En Chile:

Ex senador Jorge Lavandero: «La licitación del litio es inconstitucional»

La argumentación que hace un escándalo la licitación del litio es correcta, pero lo importante es no desviarse del fondo. ¿Puede una ley, decreto o sentencia, estar por sobre la Constitución? Ese es el tema de fondo. Cualquier ley, incluso orgánica, que esté por sobre la Constitución, es nula, irremediablemente nula. Si se quiere aplicar esa ley minera, debe modificarse la Constitución.

Si la Concertación utilizó los Ceols de manera inconstitucional, eso no significa que una mala práctica pueda constituirse en una reforma constitucional. Los Ceol, de la manera en que se han aplicado, son inconstitucionales, y sus consecuencias están en la misma constitución (Art, 6 y 7) de manera irrefutable.

Pero además, la Constitución permite explotar el litio por el Estado, una empresa estatal o con un contrato de administración u operativo. ¿Significa esto que el que administra o arrienda se hace dueño del inmueble o de la propiedad? El código civil separa muy bien los títulos de quienes arriendan o son propietarios. ¿Dónde está el título de concesionarios, arrendatarios o administradores, para hacerse dueño de una propiedad?

Este es el nudo por lo que hay que luchar, y fue la razón para que las empresas no invirtiesen durante la dictadura. Ellas estaban convencidas de que llegada la democracia, se aplicaría la Constitución (no sólo la de 1980, sino aquella con antecedentes de la de 1925).

Lo anterior consta en las actas constitucionales, habiendo sido señalado por el constituyente Toribio Merino y sus asesores en la reforma constitucional: “No seremos nosotros, los militares, los que modificaremos la voluntad unánime del pueblo en la nacionalización; si lo hacen, serán otros en el futuro”. Así lo declaró hasta Pablo Rodriguez, abogado constitucional de Pinochet.

Subrepticiamente, otros lo hicieron a partir de los 90, violando la Constitución. Todo lo demás, en cifras, ya lo hemos dicho. Sólo falta luchar por lo que es constitucional o no.

El gobierno de Sebastián Piñera decidió, tras una licitación express, entregarle la explotación del litio a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) a cambio de 40 millones de dólares. La ferocidad del neoliberalismo chileno queda en evidencia una vez más, no trepidando en entregar los recursos naturales del país a los privados (¡y qué privados!), dañando gravemente el interés nacional.

En palabras del subsecretario de minería, Pablo Wagner (UDI), el acuerdo “es una muy buena noticia. Hemos tenido una recaudación récord, de casi ocho veces el valor mínimo que nosotros habíamos establecido, por lo tanto hubo una gran competencia y una oferta muy importante”.

Wagner estima que 40 millones de dólares son un buen precio por una riqueza estratégica, cuyo valor en el mercado se mide en decenas de miles de millones de dólares. ¡Y por la cual habían medido miserables cinco millones de dólares! A título de comparación, el fichaje de Alexis Sánchez en el FC Barcelona costó más caro: US$ 53 millones.

Con esta decisión gubernamental, como hemos dicho, se viola incluso la Constitución de la dictadura, en la que no se atrevieron a despojar al país de sus riquezas naturales. La “medida de lo posible” y el descaro de un gobierno de patrones, hicieron posible este nuevo atentado a la soberanía del pueblo de Chile. Los administradores del Estado no hacen sino traspasarle al interés privado las riquezas que debiesen hacer posible el bienestar y la felicidad de todos los chilenos.

Contrariamente a otras materias primas, no existe una cotización bursátil del litio. La especulación en torno a este material reposa en la cotización bursátil de las principales sociedades de extracción, como la “Sociedad Química y Minera de Chile”, cotizada en la bolsa de Nueva York. Esta empresa forma parte del patrimonio nacional robado durante la dictadura, expoliación probada por la Comisión Parlamentaria que investigó ese pillaje. El precio del litio no depende pues del “mercado”, sino que es fijado por las grandes empresas de extracción en función de sus costes, de la producción mundial y de sus ansias de lucro.

Los costes de extracción en los desiertos salados es la más barata (la extracción de litio del agua de mar multiplica los costes por 11), lo que anuncia beneficios colosales para SQM. Tal vez tan colosales como los de Barrick Gold, que en sus Annual Reports declara un coste de producción para el oro de US$ 25 la onza, ¡onza que vende en los mercados mundiales a más de US$ 1.600!

Las informaciones disponibles muestran que el litio chileno se vende actualmente entre 6 y 7 mil dólares la tonelada. Como en el caso del cobre, cuyo mineral contiene oro, plata, molibdeno y otros minerales, el litio contiene berilio y tantalio, cuya venta proporcionará otras tantas fuentes de beneficio.

Sin embargo, el primer beneficio de SQM no provendrá del mineral, sino de la especulación bursátil de sus acciones. Desde hace algunos años, las perspectivas para este tipo de minera son excelentes, habida cuenta del aumento de la demanda de un mineral cuyo precio fijan a su antojo. Piñera acaba, pues, de entregarle a sus amigos y colegas patrones una magnífica fuente de lucro, a cambio de una propina.

La concomitancia de la Alianza y la Concertación es la responsable de este nuevo pillaje al pueblo de Chile. El gobierno se defiende argumentando: “Estamos amparados en la Constitución”. En eso tienen toda la razón del mundo: una ley minera inconstitucional ilegítima permite y facilita el robo, el pillaje y la expoliación de nuestras riquezas minerales, del agua, del mar, del territorio, y la explotación sin fin de chilenos y chilenas. Pero eso no significa que esté de acuerdo con la Constitución que dice lo contrario. Mientras eso digan los contratos o decretos, sigue siendo INCONSTITUCIONAL y de acuerdo al Art. 6 y 7º de la misma, es nulo y sus autores responsables ante la ley.