Enredo de evidencias amenaza con estropear investigación a jueces de Rancagua
Cerca de las 6 de la mañana del miércoles, la casa del fiscal de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya, fue allanada por su homólogo de Aysén, Carlos Palma, a raíz de diligencias para establecer la veracidad del correo electrónico aportado por el suspendido persecutor de O’Higgins, Emiliano Arias, que develaría una obstrucción de dicho subalterno para ocultar los mensajes falsos que dieron pie a la denominada Operación Huracán.
El registro que motivó la inédita medida intrusiva mostraría a Moya hablando con el ex mayor de Carabineros Patricio Marín, hoy formalizado por distintos delitos en el caso Huracán, al cual recomendaría impedir que los teléfonos de dirigentes mapuche sean periciados por efectivos de la PDI, ya que éstos darían cuenta de la imposibilidad de intervenir conversaciones de WhatsApp con la herramienta Antorcha de Alex Smith.
La revisión al domicilio de Moya tuvo un efecto insospechado, según él mismo informara en un escrito al Juzgado de Garantía de Rancagua. En el documento, publicado ayer por Chilevisión, Moya relata que los policías no solo se llevaron objetos de interés criminalístico para la indagación de Huracán, sino también los «soportes informáticos de los abogados particulares incautados en sus oficinas de la causa del Ministro Emilio Elgueta (por eventual corrupción al interior de la Corte de Apelaciones)».
Según La Tercera, la PDI incautó en la dependencia un total de 12 celulares, un set de evidencias y los dos discos duros de los ministros indagados por supuestos delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito -Elgueta y Marcelo Vásquez- en el marco de supuestos favores a abogados y particulares vinculados a la masonería y el narcotráfico.
El por qué la evidencia estaba en manos de Moya y no en la propia Fiscalía abre un montón de interrogantes. De momento existe preocupación por la cadena de custodia de la misma, ya que si ésta fue alterada «es probable que lo que se encuentre en esos dispositivos tecnológicos no pueda ser ocupado en la indagatoria contra los magistrados, provocando un daño mayor que podría ser usado a favor de la defensa de los jueces», indicó el medio de Copesa.
Al respecto, la abogada de Elgueta, Blanca Rebolledo, criticó el hecho, indicando que a «esta altura todo es una nebulosa, se incautan evidencias en un lugar y el procedimiento de la ley te indica que esas evidencias tú tienes que inmediatamente entregarlas y guardarlas bajo cadena de custodia».
Rebolledo agregó a Cooperativa que «los fiscales no están para andar trasladando evidencias, menos evidencias de un caso tan relevante como éste. El Ministerio Público tiene recursos más que suficientes para que eso se haga de la manera adecuada».
Moya explicó al tribunal que el mismo día del allanamiento dispuesto por Palma pretendía llevar los elementos a la Fiscalía Metropolitana Sur, donde quedó radicada la causa de los jueces por decisión del fiscal nacional, Jorge Abbott, aunque marginando al investigador que hoy está en la mira por sus vínculos con la inteligencia de Carabineros.
