El tráfico de armas en Carabineros que se esconde tras la banda que asesinó al cabo Óscar Galindo
Como «Danielito» fue identificado el presunto menor de edad que ayer mató con un disparo en la cabeza al cabo de la SIP de Carabineros, Óscar Galindo Saravia (29 años), en la comuna de La Pintana.
El adolescente se entregó a la Policía de Investigaciones como autor confeso del crimen, explicando esta mañana que supuestamente confundió al policía con un «sicario» y que teme por su vida.
La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, vinculó al sospechoso con la banda criminal de los «Cogote de toro», que emplearía a jóvenes como soldados para el tráfico de drogas. Preliminarmente se afirma que el arma utilizada en el hecho corresponde a una subametralladora UZI.
Esta mañana, la autoridad comunal reveló que «Danielito» ya había sido detenido el año pasado en un procedimiento policial por narcotráfico y tenencia ilegal de armas. El por qué fue sancionado con «libertad asistida especial y «30 horas de prestación de servicios a la comunidad» formaría parte de la investigación que dirige la Fiscalía, sostuvo Pizarro en conversación con el matinal Muy Buenos Días de TVN.
En la causa anterior, el Sexto Tribunal Oral de Santiago acreditó que el imputado fue sorprendido en mayo de 2017 con cerca de un kilo de marihuana y 213 gramos de cocaína, un cargador tipo caracol, dos pistolas de aire compromido Dutti, una pistola marca Walther calibre 9mm que tenía encargo vigente por hurto, una subametralladora UZI y dos gorras verdes con el logo institucional de Carabineros.
«Con posterioridad al procedimiento, se determinó que la subametralladora pertenecía a la Escuela de Formación de Carabineros de Chile», declaró el subteniente Carlos Muñoz, quien ejecutó la orden de entrada y registro al domicilio.
Según los antecedentes, el acusado de balear al cabo Óscar Galindo «zanjó (en 2017) cualquier duda que pudiese suscitarse» respecto a la tenencia del armamento, «ya que admitió por una parte que la pistola marca Walther le pertenecía (la mantenía para efectos de seguridad personal), mientras que la subametralladora la tenía por encargo (remunerado) de un tercero».
La existencia de la UZI permitió al OS-9 y al Labocar establecer que la misma formaba parte del inventario del centro de formación policial de Cerrillos. Se habría determinado que otra subametralladora seguía «desaparecida» y que no existía denuncia por extravío, informó Publimetro.
Matizando esta versión, el director de Educación de la época, general Rafael Rojas Agurto -nombrado en el cargo tras ser edecán de la presidenta Bachelet-, sostuvo que la desaparición de las armas había sido detectada en una «revista económica» iniciada el 23 de mayo, y no con motivo del hallazgo en La Pintana que ocurrió solo días después.
«Detectamos que había merma en la cantidad de armas que había ahí, por lo tanto se dispuso inmediatamente un sumario administrativo y se dispuso también la conformación de un equipo especial conformado por Asuntos Internos y por el Departamento Especializado de Armamento y Municiones, quienes se encuentran realizando una exhaustiva revisión», declaró.
El general Rojas, quien fue designado este año como nuevo mandamás de Logística, está en el centro de una acusación realizada en 2001 ante el ex Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano que ha sido negada por el hoy miembro del Alto Mando.
En ese expediente, un cabo del OS7 vincula al oficial con un traficante de drogas de Coronel apodado «Mañungo», en cuyo poder se encontró una tarjeta de presentación del uniformado y otros miembros de Carabineros.
