Director de la PDI no recibió a funcionario que denunciaría participación de colegas en tráfico
Tres chilenos, un colombiano, dos peruanos y dos bolivianos fueron detenidos en mayo del año pasado por efectivos de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Rancagua. No trascendió a la prensa que la banda, encabezada por el empresario Carlos Duarte Pino, dedicada a la distribución de drogas en las regiones de O’Higgins y Metropolitana y que empleaba como fachada el transporte de pasajeros, contaba con la protección de a lo menos dos funcionarios de Investigaciones.
Ese era el tenor de la información que el ex inspector Jorge Fuentes Tapia, de la Bicrim Santa Cruz, pretendía entregar al director general de la PDI, Marcos Vásquez, cuando elevó una solicitud para entrevistarse con la máxima autoridad de la institución, a la cual plantearía una serie de irregularidades que existían dentro de la unidad en la que se desempeñaba: la pérdida de armamento fiscal (por la que lo estaban inculpado), amenazas de muerte proferidas en contra de uno de sus informantes, malos tratos de los superiores, entre otras situaciones.
La comunicación que el otrora policía envió a la jefatura – a la que accedió Verdad Ahora – no produjo ninguna respuesta.
A juicio de Fuentes, los problemas que precipitaron su retiro de la institución y la “sordera” del Alto Mando de la PDI tuvieron su génesis dos años antes, desde el minuto en que una mujer se le acercó para señalar que un familiar suyo traficaba grandes cantidades de cocaína y se ufanaba de tener contactos con ambas policías para vender su “merca” en el litoral.
Según relató el ex inspector a este medio, en una declaración prestada ante la Fiscalía Local de Pichilemu, a cargo del abogado Jorge Mena Ocares, la informante mencionó a dos detectives que en dicha época prestaban servicio en la Bicrim de Quinta Normal. En ese mismo sector jurisdiccional se ubicaba la compañía de transportes “Pullman El Huique” de Carlos Duarte, el empresario investigado por tráfico.
La arista de la protección policial, agrega Fuentes, quedó más que confirmada una vez que el Ministerio Público autorizó la intervención de aproximadamente seis teléfonos pertenecientes a miembros de la red.
Sin embargo, luego de estar cerca de seis meses volteado a rastrear los tentáculos de Duarte, el retirado policía se accidentó durante un procedimiento policial. Nada más supo sobre la pista de los azules, y pese a que dio a conocer los hechos de manera verbal, asegura, a su jefe inmediato en Santa Cruz, Héctor Ávila, y al jefe regional de O’Higgins, Jaime Almuna, éstos no habrían canalizado la información que tenía, ni mucho menos prestado atención cuando se le exoneró rápidamente de la policía.
La segunda mitad de 2014, ya fuera de la institución, con Duarte preso y asesorado por un abogado, Fuentes se acercó a la Gobernación de O’Higgins para que el Ministerio del Interior pudiera revisar su caso e investigara – de una buena vez – la arista incómoda de los “narcobuses”. Eso porque el ex inspector estaba convencido de que la segunda investigación realizada por el fiscal Javier von Bischoffshausen había dejado libres a colegas implicados en la red de narcotráfico.
Como se enteró este medio el año pasado, hasta su región viajaron dos funcionarios del Departamento V de Investigaciones, acompañados por el abogado Manuel Muñoz de la Jefatura Jurídica de la institución, para exigirle que entregara los nombres de los detectives mencionados por la testigo de Santa Cruz. No obstante, Fuentes se negó a cooperar.
“Lo hice por la desconfianza que ahora tengo en la PDI. En su momento seguí todos los conductos regulares y no atendieron mi caso. Por eso les dije que los nombres se los daría personalmente al ministro (Rodrigo) Peñailillo”, señaló a Verdad Ahora.
De no ser recibido por el gobierno, el funcionario prometió destapar la olla en un canal de televisión. “Es la única opción que me quedaría”, enfatizó, recordando que también mandó cartas a la diputada Alejandra Sepúlveda y a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, sin obtener respuesta.