En Chile:

Suprema rechaza amparo de periodista que filtró hoja de vida de general Hermes Soto

La Corte Suprema desestimó un recurso presentado por el periodista Patricio Mery Bell, quien habría compartido con el diputado Hugo Gutiérrez (PC) una copia reservada de la hoja de vida del director de Carabineros Hermes Soto, dando a conocer la sanción que recibió por concurrir a un prostíbulo en 1983.

Ello según la propia declaración de Gutiérrez a la Fiscalía Militar, donde explicó el modo en que obtuvo el documento. Con fecha 19 de junio, el parlamentario entregó la identidad de su fuente y reconoció que nunca chequeó la veracidad de los antecedentes que difundió a través de Twitter.

En su escrito a la Corte de Apelaciones de Santiago, Mery relató que “el día 21 de junio último, 5 funcionarios de Carabineros del OS9 lo buscaron en diferentes lugares con la intención de privarlo de libertad”, concurriendo de civil y “fuertemente armados” a domicilios de familiares, donde se negaron a “identificarse por sus nombres y grados”.

El profesional explicó que el amedrentamiento era, a su juicio, “consecuencia directa de sus investigaciones sobre la corrupción del Alto Mando de Carabineros de Chile”, y que se estaba vulnerando su libertad de expresión, su derecho a informar y la libertad de prensa”.

En respuesta, la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros informó al tribunal que todas las diligencias referidas por Mery se habían practicado en razón de una orden judicial, emitida por el fiscal militar Pablo Aguirre, en el expediente rol N° 328-2018 de la Primera Fiscalía Militar de Santiago, el cual se sigue por el delito de violación de secreto en la difusión del documento del general Soto.

Ésta solo tenía por objeto ubicar el domicilio del recurrente para citarlo a declarar en la causa, misma en la cual ya se fue procesado el ex ayudante del otrora mandamás de Carabineros, Bruno Villalobos: el comandante Jorge Espinoza, quien tiene especialidad de inteligencia.

Con estos antecedentes en mano, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones capitalina recordó que, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, la acción de amparo “tiene por objeto resguardar la libertad personal o seguridad individual de las personas frente a acciones u omisiones ilegales que priven, restrinjan o perturben las garantías constitucionales”.

“Que, en razón de lo dicho, lo cierto es que no se vislumbra amenaza ni perturbación en contra de las garantías a la libertad personal y/o a la seguridad individual del amparado”, resolvieron los magistrados, agregando que “la actuación de Carabineros es consecuencia de una orden pronunciada por autoridad facultada para disponerla… y existiendo un mérito que lo justifica”.

La decisión del ministro Carlos Gajardo Galdames, la ministra (s) Ana María Hernández Medina y el abogado integrante Cristian Lepin Molina fue confirmada el 23 de julio por la Suprema.

¿Operación de inteligencia?

La primera sospecha de una intencionalidad oculta en la filtración vino del diputado PS que integró la comisión del Pacogate, Leonardo Soto, a escasas horas de conocerse el tweet de su colega Gutiérrez.

“No hay que ser ingenuos. Esta aparición de este antecedente, al mismo tiempo de su designación, sin duda es parte de una ‘operación de inteligencia’ que está promovida desde el interior de Carabineros”, dijo a Publimetro.

En mayo se conoció que el jefe de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, general Mauricio Murillo, había ocultado la existencia de una reunión con Pineda y el procesado comandante Espinoza. Según Murillo, en un restorán, el primero le habría pedido al segundo una copia del documento de Soto frente a Juan Nova, ex edecán de Villalobos, y otro oficial de Fuerzas Especiales.

El hecho provocó la renuncia de Murillo, quien recientemente había sido ascendido por el general Hermes Soto luego de ejercer como fiscal del sumario interno que indagaba el presunto montaje de la Operación Huracán.

Junto a lo demás, en los últimos días, el ex director de La Tercera, Cristian Bofill, realizó una fuerte acusación: planteó que Mery accedió al registro secreto por un tercer comunicador que estaba en contacto con un general.

Mery respondió a Bofill que eso era “mentira”, acusándolo de armar operaciones de inteligencia -“con secuestrados incluidos”- en Brasil.