Mario Rozas, nuevo director de Carabineros: Cercano a Villalobos y jefe de su propia esposa

Esta semana, a raíz de la inédita salida del general Hermes Soto de Carabineros, La Moneda nombró en el máximo puesto de la institución al ex encargado de Bienestar, Mario Rozas Córdova, el mismo que en su calidad de jefe del Departamento de Comunicaciones Sociales negó los controles deficientes que posibilitaron el Pacogate, criticando a funcionarios en retiro que en el año 2015 denunciaron corrupción, como publicó Verdad Ahora el día viernes.

El anuncio fue acompañado por otro video: uno filmado 20 años atrás, donde el policía afirma esperanzado que algún día llegará a ser director, ya que por sus venas corre «sangre verde». La frase -contenida en un registro divulgado por Eduardo Castillo, editor de la misma señal que difundió imágenes del caso Catrillanca y precipitó la caída de Soto, Chilevisión-, fue replicada por medios que ya conocían a Rozas como fuente predilecta de sus notas policiales.

El ungido por Sebastián Piñera es descrito al interior de las filas como alguien cercano al ex director Bruno Villalobos. Cuentan que ambos solían compartir en el grupo de encuentros matrimoniales creado por el fallecido general «del pueblo», José Bernales.

En septiembre de 2015, al asumir el mando por decisión de la presidenta Bachelet, Villalobos mantuvo a Rozas como jefe de Comunicaciones. Desde aquel departamento organizó un encuentro privado con la prensa, donde el general director, acompañado por Rozas, subrayó que la Corte Marcial lo había exonerado en el caso de escuchas telefónicas ilegales -imputadas a la Dipolcar en 2011-, defendiendo un contrato de su hijo con el Hospital de Carabineros, situación que hoy motiva un sumario instruido por Contraloría.

A fines de ese año, Villalobos nombró a Rozas como agregado policial en España, un cargo de privilegio que benefició a amigos íntimos del otrora mandamás de inteligencia en países como Ecuador.

GATEKEEPER

El hoy general director, quien registra cursos de inteligencia en su hoja de vida, también ejerció funciones de analista.

Su intervención fue necesaria en el año 2000, cuando estalló un escándalo de corrupción que vinculó a funcionarios de Carabineros con un traficante de Coronel apodado «Mañungo». En dicha oportunidad, el mando buscaba establecer quiénes eran las fuentes que abastecían de información a los periodistas Pablo Torres y Carlos Basso del diario Crónica de Concepción.

El informe, elaborado con la asesoría de Mario Rozas, tilda de «amarillista», «poco acucioso» y «exagerado» al medio penquista (ver aquí). «Este particular estilo se caracteriza por la búsqueda de información que se relacione con corrupción en donde se vean involucradas autoridades o instituciones, por ende, el sensacionalismo va de la mano con esta nueva línea periodística», señala, especulando que «la (s) persona (s) que entrega (n) información a Basso y Torres tiene acceso privilegiado… podría (n) pertenecer a alguna Unidad Especializada, oficina de partes, ayudantía, telefonistas, radioestación».

Además de abocarse a controlar fugas de antecedentes perjudiciales para Carabineros, en la década siguiente Rozas buscó establecer un contacto fluido con medios de comunicación para «externalizar» la labor policial y mejorar su imagen. Dentro de ese contexto abrió todas las puertas posibles al programa «Alerta Máxima» de Chilevisión, lo que tuvo efectos no esperados, ya que en octubre de 2015 la Corte de Apelaciones de Santiago declaró ilegal la actividad realizada por la estación y Carabineros.

En un recurso de protección (rol 63.567-2015), la ciudadana C. S. T. reclamó contra la institución por permitir el ingreso de camarógrafos a su casa, luego de llamar a la policía para denunciar un caso de violencia intrafamiliar. En la ocasión fue «grabada cuando tenía en sus brazos a su hijo pequeño que tiene síndrome de Down», lo que significó un ataque a su privacidad y «a la inviolabilidad del hogar que el Derecho no tolera», sentenciaron los ministros.

«Puede entenderse que Carabineros de Chile, con propósitos de difusión de sus actividades institucionales, autorice que determinados programas les ‘acompañen’ en sus procedimientos, cuando ellos se verifican en espacios o lugares públicos, pero algo muy diferente es que estén facultados para permitir que terceros extraños –que no son los funcionarios a quienes la ley autoriza-, puedan intervenir, presenciar y hasta registrar audiovisualmente procedimientos policiales que se ejecutan al interior de un hogar. Para eso, el ordenamiento jurídico no les reconoce ninguna atribución», expresó el tribunal de alzada.

La responsabilidad de mando en el Departamento de Comunicaciones de la época fue omitida por el general director Bruno Villalobos, quien defendió lo ocurrido en sus informes a la justicia.

INHABILIDAD

La opinión general que circula en grupos de ex uniformados es que en la denominada «renovación generacional» del Alto Mando de Carabineros pesó, más que cualquier otra cosa, la anterior destinación de Mario Rozas como edecán de Sebastián Piñera, decisión que emula aquella tomada por Bachelet al nombrar a su más fiel escolta, Bruno Villalobos, como timonel de la policía.

Como fuere, además de la evaluación futura que el gobierno pueda hacer sobre el desempeño de Rozas, dudas quedan respecto a la situación de su esposa, la teniente coronel en servicio activo Carola Ahengo Triviño, a quien se le vincula -por cercanía afectiva- con el ex oficial Christian Bustos Morgado, imputado por el millonario fraude en la construcción de cuarteles de Carabineros.

Ello por cuanto Rozas deberá inhabilitarse cada vez que Ahengo eleve solicitudes que deban llegar a conocimiento y resolución de la Dirección General, o bien, frente a cualquier sumario en su contra en que el periodista deba ejercer facultades propias de su competencia, como visar los expedientes y dictar sanciones.

Al respecto, la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado prohíbe a los funcionarios públicos intervenir «en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad».

«Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta», indica la norma.

Por Matías Rojas