En Chile:

Corte Suprema reabre caso de marinos antigolpistas torturados en 1973

Tras un fallo unánime de la Corte Suprema, el Poder Judicial ha decretado la reapertura de la investigación del caso “marinos antigolpistas”, que involucra a más de 80 ex funcionarios de la Armada como víctimas de detenciones arbitrarias y torturas, antes y después del golpe de Estado de 1973.

El fallo dictaminó que la jueza Eliana Quezada, quien desestimó los méritos para iniciar una investigación exhaustiva, no agotó todas las instancias para determinar responsabilidades. La nueva investigación estará a cargo del juez Julio Miranda Lillo de la Corte de Apelaciones, quien ya citó a declarar a ex defensores de los marinos detenidos en 1973. El juez también ordenó a la Armada entregar todos los antecedentes del caso.

Las detenciones de los funcionarios en cuestión, acusados de “insubordinación” y “sedición”, comenzaron un mes antes del golpe militar de Augusto Pinochet, en agosto de 1973. Tras un seguimiento efectuado por el servicio de inteligencia de la Armada, Ancla II, la institución marítima acusó a los detenidos de insurrectos, aludiendo a una presunta infiltración del MIR en sus filas.

Las acusaciones fueron integradas al llamado Plan Zeta, una operación psicológica (o de bandera falsa) utilizada para justificar el golpe final del 11 de septiembre de 1973, cuya falsedad fue más tarde admitida por el periodista y colaborador de Pinochet, Federico Willoughby. El supuesto plan consistía en la eliminación de mandos militares y civiles opositores al gobierno de Salvador Allende.

El ex cabo segundo de la Armada, Ricardo Tobar, fue detenido el 16 de septiembre de 1973 y torturado por sus captores en el lugar de la aprehensión. Hoy afirma que se fraguó un montaje con el fin de perjudicar a aquellos uniformados que habían detectado la preparación de un golpe militar contra Allende.

Tras la elección presidencial de 1970, los uniformados pudieron dar cuenta de movimientos extraños, tales como reuniones secretas entre la alta oficialidad de la Armada y delegados de Estados Unidos, además de otras señales que generaron suspicacias. Frente a las sospechas se informó al entonces presidente Allende, y a figuras del espectro político como Garretón, Altamirano y Miguel Enríquez.

Ante la reapertura de la investigación, que lleva casi 40 años paralizada, Tobar espera que la Armada admita que torturó, lo cual “no ha reconocido, a excepción del caso del cura Woodward”, señala. Cabe destacar que en el caso Woodward, la investigación también fue llevada por el juez Miranda Lillo, quien se negó a estimar responsabilidades de altos oficiales de la Armada por el secuestro, tortura y asesinato del sacerdote en septiembre de 1973.