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Caso Mardoff: Acusan a fiscal regional del Maule de “ocultar información”

El Juzgado de Garantía de Concepción acogió a trámite una querella presentada por la familia del estudiante Sergio Mardoff Peirano en contra de quienes resulten responsables por el delito de obstrucción a la investigación.

El libelo pide tomar declaraciones a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, y al persecutor que ocupó el cargo hasta mediados de 2018, Julio Contardo, hoy mandamás de los fiscales de la Región del Maule.

Según relata en la presentación el padre de Mardoff, su hijo desapareció “en 2005 en extrañas circunstancias, cuando fue a cuidar la casa de una profesora universitaria en la comuna de San Pedro de la Paz, camino a Santa Juana. Por tal motivo, después de haber transcurrido unos días, se interpuso la denuncia en la Comisaría de Carabineros… remitiéndose los antecedentes al Ministerio Público para que iniciara la investigación”.

Cinco años más tarde, la fiscal Sandra Vejar, “con la autorización del fiscal regional, don Julio Contardo, nos citó… a las oficinas del órgano persecutor, concurriendo a ella mis dos hijas, mi cónyuge y yo, informándonos que se había tomado la decisión de archivar provisionalmente la causa ‘por no contar con antecedentes que permitieran conducir al esclarecimiento de los hechos'”.

Los afectados recibieron la determinación con desdén, considerando “que el peso de la investigación la llevábamos nosotros, y que no hubo una investigación seria y acuciosa”, indican.

En 2015, dos trabajadores forestales encontraron un cuerpo sin vida, “de larga data”, en el kilómetro 38 del camino a Santa Juana, “abriendo el fiscal a cargo de la diligencia la carpeta investigativa por hallazgo de cadáver”. Los restos fueron enviados al Servicio Médico Legal (SML).

Solo supieron que se trataba de Mardoff la última semana de septiembre de 2018, cuando los padres recibieron una llamada telefónica de una persona, informando que el cadáver del estudiante se encontraba en el SML.

Mardoff padre se entrevistó con el director, Juan Zuchel, “quien me brindó todas las facilidades del caso para determinar si efectivamente era el cuerpo de mi hijo, cosa que así lo pudimos constatar personalmente con mi cónyuge, ya que estaban las vestimentas que llevaba al momento de desaparecer, como asimismo por radiografías dentales del cuerpo y los rasgos físicos de mi hijo”, plantea en la querella.

Agrega que, al “exigir una explicación al Sr. Director respecto de esta situación anómala, irregular, me expresó que el cuerpo se encontraba por más de tres años y que en su oportunidad le entregaron todos y cada uno de los antecedentes al Ministerio Público para que asumiera su obligación de investigar”.

“Debo hacer presente que el año 2016, tanto a mi hijo desaparecido (por medio de un cepillo de dientes), como a nosotros sus padres, se nos efectuó el examen pericial de ADN, ordenado por la Fiscal, que se realizó en el Policlínico de la comuna de Hualqui, que fue conducido por Cadena de Custodia por la PDI, al Instituto Médico Legal de Temuco”, añade, concluyendo que el Ministerio Público estaba en posición de identificar a Sergio.

Incluso en la causa por hallazgo de cadáver, según constató la familia, el fiscal “no se constituyó en el lugar”, solamente la policía, no cumpliéndose los protocolos. Solo este año, al reabrirse la investigación de Mardoff, la fiscal regional, a consecuencia de lo informado en la prensa, ordena constituirse a la PDI, encontrando nuevas evidencias: restos óseos y un bolso de la víctima que contenía documentación personal.

Además, “nunca se interrogó a los dos trabajadores forestales que encontraron el cuerpo sin vida, y en la reconstitución de escena a la que debieron concurrir el 18 de octubre de 2018, entregaron información que no se encuentra señalada en el peritaje que se realizó en su oportunidad”. Por ejemplo, la existencia de una cuerda y un esqueleto de perro en las inmediaciones”.

“A todo ello, las peritos del Servicio Legal de Santiago doña Constanza Gnecco Acuña y Vivian Bustos B., que concurrieron a una reunión el día martes 16 de este mes (octubre) en las dependencias de la Fiscalía Local de Concepción, reconocieron que no se había realizado un peritaje el año 2015 como debió haberse practicado, asimismo el Fiscal a cargo don Erick Aguayo, reconoció que no se hicieron todas las diligencias necesarias en su oportunidad, motivo por el cual se están decretando en la actualidad”, observan.

Finalmente, aseveran que el entonces fiscal Contardo y subalternos ocultaron información del archivo provisional de la causa principal de Mardoff, percatándose que en 2011 la fiscal que llevaba la investigación presentó un escrito en el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, comunicando su decisión de no perseverar, trámite que no les fue notificado.

Es por lo anterior que la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción declaró esta semana que el caso no prescribirá.