En Chile:

Denuncian a oficial de la PDI por amenazas y persecución contra funcionarios de La Serena

Una serie de denuncias remece a la Prefectura Provincial de Elqui en La Serena. Funcionarios de la PDI dicen ser víctimas de amenazas y malos tratos por parte de la prefecta María Ortiz Cisternas, jefa de esa repartición desde febrero de 2012.

Ortiz Cisternas sería responsable de persecuciones y “traslados brujos” contra funcionarios de Elqui, muchos de los cuales se encuentran con licencia médica tras la seguidilla de abusos laborales.

Una de las víctimas es el antiguo jefe de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de La Serena, comisario Marcelo Calderón, quien fue denigrado y destinado a una unidad de menor rango.

Durante su carrera de 32 años, Ortiz Cisternas se ha desempeñado como jefa de la Asesoría Técnica de Viña del Mar y ha estado a cargo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Quilpué, donde funcionarios de la PDI trabajaban hacinados en una casa habitación adaptada a las labores policiales.

En el pasado, la prefecta de la provincia de Elqui fue sancionada por quedarse con dinero de unos viáticos en Los Libertadores, cumpliendo con 4 días de arresto. La funcionaria fue protegida por el Alto Mando de la institución dada su cercanía con el director general Marcos Vásquez Meza, apodado internamente como “El Gato Juanito”.

Los funcionarios de La Serena tienen la intención de llegar hasta La Moneda con su reclamo.

Control de daños

El abogado y ex detective José McLean, delegado laboral de la CUT para la PDI, señaló a nuestro medio que muchos policías están faltos de resguardo con respecto a sus superiores cuando denuncian graves casos de corrupción al interior de la institución, producto de lo cual sufren apremios ilegítimos.

La misma situación viven otros funcionarios alejados de la PDI tras denunciar delitos que involucran a los altos mandos. En 2009, el ex subcomisario Héctor Guzmán expuso la existencia de una red de prostitución infantil en Valparaíso que implicaba, entre varios policías, al hijo del ex jefe de Inteligencia de la PDI Héctor Puga. Tras la denuncia, Guzmán fue desvinculado rápidamente de la institución.

Algo similar vivió el ex inspector Fernando Ulloa, quien acusó al ministro Rodrigo Hinzpeter de encubrir el ingreso mensual de más de 200 kilogramos de cocaína por funcionarios activos de la PDI. Ulloa fue igualmente expulsado de la policía civil de forma unilateral.

El próximo 27 de mayo y bajo apercibimiento de arresto, dos directores de la PDI, Marcos Vásquez y Arturo Herrera, deberán declarar ante la justicia por el uso de decretos falsos o sin notificar con los que muchos funcionarios han sido, ilegalmente, llamados a retiro.