Infiltración de la ANI en las universidades: ¿Los «guatones Romo» de la democracia?
A continuación reproducimos una columna publicada por el sociólogo Gustavo Césped Cariaga* en El Quinto Poder, haciendo eco de la primicia de El Dínamo sobre la calidad de informante de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) del profesor Alejandro Hernández Suárez, integrante de la Escuela de Trabajo Social de la UTEM. Para ver más detalles sobre la denuncia, recomendamos hacer lectura de nuestro artículo «Profesor de la UTEM que informaba a la ANI trabajó con estudiante involucrado en caso bombas«.
Osvaldo Romo, más conocido como el “Guatón Romo”, fue un agente de la DINA que sin lugar a dudas, ocupa uno de los lugares “más prominentes” en nuestra “Historia Nacional de la Infamia”. Reconocido como un exaltado dirigente de la USOPO (Unión Socialista Popular) de los campamentos controlados por el MIR a principios de los 70, llegó incluso a forjarse un futuro político promisorio en el gobierno de la UP, (fue candidato a regidor por Ñuñoa y a diputado por Puerto Montt y Llanquihue). Una vez concretado el Golpe de Estado y cuando las humaredas de La Moneda aún no se extinguían, el tristemente célebre “Guatón Romo” apareció nuevamente en los campamentos que frecuentaba, pero esta vez vestido de suboficial del ejército e identificando con el dedo a sus “ex compañeros”, según relatan los pocos que tuvieron la suerte de sobrevivir a sus “eficientes servicios” de interrogatorio.
¿Por qué traemos a colación a tan “transilvánico” personaje de nuestra historia reciente? Pues bien, porque este lunes 12 de Agosto, el medio digital “El Dínamo” publicó una inquietante noticia respecto a un profesor de la carrera de trabajo social y del magíster en políticas públicas y seguridad ciudadana de la UTEM, quien presta también funciones a la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia). En su nota, el referido medio expresa que dicho profesor se caracterizaba por ser el más cercano a los estudiantes, “el menos amarillo” según expresa uno de los alumnos entrevistados, llegando a ser profesor-guía de varias tesis de licenciatura relacionadas con el estudio de los movimientos sociales e incluso llegando a desarrollar junto a algunas/os estudiantes de pregrado un trabajo de elaboración de perfiles de los activistas que operarían al interior de esa carrera y universidad.
Más allá de las consecuencias que semejante denuncia representa para la confianza de la referida casa de estudios, así como también en torno a la ética del referido “académico”, el hecho suscita varias interrogantes de relevancia no menor para nuestra democracia en la actualidad. En primer lugar, desde el principio de las marchas estudiantiles del 2011 que los dirigentes estudiantiles vienen denunciando la existencia de “infiltrados” en las manifestaciones que, disfrazados de encapuchados, han jugado un rol protagónico en la destrucción de la propiedad pública y privada, así como también fotografiando e identificando a los líderes de las movilizaciones.
¿Será el caso de este “profesor” la punta del iceberg respecto a que también la propia academia ha sido impregnada por sujetos que, utilizando otro tipo de capuchas (en este caso la de un profesor “menos amarillo” y cercano a los alumnos) persiguen fines similares? Según El Dínamo, la ANI al ser consultada refirió que contaba con otros 33 profesionales en similar función. Es decir, ¿potencialmente existen otras 33 carreras y/o universidades que también cuentan con “académicos” como éste desarrollando labores similares? Y por otra parte, si esto ya confirma el hecho de este “analista” (quién no desmiente su rol) recabando información en el ámbito del movimiento educacional, ¿podemos suponer también que existen otros “profesionales” similares laborando en los movimientos medioambientalistas y regionalistas que han aparecido en escena últimamente? Y, por otra parte, ¿cuáles son los criterios que en la ANI orientan este tipo de contrataciones? ¿Existen perfiles para dichos cargos? Y si éstos funcionan de manera relativamente similar a las contrataciones comunes del sector público, ¿cómo se define, y a qué apuntaría, la “experiencia en cargos similares”?
Las anteriores son sólo algunas de las interrogantes por las que debiera respondernos la ANI, pero no sólo dicha agencia debiera emitir pronunciamientos respecto al caso. Por ejemplo, ¿qué tiene que decir el Consejo de Rectores en relación a que al interior de sus campus (a los cuales la fuerza pública y policía de investigaciones debe pedir permiso para ingresar), bajo sus propias narices, personas (aparentemente) civiles, desarrollan una tarea relativamente similar, incluso recibiendo salario de las casas de estudio que lo componen?
Asimismo, en el sitio web de El Mostrador, que en horas de la tarde también reprodujo la noticia, específicamente en su sección de comentarios, se lee claramente la exposición de un lector, quién sostiene que la Universidad ARCIS debiese pronunciarse debido a que el referido “académico-analista” es alumno de uno de sus doctorados. Si esto es real, por supuesto que dicha casa de estudios debiese también emitir un pronunciamiento, ya que si el “académico” continuaba con sus labores de “analista” o agente mientras impartía clases, es difícil creer que se abstrayera de ello al ejercer su rol de estudiante, más aún en un terreno tan sensible como la Universidad ARCIS en dónde muchos de sus académicos y estudiantes (y/o sus círculos más íntimos) fueron objeto de seguimientos y detenciones durante la dictadura militar.
La confianza es el cemento fundamental de nuestra vida social. Permea y es necesaria en ámbitos tan distintos como cuando en las mañanas creemos contar con la movilización necesaria para llegar a nuestros trabajos, como también en un ámbito más macro, cuando confiamos en que quién nos gobierna posee las destrezas y cualidades éticas para desarrollar tal magna tarea. De la misma manera, en el aula, necesitamos tener claridad respecto de quién se encuentra frente a nosotros, educándonos, es un personaje real y no la careta de alguien que bien pudiera ser en ciernes, un “Guatón Romo”. De que en un lugar tan importante para nuestras vidas, como lo es el aula, contamos con un “formador”, no con un informante.
El gobierno y la ciudadanía no debieran dejar pasar por alto casos como éste. De lo contrario es el fundamento normativo mismo del Estado (la mayor institución social creada por nosotros, la ciudadanía, para la búsqueda del bien común) el que se disuelve y en un contexto internacional, en que debido al caso Snowden la sensibilidad por las cuestiones ligadas al espionaje y la amenaza de nuestras libertades individuales se encuentra significativamente exacerbada, el mal manejo de esta situación bien podría terminar de darle el golpe de gracia a la poca credibilidad con la que aún cuentan nuestras ya debilitadas instituciones republicanas.
*Gustavo Adolfo Cesped Cariaga es chileno, sociólogo, Master en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos del Instituto Ortega y Gasset – Universidad Complutense de Madrid.
