El cuestionado decreto de Pinochet que permite a Carabineros dispersar marchas pacíficas

El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta la existencia de un texto legal que permite que el Estado infrinja de manera permanente el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente.

El funcionario del Poder Judicial afirmó que el Decreto Ley 1086, promulgado por la dictadura del general Augusto Pinochet en 1983 y que sigue vigente, ordena a Carabineros de Chile disolver cualquier manifestación por el solo hecho de no contar con autorización previa.

«Ese decreto no cumple ningún estándar de derechos humanos y no podía cumplirlo, porque evidentemente la dictadura no trabajaba con los derechos humanos, sino al revés», enfatizó Urrutia en el Senado.

El texto en cuestión, en su artículo 2, literal b), indica que los «organizadores de toda reunión o manifestación pública deben dar aviso con dos días hábiles de anticipación, a lo menos, al Intendente o Gobernador respectivo», y que frente a incumplimientos de plazo, las «Fuerzas de Orden y Seguridad Pública pueden impedir o disolver cualquier manifestación».

En este sentido, el magistrado advirtió que «en algunos recursos de protección» tramitados ante Cortes de Apelaciones del país, «el Ministerio del Interior ha señalado que prácticamente Carabineros se manda solo por la existencia del Decreto Ley 1086».

Urrita agregó que ello no solo contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados suscritos por Chile. «Esa estructura es pre democrática… Esto permite que exista una permanente violación a los derechos humanos. Es decir, hay un estado inconstitucional de cosas, porque no se cumple con la Constitución en aquella parte donde dice que yo me puedo manifestar sin que sea disuelta mi manifestación», argumentó.

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