Colacha y Pajarito: Los corruptos jefes policiales que Piñera mantendrá en la PDI

El presidente Sebastián Piñera aprobó este jueves la propuesta de Alto Mando presentada por la Dirección General de Investigaciones para el año 2014 y que preserva a dos oficiales superiores duramente cuestionados en el último tiempo: el jefe de la Zona Metropolitana, Luis Sandoval Monteiro, y la jefa Jurídica de la institución, Rosana Pajarito Henríquez.

Entre los nueve prefectos que abandonan la PDI, tres mandos corruptos denunciados por Verdad Ahora pasarán a retiro absoluto: el subdirector Juan Baeza Maturana, acusado del secuestro de cuatro estudiantes junto a la CNI; el jefe policial de Coquimbo, Augusto Briceño, investigado por el uso ilegal de vehículos fiscales y la violación reiterada de los derechos laborales de los detectives; y el prefecto inspector Luis Carreño Hohn, quien se encontraba en “retiro voluntario” desde finales de 2012, cuando fue vinculado a la red de narcotráfico que implicaba, en calidad de encubridor, al ministro Rodrigo Hinzpeter.

Las denuncias de la prensa independiente no habrían sido para suficientes remover a un nefasto obstructor de diligencias y a una abogada que lleva más de 20 años en la institución. A continuación le explicamos por qué estas personas no deberían seguir integrando las filas de la policía.

Luis Armando SANDOVAL MONTEIRO (Alias “Colacha”, “Chupalla”)

El actual jefe metropolitano de la PDI se ha visto envuelto en una serie de situaciones a lo menos cuestionables. Nuestras fuentes aseguran que el gobierno se llevó una mala imagen de Sandoval por los escasos resultados de un viaje que realizado a Europa junto al ahora ex subdirector de la PDI, Juan Baeza, estando a la cabeza del Grupo Especial de Bienes Robados (Gebro). Pero el comportamiento de “Colacha” tendría más explicación que la simple incompetencia.

En agosto de 2013 denunciamos el pago de coimas a miembros del Alto Mando de la PDI, por parte de IBM, con la adquisición del software de espionaje “I2” a un sobreprecio de 1.110 millones de pesos. A cargo de la materialización de este episodio de corrupción y el virtual saqueo de los fondos del Gobierno Regional Metropolitano estuvo el prefecto Sandoval.

Al igual que Augusto Briceño – el ahora ex jefe regional de Coquimbo – Sandoval carece de un buen tacto con los detectives. En mayo provocó la renuncia del subprefecto Benjamín Cerda Barake, quien adujo vejaciones y humillaciones del oficial superior tras participar en una diligencia por microtráfico realizada por la Bicrim La Cisterna.

En lo que ha sido descrito por algunos policías como un afán de proteger a sus colegas masones, Sandoval también ha puesto obstáculos para resolver la autoría intelectual del homicidio del fundador de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz, antecedente que está en poder del actual ministro del Interior Andrés Chadwick.

Tampoco hay que olvidar su actuación durante el juicio oral llevado en contra de María del Pilar Pérez (“La Quintrala”) en diciembre de 2010, al querer desligarse de su responsabilidad como superior directo de los subcomisarios Mauricio Lara y Víctor Ruiz, quienes dirigieron la polémica toma de declaración de Claudio Ernesto Soza Zamorano, anciano de 75 años, sindicándolo como autor material del crimen de Francisco Zamorano y Héctor Arévalo. Los antecedentes luego exculparon a Soza – quien alegó presiones de la policía – determinándose que el asesino era José Mario Ruz Rodríguez.

En el audio que se muestra a continuación, Sandoval dice desconocer la existencia de irregularidades en la declaración de Soza, pese a que el Departamento VII de la PDI (a raíz de éstas) se vio forzado a conducir una investigación administrativa para revisar dicho procedimiento, según consta en la Minuta Reservada S/N° de fecha 8 de febrero de 2011. El jefe policial incluso asegura que en un punto de la investigación, la Fiscalía le ordenó a sus subalternos que no le dieran cuenta de las diligencias que se realizaban.

Rosana María PAJARITO HENRÍQUEZ (Alias “La viuda negra”)

Bajo su mando, la eterna jefa jurídica de la policía civil ha participado en la confección de decretos falsos que han resultado en el retiro arbitrario de innumerables detectives.

Pajarito intervino, junto al ex director de la PDI Arturo Herrera Verdugo (vinculado a la impune red de pedofilia de Valparaíso) y Ricardo Navarrete Betanzo, ex subsecretario de Investigaciones, en la creación de un engendro administrativo conocido como “Consejo Superior de Ética”, vulnerando el debido proceso y el principio de transparencia al juzgar y solicitar la baja de oficiales policiales.

Este proceso viola en muchos casos la Ley 20.205 de “Anti-corrupción”, la cual protege a funcionarios que denuncian faltas a la probidad e impide que éstos sean calificados por sus superiores. En junio de este año, el actual número uno de la PDI, Marcos Vásquez Meza, mostró un absoluto desconocimiento del proceso que cursó la baja del comisario Héctor Guzmán, quien denunció en 2009 la existencia de una amplia red de pederastia en la Quinta Región que implicaba a hijos de altos jefes policiales.

La permanencia de Pajarito en Investigaciones sólo puede deberse a su íntima relación con el director Marcos Vásquez, a quien ha salvado en más de una ocasión. Grave fue su encubrimiento cuando la Contraloría General de la República acusó, directamente, a Vásquez de infringir la ley de probidad al omitir su declaración de intereses como lo ordenan los artículos 57 de la ley Nº 18.575 y Decreto Nº 99 – año 2000 – de la Secretaría General de la Presidencia.

“No tengo por qué responder cuál es mi función”, respondió Pajarito al abogado Rubén Jerez, durante un juicio por ‘apropiación indebida’ de su placa de servicio llevado contra el comisario Guzmán, y que dejó al desnudo la red de protección con la que cuentan los negocios ilícitos (drogas, prostitución infantil) del Alto Mando de Investigaciones.

En dicho juicio, Pajarito llegó hasta el Centro de Justicia con una pila de documentos para apoyar sus respuestas. Sin embargo, para su vergüenza, se vio obligada a taparlos, mientras era fotografiada y filmada incómodamente por ex funcionarios de la institución. El video que se adjunta refleja la incapacidad, por parte de la actual jefa jurídica de la PDI, de responder consistentemente a las preguntas de la defensa.