Crimen de Alice Meyer: Investigan a funcionarios de la PDI por la muerte de Delfín Díaz
En vísperas de la navidad de 1985, una bella deportista de ascendencia alemana apareció muerta y con sus prendas desgarradas en Lo Barnechea. La policía uniformada sindicó al acaudalado empresario Mario Santander Infante como el culpable, mientras que la PDI concluyó que el homicidio había sido cometido por Delfín Díaz Méndez, de 21 años.
El entonces jefe de la Brigada de Homicidios, Juan Fieldhouse, fue el encargado de dar la noticia. “El crimen está resuelto”, anunció en una conferencia de prensa. Según la versión difundida en ese entonces, Díaz había empleado un chaleco para acabar con su vida. Fue hallado colgando de un árbol a tres metros del suelo, exhibiendo en su muñeca el reloj de Alice Meyer.
Para la PDI eso fue evidencia suficiente de que el móvil del asesinato había sido un simple robo. Tres décadas más tarde, la familia de Díaz cuestiona dicha versión.
Hace poco más de una semana, el ministro Mario Carroza aceptó desarchivar las causas acumuladas por la muerte de Alice y Delfín a petición del abogado Álvaro González. A juicio del jurista existen bastantes pruebas para desestimar la autoría de Díaz en el crimen de la joven y establecer que detrás del presunto “suicidio” existió la oscura mano de agentes del Estado, tanto en forma material como intelectual.
Un nuevo peritaje aportado a la justicia sostiene que Delfín Díaz murió por acción de terceros y no por ahorcamiento suicida. La querella de la familia apunta a cuatro detectives de Investigaciones – entre ellos los ex funcionarios Álvaro Mena, Luis Opazo y Fernando Lobos – quienes la madrugada del 26 de diciembre habrían secuestrado a Díaz desde el Restaurant “El Pollo Chico” para simular el suicidio.
El abogado Álvaro González estima, además, que existió “un montaje para evitar que un juez (Fernando Soto Arenas) siguiera investigando”. Y es que antes de ser reemplazado por la jueza Raquel Camposano, Soto Arenas había mantenido preso por casi un año a Santander y decretadovarios careos entre testigos y funcionarios de la PDI.
Según el libro “Mis investigaciones contra la mafia”, de Milton Colombo, el juez sospechaba de policías que a la fecha integraban la Brigada de Homicidios, la Brigada de Asaltos (encabezada por el “Chueco” Oviedo) y la Comisaría de La Cisterna. “El nerviosismo de los policías los llevaría a presentar sendos recursos de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago”, relata el texto.
“(…) no estoy dispuesto a concurrir a una diligencia que no me parece de confianza, en la cual incluso puede sorprendérsele al propio juez en inconfesables propósitos”, fue la defensa de uno de los funcionarios de la época, según se cita en el libro.
Verdad Ahora tomó contacto con el abogado Marcelo Cibié, quien representó a la familia de Alice Meyer durante el emblemático proceso judicial. Cibié coincide en que los testimonios aportados en la causa permiten inferir que Díaz fue asesinado luego de intentar extorsionar a Mario Santander. Esto porque, en compañía de su amigo José Contreras Araya (alias “El Topo Gigio”), habría visto cuando Santander intentaba ultrajar a la deportista.
“Fui objeto de amenazas telefónicas y en tribunales”, agrega Cibié.
De acuerdo a una fuente cercana al caso, parte de la protección brindada a Santander podría tener explicación en que su madre era prima hermana del capellán militar Florencio Infante, a la postre confesor de Lucía Hiriart.
Chivos expiatorios
En agosto de 1991, la policía civil envió al Ministro en Visita encargado de investigar la muerte del senador de la UDI, Jaime Guzmán Errázuriz, el Parte Nº 89 firmado por el entonces subprefecto Osvaldo Carmona Otero. Según manifestaría más tarde el funcionario, se había visto obligado a firmar un parte que no confeccionó, siguiendo las órdenes del entonces subdirector de la PDI, Juan Fieldhouse.
Fieldhouse intervenía de esta forma para dar una salida abrupta al caso, e imputar el asesinato del líder gremialista a un joven delincuente llamado Sergio Olea Gaona.
El punto 9 del parteestablecía que “de acuerdo a un análisis efectuado por el Centro de Estudios de Medición y Certificación de Calidad ‘Cesmec Ltda.’, las muestras de pintura recogidas desde el automóvil marca Chevrolet modelo Opala (con el cual habían escapado los hechores), tienen plena coincidencia con las muestras de pintura recogidas desde el vehículo marca Peugeot modelo 309 (utilizado por Olea Gaona)”.
Lo irregular del procedimiento – se adjunta documento – es que Fieldhouse pidió al entonces jefe de la Sección Química Forense de la PDI, Santiago Dussert, que el examen no se efectuara en el Laboratorio de Criminalística de la policía civil, sino en una empresa privada.
“(…) el equipo de Fieldhouse nuevamente tenía aclarado un caso que había causado enorme conmoción pública”, escribe Milton Colombo. Posteriormente se comprobaría que Sergio Olea Gaona era totalmente inocente de los cargos formulados por Investigaciones.
En 2005 el joven fue abatido cuando intentaba asaltar un banco en la ciudad de Algarrobo.
