Presencia de ex fiscal Peña en la Araucanía: ¿se vienen nuevos montajes?

A inicios de esta semana, las alarmas se encendieron en las comunidades mapuche. ¿La razón? Alejandro Peña, ex fiscal del caso bombas y actual funcionario de gobierno, viajaría a la Araucanía para investigar los recientes atentados incendiarios en la zona.

Tras una nueva oleada represiva dirigida desde el Ministerio del Interior y celebrada con carteles “montados” frente a La Moneda, el fiscal estrella de Hinzpeter, Alejandro Peña, ha viajado a la zona sur del país para emprender una campaña judicial en contra de comunidades indígenas. Inmediatamente, la estrategia fue catalogada por Mijael Carbone, werkén de Temucuicui, como “un plan maestro” del gobierno que pretende armar nuevos montajes y acallar al movimiento mapuche, según consignó Radio U. de Chile.

De acuerdo a informaciones de prensa, Peña pasará a conformar una Unidad Especializada de abogados que seguirá las querellas criminales del gobierno en contra de comuneros mapuche. Dado el fiasco del caso bombas, un rotundo fracaso en el currículum de Peña, es de esperar que la labor del ex fiscal deje mucho que desear.

LOS PROCEDIMIENTOS ILÍCITOS DE PEÑA

Si nos remitimos a los escándalos del pasado año, encontraremos una serie de ejemplos de irregularidades y vicios mientras Peña llevaba el proceso conocido como caso bombas.

Este lunes en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la periodista Tania Tamayo, autora del libro “Caso bombas: Explosión en la Fiscalía Sur”, reveló que el ex persecutor infiltró a un testigo encubierto, un ciudadano cubano de iniciales J.O.M., en las celdas de los imputados.

Lo anterior fue corroborado en 2011 por el antropólogo Francisco Solar, ex imputado del caso bombas, durante una entrevista con CNN Chile. “La Fiscalía me lo puso específicamente a mí, al lado de mi celda en la Cárcel de Máxima Seguridad, para que él compartiera conmigo y supuestamente me sacara información”, reveló Solar en octubre del año pasado, en relación al infiltrado de iniciales J.O.M.. “Este tipo era un cubano que trabajaba específicamente para el fiscal Peña. Por eso el juez Avilés lo descartó del juicio oral por declarar que constituía una violación a las garantías constitucionales (…) Él estaba haciéndolo para obtener beneficios carcelarios. Me parece que ahora está en libertad”.

A su vez, el abogado Mauricio Daza, defensor del caso, fue enfático en señalar que la información no fue descartada por el persecutor de la Fiscalía Sur, Francisco Rojas, agregando que el ciudadano cubano cumplía condena por narcotráfico al momento de ser contactado por el ex fiscal Alejandro Peña, según consignó Bio Bio Chile.

Las acusaciones contra Peña fueron complementadas con la declaración de Juan Linares, ex militante del Movimiento Juvenil Lautaro. Linares señaló que la Policía de Investigaciones (PDI) le ofreció dinero para declarar en contra de algunos de los imputados, con el fin de validar la tesis de la asociación ilícita defendida por Hinzpeter.

Tal y como lo ha conocido la opinión pública, sólo dos días después de presentar la acusación contra los inculpados del caso bombas, Peña dejó su cargo en el Ministerio Público y pasó a encabezar la División de Estudios del Ministerio del Interior, viendo un aumento en sus ingresos desde los cerca de 3 millones de pesos de los contribuyentes, a los más de 6 millones. Para qué recordar los costos de operación del caso bombas, valorados en más de 60 millones.

Resulta lógico entonces que la comunidad mapuche desconfíe del arribo de Peña a la Araucanía. Al respecto, el werkén Carbone enfatizó: “Eso es verdaderamente preocupante, qué tipo de montajes se van a realizar hoy en la región de la Araucanía, con el ex fiscal Peña, el fiscal Chamorro y con todo el servicio de inteligencia y el aparataje tecnológico que el gobierno ha enviado a la zona”.

MONTAJES EN LA ARAUCANÍA, NADA NUEVO

La realización de montajes para culpar y criminalizar a comunidades mapuche y sus revindicaciones no tiene nada de nuevo en nuestra historia.

Desde 1999 a 2001, solidarizando con el empresario maderero y ex ministro de la dictadura, Fernando Léniz, el gobierno de Ricardo Lagos emprendió una campaña contra las comunidades mapuches, valiéndose de una serie de auto atentados a fundos y propiedades de las forestales.

En agosto de 1999, antes de que asumiera Lagos, el conocido analista de “La Oficina” y militante del Partido Socialista, Oscar Carpenter, fue descubierto con el nombre falso de Alejandro Weinstein en zona mapuche. El ex miembro del organismo de inteligencia, según denunciaron dirigentes mapuche, fue fotografiado mientras se reunía con el terrateniente Osvaldo Carvajal para coordinar acciones contra las comunidades.

Según señala un artículo de La Tercera, con fecha 16 de agosto de ese año: “Los mapuches registraron las actividades de Carpenter y entregaron los datos a sus dirigentes, quienes temieron que el analista pudiera realizar un ‘montaje’ donde los involucraran con armas de fuego para desacreditar la causa indígena. Esta tesis se fundamentó en el antecedente de la participación de Carpenter en el caso traslado de armas de San Bernardo, donde ‘La Oficina’ facilitó que llegara armamento a un grupo subversivo en formación para después ‘desarticularlo’.”

Al mismo tiempo, funcionarios de seguridad de la Forestal Mininco también han sido vinculados a atentados en la Araucanía. Las denuncias más recientes de montajes incendiarios fueron proferidas por el lonko de la comunidad cacique José Quiñón, José Cariqueo, en enero de 2012, tras una fuerte campaña mediática encabezada por el ministro Hinzpeter, cuya intención era vincular las protestas violentas producidas en Santiago con los incendios de Carahue. En Santiago, el operativo policial que respondió a la quema de la moto de una carabinera, imagen repetida una y otra vez en televisión, fue encabezada por el ex jefe de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar), Bruno Villalobos Krumm.

“Estos son trabajos de la forestal Mininco, son ‘pacos’ jubilados, ‘milicos’ jubilados que estudiaron en los servicios de inteligencia”, denunció el lonko Cariqueo, en alusión al ataque contra el fundo La Marina, propiedad del ex funcionario del Ejército, Juan Torres Casas. “Eso se llama Hernán Trizano, y esos son los que están operando en la Novena Región y que hacen autoatentados y están quemando para ellos poder cobrar seguros, y todo eso lo inculpan a los mapuche”.

Hernán Trizano, nombre mencionado por Cariqueo, fue uno de los principales militares chilenos involucrados en la ocupación de territorio mapuche a finales del siglo XIX. Ante el alza de conflictos en el sur de Chile en 1896, el antiguo Ministerio de Colonización encargó a Trizano la organización de los Gendarmes de la Colonia, cuerpo que reprimió sangrientamente las reivindicaciones mapuches. Posteriormente, el nombre de este personaje fue asumido por el Comando Hernán Trizano, supuesto grupo paramilitar anti-mapuche que se dice operar en el sur de Chile, pero del cual se presume que podría estar ligado a los servicios de inteligencia.

En junio de 2011, por ejemplo, comunidades mapuche de la región de Los Lagos denunciaron que el Comando Hernán Trizano era responsable de montar ataques para ser posteriormente atribuidos a la Coordinadora Arauco Malleco.

¿Estamos ad portas de una nueva seguidilla de montajes, o una redada masiva de mapuches inocentes, como la de los supuestos anarquistas terroristas del caso bombas? ¿Se desmoronarán las nuevas tesis del ex fiscal Peña, ahora a cargo un equipo especializado del gobierno en la Araucanía? ¿Un caso bromas 2.0?