En Chile:

Revelan posible cohecho en Escuela de Investigaciones de la PDI

Una denuncia ante el fiscal nacional Jorge Abbott presentó el abogado y oficial de la Policía de Investigaciones de Chile, Alejandro Vignolo, quien trabaja en la Subdirección Operativa de la institución, a cargo del prefecto general Darío Ortega.

El funcionario, que además se desempeña como enlace entre la PDI y el Ministerio Público, relató que en marzo de este año informó a superiores “hechos que afectan gravemente la probidad administrativa” y que podrían corresponder a delitos de cohecho y fraude al Fisco, pese a lo cual ninguno de los antecedentes que entregó fueron derivados al organismo penal.

“En ese entonces, mi jefe directo era el Subprefecto Erick Menay Pino, quien luego de imponerse de la situación, comunicó de inmediato al Subdirector Operativo, el cual en atención a sus facultades ordenó que el jefe de la Inspectoría General, Óscar Rosas Bahamonde, iniciara una investigación interna para establecer responsabilidades”, cuenta en el escrito dirigido a Abbott.

Las indagatorias fueron puestas en manos del Departamento V de Asuntos Internos de la PDI. “En aquella oportunidad, ratifiqué mi denuncia y presté declaración voluntaria ante el comisario Carlos Vásquez Palma, a quien narré circunstanciadamente los hechos, identifiqué testigos, entregué antecedentes y documentos como medios de prueba, los cuales fueron levantados mediante acta respectiva”, señala.

Los hechos apuntaban a solicitudes de pago y beneficios que, de manera constante, habría efectuado el Secretario de Estudios de la Escuela de Investigaciones Policiales “vía aplicaciones de mensajería instantánea WhatsApp a un grupo de docentes… a cambio de mantenernos como profesores institucionales”, indica el jurista.

Ello, además de “solicitar a un profesor institucional dádivas, en razón de haber autorizado pagos en su favor por clases que éste no habría realizado”.

“A principios del mes de mayo y producto del desconocimiento y secreto absoluto del proceso investigativo de mi denuncia, me comuniqué vía telefónica con el Jefe de Gabinete de la Subdirección Operativa, Erick Menay Pino, a quien le consulté por el avance de la investigación y sus resultados, señalándome que ‘no tenía idea’, agregando que la investigación aún se encontraba en el Depto. V”, expresa.

Fue entonces cuando Vignolo pidió que se agilizara la investigación, recordando que existía obligación legal de informar al Ministerio Público respecto a cualquier hecho que pudiere tener carácter de delito, considerando, “además, que uno de los pilares estratégicos de nuestro Director General (Héctor Espinosa) es la ética y la probidad como valores transversales, permanentes e inexcusables”, precisa.

El hombre de leyes cita el artículo 177 del Código Procesal Penal, que establece una sanción por incumplimiento del deber de denuncia “en el plazo de veinticuatro horas”, y el artículo 17 del Código Penal, bajo el cual son encubridores aquellos que oculten “el cuerpo, los efectos o instrumentos del crimen o simple delito para impedir su descubrimiento”.

Verdad Ahora intentó contactar al denunciante, pero no hubo resultados.

  • Arrendatarios Malos Arrendatar

    NOTICIA LAMENTABLE PERO DESTACABLE. CUANDO SON FONDOS DEL ESTADO LOS QUE SE TUERCEN EN ALGUNA INSTITUCION PUBLICA, ALGUIEN DEBE DECIR LA VERDAD…O, A LO MENOS TRATAR DE SACARLA A LA LUZ ANTES QUE OSCURAS SOMBRAS BORREN TODO VESTIGIO Y SE DILUYA LA PRUEBA PROCESAL…CUESTION QUE ES BASTANTE COMUN EN CIERTAS AGENCIAS DEL GOBIERNO EN CHILE DESDE LA COLONIA…SI TAN SOLO TUVIERAMOS UNA CONTRALORIA QUE FUNCIONE…TOOODO SERIA TAN DIFERENTE.