Comienza juicio laboral de PDI que investigó el crimen de Jaime Guzmán y el caso coimas

El martes pasado en los tribunales del trabajo comenzó el histórico juicio que promete ahondar en la desvinculación irregular de un funcionario policial que demandó al Estado por hostigamiento laboral. Se trata del subprefecto en retiro Gilberto Opazo Aravena, ex jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, a cargo en su carrera de investigar emblemáticos casos de relevancia política nacional, quien ahora exige aclarar las extrañas circunstancias de su alejamiento de la institución.

La audiencia comenzó a las 11 horas como estaba previsto, pero sin la concurrencia del director general de la PDI, Marcos Vásquez Meza, quien había sido llamado a declarar en representación de la parte demandada. Fuentes internas revelaron que el máximo jefe de la policía no asistió al juicio porque solicitó – coincidiendo con la apertura del proceso – que le fueran concedidos tres días hábiles libres entre el 5 y 10 de diciembre.

Es así como Vásquez delegó responsabilidades en el subdirector administrativo, prefecto general Víctor Donoso Diez, para no prestar declaración de forma personal.

Donoso llegó al juicio portando una carpeta que contenía varios documentos: un correo electrónico en donde se le notificaba el día en que debía asistir al tribunal, más una minuta emitida por la Jefatura de Personal de la PDI que detallaba íntegramente la forma en que el subprefecto Opazo había sido apartado de la policía, informe que leyó furtivamente mientras ambas partes procedían a la incorporación de elementos probatorios.

Durante la sesión, que se extendió hasta las 2 de la tarde y donde también se hizo presente el apoyo del delegado laboral de la ONG Chile Te Cuida, Nazario Zúñiga, el abogado del funcionario afectado explicó al magistrado la persecución de la que Opazo fue objeto a manos del ex jefe de la Región Metropolitana, Luis Sandoval Monteiro, y la existencia de una serie de falsedades y vicios antirreglamentarios que provocaron su retiro de la policía.

Los conflictos empezaron cuando Opazo creó un equipo multidisciplinario a cargo de investigar un antecedente relacionado con el crimen del senador derechista Jaime Guzmán que surgió en 2010. Inmediatamente, el historial del subprefecto como ex miembro de la Brigada de Investigaciones Criminales (BIOC), encargada de indagar la muerte del parlamentario gremialista entre 1991 y 1994, generó incomodidad en el Alto Mando.

Recordemos que en 1996 la jueza Raquel Camposano dictó el procesamiento del entonces director de la policía civil, Nelson Mery, por “ocultar” una filmación hecha por el ex subcomisario Jorge Barraza, jefe de la BIOC, donde aparecían elementos del FPMR en calidad de prófugos de la justicia.

Según apreció el abogado de Gilberto Opazo, el superior de éste, Luis Sandoval, hizo todo lo posible por dificultar la permanencia del mismo en la institución. Para ello habría creado un problema artificial, en base a un parcializado recorte de prensa del diario El Mercurio, para cuestionar el profesionalismo de Opazo ante los medios de comunicación.

Acto seguido, una vez cuestionado por Opazo en un reclamo que lo trató de «mentiroso», Sandoval abrió un sumario administrativo en contra del funcionario, designándose como fiscal instructor del mismo al prefecto inspector Guillermo Alarcón Cabezas, quien realizó diligencias “simuladas” al no encontrarse físicamente en el lugar donde muchas de éstas se efectuaron.

Alarcón se constituyó incluso en la Brigada de Homicidios de la PDI, a petición de Sandoval, para tomar razón de sanciones administrativas de larga data en la Hoja de Vida del subprefecto Opazo, vulnerando así el reglamento que sólo debe considerar las sanciones que han sido cursadas durante los tres años previos al procedimiento disciplinario.

Frente a semejante arbitrariedad, Opazo pidió conversar con el director máximo de la PDI, Marcos Vásquez, pero el conductor regular nunca le fue permitido. En vez de ello, Vásquez decidió enviarlo a Punta Arenas para cumplir funciones en la Brigada de Investigación Criminal de esa remota ciudad.

Cabe destacar que los problemas que afectaron a Opazo fueron conocidos en su oportunidad por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien no tomó ninguna acción tendiente a resolver la situación del subprefecto que investigó el crimen del fundador de la UDI, entre otros casos emblemáticosm como el llamado “coimas”, en donde fue procesado el senador Juan Pablo Letelier.

Se espera que la audiencia de juicio oral continúe su curso el próximo lunes 15 de diciembre a las 13:00 horas, en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, quedando nuevamente citados para esa fecha los prefectos en retiro Luis Sandoval y Guillermo Alarcón, quienes no se hicieron presentes en esta primera audiencia.