizada para reprimir y amedrentar a jóvenes Chilenos que en este tiempo arriesgan su integridad por el futuro de los que vienen.hasta cuando la corporatocracia puede destruir un país joven como Chile,Solo para evitar que los jóvenes despierten.
¿Qué le pasa a la PDI? Los actuales jefes protegen a torturadores, despiden a detectives emblemáticos en derechos humanos y encubren a los corruptos que ascienden.
En Aysén el prefecto provincial Juan Oviedo Baeza fue denunciado a la Contraloría Regional por faltas a la ley de probidad. Investigó el Departamento Quinto y se hizo un sumario que comprobaron el mal uso de vehículo y teléfono fiscal, además que no se llevaba el registro diario de la bitácora, con lo cual se evitó dejar evidencias del empleo del vehículo policial en beneficio personal. Sanción: amonestación simple. Esperemos que en el trámite de toma de razón de la Contraloría se apliquen las medidas que merecen estas faltas a la probidad funcionaria. En resumen, el código de ética funciona sólo para los que no son amigos o protegidos del alto mando.
Esto se resume en que «El poder económico chileno utiliza a su merced recursos del Estado para defender su ideología capitalista.»
siempre la PDI, cuando se trata de investigaciones o procedimientos irregulares en todo aspecto, oculta la entrega de información, ya sea entrega de nombres de funcionarios o papeleo que diga relación al caso, aluden ley de transparencia, dictamenes de contraloría etc etc con la finalidad de demorar el tramite y en ese momento entra la perra de pajaritos y alarga mas el tema para que uno se aburra y el circulo sigue y sigue, después investigaciones internas y/o sumarios, y alargan y alargan.
El mensaje para los opositores es claro… miedo. El padre y el hijo aclaran siempre que no pertenecen a ningun grupo ideologico, como si eso justificara en cualquier medida, si recibir un castigo o tener un trato especial con ellos, separandose del grupo otra vez. EL golpe fue doble.