Superintendente de Medioambiente renuncia en plena crisis de Quintero y Puchuncaví
A partir del 1 de noviembre, el abogado Cristian Franz dejará su puesto de jefatura en la Superintendencia de Medioambiente (SMA), cargo desde el cual enfrentó los episodios de contaminación que han generado alarma pública en Puchuncaví y Quintero.
La jefa de la cartera ambiental de gobierno, Carolina Schmidt, cuya antecesora había confirmado la continuación de Franz al mando del organismo, agradeció al profesional por «haber permanecido en su cargo hasta la fecha, cumpliendo de esta manera el compromiso asumido por él de acompañar a las nuevas autoridades durante estos meses», con la meta de finalizar la instalación de las 15 oficinas regionales.
Omitiendo explicitar los motivos de la renuncia, el Ministerio deseó el mayor de los éxitos a Franz «en sus nuevas responsabilidades».
Según La Tercera, «el superintendente venía incómodo desde hace tiempo debido al poco conocimiento en materia ambiental que demostraban los equipos de la nueva administración de gobierno». Sin embargo, su molestia habría sido mayor por un incidente ocurrido «el 4 de septiembre pasado, cuando la propia ministra Schmidt le lanzó un ultimatum en medio de las presiones por conocer los responsables» de la crisis ambiental.
«Le he pedido al superintendente de Medio Ambiente que antes de 48 horas haga entrega de los resultados de la investigación realizada por la Superintendencia en relación a los hechos de contaminación sucedidos el pasado 21 y 23 de agosto. Asimismo, le he exigido una investigación exhaustiva de todas las empresas de la zona en relación a este nuevo evento», señaló Schmidt.
En línea con lo anterior, esta semana se conoció a través del diario El Mercurio un informe elaborado por cinco expertos de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud (OPS y OMS), que atribuye a errores comunicacionales del gobierno la «indignación social» por los casos de intoxicación presentes en la Región de Valparaíso.
El documento acusa «un encuadre inconveniente del mensaje» referente a peligros a la salud de la población, generando «pérdida de confianza y credibilidad de los voceros oficiales, lo que dificulta la escucha de las personas y la búsqueda de consensos».
