Carabineros infringe la Ley de Transparencia y oculta documentos del caso Matute

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por Verdad Ahora y exigió a Carabineros de Chile que entregara copia de un sumario administrativo instruido en contra del ex mayor Andrés Ovalle justificando, asimismo, el despido de la ex perito del Labocar, Shirley Villouta. Ambos funcionarios denunciaron haber sido perseguidos arbitrariamente por la institución luego de practicar diligencias en el caso de la desaparición de Jorge Matute Johns.

Verdad Ahora solicitó la información en marzo para investigar si existieron vicios administrativos en la exoneración de ambas personas.

El CPLT determinó que los argumentos de Carabineros, en orden a que los documentos eran “secretos” porque estaban ligados a un proceso penal abierto, no tenían sustento. El organismo coincidió con los descargos de Verdad Ahora en el sentido de que la información solicitada tiene carácter administrativo y no judicial, y que por tanto su publicidad debe regirse por un marco normativo distinto.

Una vez ejecutoriada la decisión del Consejo, Carabineros debía cumplir con la resolución del organismo en 5 días hábiles, sin embargo insistió en imponer su censura.

En carta dirigida al solicitante, y escapando de toda legalidad, la policía uniformada reiteró que el sumario administrativo instruido en contra del ex mayor Ovalle debía ser tarjado al contener información ligada a un proceso abierto, pero que, de todas formas, se había logrado establecer que el oficial incurrió en “irregularidades” al apoyar sus pericias en una maqueta de la discoteque La Cucaracha que había sido proporcionada por las familias de los jóvenes procesados.  Dicho elemento, según la hipótesis de la PDI, tenía por objeto “desviar” la investigación hacia Bruno Betanzo y supuestamente encubrir que Matute fue golpeado en una riña por alcohol.

Verdad Ahora revisó la copia del expediente sumarial adjunta a la carta y constató que Carabineros ennegreció el contenido de prácticamente todas las declaraciones tomadas en el sumario administrativo contra Ovalle, así como también detalles sobre las diligencias de la Fiscalía Administrativa de Carabineros, la Vista Fiscal, las apelaciones que el oficial presentó solicitando nuevas diligencias, e inclusive, la defensa que levantó su cónyuge en el marco de un recurso de protección interpuesto en 2002 contra el general director Alberto Cienfuegos.

Pese a la censura, se advirtió que el expediente sumarial se inició por un cargo distinto al posteriormente imputado a Ovalle en relación a la maqueta: el “no haber informado” a la superioridad cuando viajó a Concepción, el 25 de junio de 2002, para declarar ante la jueza Flora Sepúlveda sobre los hechos materia de investigación.

De la primera acusación fue prontamente liberado por el general Humberto Arriagada Valdivieso. Pero el contenido de la declaración prestada aquel invierno, paralelamente, derivó en que la magistrado representara en forma escrita al general Cienfuegos que el oficial se había «entrevistado en reiteradas ocasiones con los padres de dos de los procesados, Oscar Araos Díaz y Carlos Alarcón Roa, habiendo aceptado su colaboración para implementar dos elementos explicativos de la hipótesis sobre el caso, como lo fueron la maqueta de la discoteca La Cucaracha y un escenario virtual”.

En fojas del sumario que fueron tachadas ilegalmente por Carabineros, según consta en las fotografías que se adjuntan a esta publicación, Ovalle se defendía afirmando que estaba siendo objeto de una persecución arbitraria, y que el general Juan Donati Pino, a la postre jefe regional del Bio Bio y, posteriormente, jefe nacional de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros, se había negado a entregarle los medios y aprobación suficientes para continuar investigando el caso Matute.

Señaló además que lo habían obligado a romper la custodia de la sangre encontrada en La Cucaracha por la bioquímico Shirley Villouta, entregándola a la Subsecretaría de Carabineros y no directamente al FBI, organismo que debía contrastarlas con el ADN de Jorge Matute. De hecho, en la misma fecha Villouta había informado a la jueza Flora Sepúlveda que “solamente llegué a la etapa en que hablamos con el FBI en Santiago, con Ramiro Escudero” (el nexo con la embajada de Estados Unidos), pero añadió que las muestras no se entregaron a Escudero, “quien quedó un poco molesto”.

En otra declaración adjunta al sumario censurado que llegó a las manos de Verdad Ahora, el asesor jurídico de Carabineros, Jaime Portales Yefi, declaraba en favor de Donati, al desconocer cualquier irregularidad de su parte en el proceso investigativo.

Cabe señalar que el mismo asesor había sido mencionado en el informe final del mayor Andrés Ovalle como una de las personas que presuntamente estuvo en el estacionamiento de La Cucaracha la noche en que desapareció Jorge Matute, figurando además como «protector» del jefe de la Dipolcar penquista, Jorge Caamaño Muñoz, quien había sido imputado en otro sumario por supuesto tráfico de drogas.

Consta además en los documentos recuperados por Verdad Ahora que el mayor Ovalle solicitó directamente a la oficialidad que se instruyera “un Sumario Administrativo, por cuanto nada debía ocultar o temer”, en relación a las irregularidades del proceso administrativo que terminó sancionándolo.

Ovalle se defiende hasta hoy señalando que la acusación por el uso de la maqueta sólo pretende anular la hipótesis que sindica a Bruno Betanzo y a un guardia apodado «El Oso» como los responsables del crimen de Matute, así como también a «funcionarios de Carabineros» que habrían prestado asesoría en el ocultamiento del cadáver. Dicha línea investigativa, según ha argumentado en los medios de comunicación, había sido visada por el Alto Mando de Carabineros en agosto del año 2000, por lo que no es verdad que la exculpación de los jóvenes procesados fuera de iniciativa propia, dado que éstos no aparecieron en su investigación.

A Contraloría

Respecto a la situación de Shirley Villouta, quien fue desvinculada poco después de acusar al mando institucional de ocultar antecedentes en el caso, el Consejo para la Transparencia había ordenado a Carabineros que informara por qué fue exonerada. Carabineros sólo se limitó a decir en su respuesta que el despido se debió a “irregularidades en procedimientos criminalísticos” que no fueron precisados. Asimismo, reconoció que no instruyó ningún Sumario Administrativo para establecer fehacientemente dicha responsabilidad.

Puesto que Carabineros de Chile burló una resolución del Consejo para la Transparencia e insistió en ocultar los documentos relativos al ex mayor Ovalle, procedería ahora, según lo establece la Ley 20.285, que se oficie a la Contraloría General de la República para que instruya un sumario en contra del jefe de servicio, el general director Gustavo González Jure, y establezca responsabilidades por estas evidentes infracciones a la ley de probidad.