Violenta censura de Carabineros contra la prensa: Corte admite recurso de protección

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible un recurso de protección contra Carabineros de Chile y su general director, Bruno Villalobos Krumm, presentado por Matías Rojas Medina, trabajador de El Ciudadano, quien fuera expulsado de un punto de prensa convocado por la institución el pasado viernes 28 de abril.

Según el libelo (31296-2017), en compañía de otros periodistas y representantes de medios de comunicación, tales como TVN, El Mercurio, Canal 13 y Mega, Rojas ingresó a la Escuela de Carabineros, entregando su cédula de identidad en la guardia, para cubrir el anuncio de las medidas de «reestructuración» de la policía uniformada en respuesta al fraude al interior de sus filas, que ya suma 20 mil millones de pesos.

«En ese momento arribó al lugar la teniente de Carabineros, Pamela Sandoval Echeverría, acompañada por el capitán del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros, Óscar Llantén Castillo, quienes ordenaron agrupar a los medios de comunicación en el costado izquierdo del estacionamiento de la Escuela, entre el portón y el Servicio Dental, con el propósito de esperar que llegara el general Bruno Villalobos, para permitir el ingreso del grupo al edificio principal, donde tomaría lugar el punto de prensa», relata el escrito.

Hecho esto, señala el afectado, «se me acercó el capitán Óscar Llantén, quien me preguntó de qué medio de comunicación era, a lo cual respondí que venía de El Ciudadano, replicando éste “¡De El Ciuda!”, sin proferir mayor comentario, tomando en ese momento su celular, a través del cual, aparentemente, se comunicaba con un tercero vía WhatsApp».

«Transcurridos un par de minutos, siendo aproximadamente las 15:10 horas, el capitán Llantén volvió a acercarse a los medios e informó que el punto de prensa daría inicio en breves momentos, apuntando con el dedo índice a aquellos que entrarían al edificio principal; en este acto, verbalizó la expresión “tú, tú, tú”, sin apuntarme a mí. Enseguida, cuando los periodistas y camarógrafos apuntados por Llantén comenzaron a emprender rumbo hacia el edificio principal, el capitán puso su mano extendida sobre mí, bloqueando mi paso y, llamándome por mi nombre – “Matías” –, señaló que no podía entrar y que debía retirarme inmediatamente», continúa.

Habiendo observado minutos antes al capitán Llantén compartiendo amablemente con algunos periodistas, Rojas le preguntó si era una broma. Éste respondió que no. «En ese instante, sin mediar provocación, el oficial me agarró violentamente del brazo derecho, intentando empujar mi cuerpo hacia el portón del recinto, con ambos brazos. Ante esto, le señalé que no era la forma, e insistí en la necesidad de una explicación, a lo cual, Llantén me respondió que estaba en un recinto policial, insinuando con ello que debía acatar lo que me estaba ordenando, siendo testigos de esto los funcionarios de la guardia apostados en el lugar, bajo una cámara de vigilancia ubicada en altura», cuenta.

«Sintiéndome discriminado y vejado, le pregunté al capitán Llantén si podía hablar con el coronel Mauricio González Marín, director de la Escuela, no obstante, me manifestó que, para que esto ocurriera, debía salir del recinto, ordenando en ese instante a los funcionarios de la guardia, que devolvieran mi cédula de identidad. Amenazado por esta agresión y a fin de evitar que el conflicto escalara, procedí a cruzar pacíficamente el portón hacia el exterior, quedando a un costado de éste a la espera de que alguien se acercara a darme una explicación», plantea el recurso.

Rojas aclara que «en ningún momento agredí a este oficial, ni verbal ni físicamente, para justificar tan desproporcionada acción en mi contra».

Luego de estar más de una hora en el portón, sintiéndose «doblemente discriminado» cuando la «promesa del capitán Llantén no fue cumplida» y sus «intentos por ubicar a algún oficial del Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros, a través de los funcionarios de guardia, no tuvieron resultado», Rojas divisó a la teniente Pamela Sandoval, llamándola a distancia para inquirir detalles sobre el motivo de su expulsión.

«La oficial me indicó entonces que había ‘órdenes institucionales’ para no dejar entrar a nadie que trabajara en el diario El Ciudadano, que ‘la cosa no era conmigo’, sino con el medio, y que solo había tenido la ‘mala suerte’ de representarlo ese día», denunció el recurrente, acompañando a la Corte, como medio de prueba, un archivo de audio en el que figura la voz de la teniente Sandoval comentando lo anterior.

Según se desprende de la grabación, la funcionaria reveló textualmente: «Había órdenes de que usted no entrara acá. O sea, más que usted, la persona que fuera que viniera… (Órdenes) institucionales. Entonces, más allá no le podemos decir. No es algo contra usted. Hubiese venido una persona, otra, una mujer, un hombre, no hubiese podido entrar, por el medio«.

«Mi único reproche con esta oficial radica en su negativa a proporcionar la identidad de mi agresor (el capitán Llantén); primero, por la calidad de funcionario público de éste, y segundo, por un asunto de lógica, ya que ejerce labores en un área… que le exige ser conocido por los medios de comunicación», continúa Rojas en la acción legal contra Carabineros, subrayando que se vulneró la garantía constitucional que protege la libertad de informar sin censura previa, estipulada en el numeral 12 del Artículo 19 de la Constitución Política de Chile.

El recurso también cita la Ley 19.733/2001 sobre “Libertades de Opinión y Ejercicio del Periodismo” que establece en el Art. 1, inciso final, “el derecho de las personas a ser informadas de los hechos de interés nacional”, lo cual constituía, expone, «la finalidad del trabajo que el suscrito desarrollaría en la conferencia de prensa convocada para informar sobre las medidas tomadas a raíz del mayor escándalo financiero del que se tenga registro en una institución pública desde el inicio de la Reforma Procesal Penal».

La misma ley señala que este ejercicio “incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio”, cosa que la institución de Carabineros de Chile incumplió, agrega.

«En este caso, se me censuró de forma previa a escribir o publicar notas periodísticas sobre la actividad; se me discriminó frente al resto de los representantes de medios de comunicación allí presentes, luego de cumplir con todas las formalidades de ingreso… siempre con una actitud de transparencia en mi labor y de cordialidad y respeto por cada uno de los funcionarios que me atendieron; se me agredió sin mediar provocación, y por el solo hecho de exigir una explicación que fundamentara mi expulsión; se me mintió con que vendría el director de la Escuela, coronel Mauricio González Marín; se me hizo esperar por más de una hora a que alguien llegara a darme una explicación; se me ocultó la identidad del capitán Óscar Llantén, y, finalmente en la 19º Comisaría de Carabineros de Providencia, se desestimó arbitrariamente la denuncia presenté por los hechos en comento», denuncia.

ANTECEDENTES DE CORRUPCIÓN PREVIOS AL «PACOGATE»

Matías Rojas indicó a los ministros que su labor en El Ciudadano, «ya sea en la forma de notas periodísticas o reportajes de investigación, se caracteriza por informar detalles de causas judiciales y procesos administrativos abiertos por supuestos hechos de corrupción e irregularidades que involucran a funcionarios de Carabineros de Chile, temas incómodos para ciertos altos oficiales de la institución».

A modo de ejemplo, menciona:

A) Caso por la desaparición y muerte de Jorge Matute Johns: Que a fines de 2014, a petición de la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carola Rivas, aportó antecedentes relacionados con sospechas que vinculaban a efectivos policiales con una red de tráfico de drogas presuntamente involucrada en el deceso del universitario de la Región del Biobío. Tanto en su declaración judicial, como en un reportaje de su autoría, titulado “Caso Matute: Los secretos del edecán de Bachelet” (Edición Nº 162 del diario El Ciudadano, marzo de 2015), mencionó antecedentes contenidos en la causa rol 21.600 del ex Primer Juzgado del Crimen de Talcahuano, entre otros, que señalaban al oficial de Carabineros, Rafael Rojas Agurto, hoy general de la Dirección de Educación y Doctrina de la institución, como supuesto protector de un traficante de drogas.

B) Fraude en licitaciones de cuarteles de Carabineros: Los hechos fueron dados a conocer por primera vez a la opinión pública a través de una publicación anónima efectuada en El Ciudadano, antes de su llegada al medio, en el año 2014, que actualmente son materia de una investigación penal en la causa RUC 14100006643-3, RIT 2178-2014, 8º Juzgado de Garantía de Santiago. En marzo de 2016, Rojas informó sobre el reproche administrativo formulado por la Contraloría General de la República al oficial Félix Flores Santis, hoy en retiro, quien llegó al cargo de general y declaró en la causa como imputado.

C) Cuestionada compra de un helicóptero de la institución: Que en noviembre de 2016, a través del diario El Ciudadano, informó sobre el paso a retiro del ex jefe de la Prefectura Aeropolicial de Carabineros, coronel Enzo Coppa Astorga, indagado en la causa RUC 1500056534-K, RIT 12512-2015, 7º Juzgado de Garantía de Santiago, por supuestos delitos de cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, entre otros, luego de una querella presentada por otro oficial, quien denunció la supuesta cercanía de Coppa con el general Bruno Villalobos.

D) Abuso laboral contra funcionarios de Carabineros de la Región de Aysén: A raíz de una serie de publicaciones realizadas en El Ciudadano durante los meses de agosto y septiembre de 2016, el general Nabih Soza, de la Inspectoría General, solicitó intervenir la XI Zona de Carabineros Aysén, tomando declaración a un cabo que se accidentó mientras limpiaba la casa fiscal de uso particular del entonces jefe de Zona, general Gerardo Concha Ortega. Luego del sumario (ordenado por Documento Electrónico Ordinario NCU 52681881, de fecha 30 de septiembre de 2016, de la Subdirección General), Concha se acogió a retiro voluntario. En paralelo, Rojas informó sobre diversas causas radicadas en la Justicia Militar por falsificación de instrumento público y otros delitos militares ocurridos en la región austral.

E) Presuntas irregularidades en la adquisición de vehículos Mahindra: Que en enero de 2017, a través del diario El Ciudadano, informó acerca de un recurso presentado por el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, para bloquear la publicidad de un sumario administrativo que indagó la denuncia presentada por un ex jefe del GOPE de La Araucanía, sobre un posible tráfico de influencias en la compra de carros blindados por un total de 3.5 millones de dólares, bajo la gestión del general Jorge Rojas Langer, hoy en retiro. El denunciante afirmó que el hoy director nacional de Orden y Seguridad, general Víctor Herrera Pintor, omitió observar las deficiencias de los carros adquiridos por la institución.

Asimismo, Rojas agregó que el general director Bruno Villalobos, «a raíz de múltiples solicitudes mías por Ley de Transparencia que atañen a su patrimonio y la vinculación laboral de su hijo con el Hospital de Carabineros, interpuso una denuncia calumniosa en mi contra, en el Ministerio Público, en mayo de 2016, inventando que yo lo amenacé con ‘publicar un reportaje’ si no accedía a llamar a retiro al general mencionado en el precedente literal A), en el contexto de una conversación privada que tomó lugar siete meses antes, en septiembre de 2015, al interior del Casino de Oficiales, donde fui invitado por el mismo Departamento de Comunicaciones Sociales del capitán Óscar Llantén«.

«Por absurda que parezca la acusación del general, correspondió que esta fuera investigada por el fiscal Marcelo Cabrera de la Fiscalía Centro Norte, en causa RUC 1600377915-0, RIT 9254-2016, 7º Juzgado de Garantía de Santiago, expediente que fue cerrado el 31 de marzo de 2017 bajo decisión de no perseverar en la investigación, por no existir antecedentes que acrediten los hechos denunciados por el general Villalobos. Es más, en la querella que presentó por el mismo caso a través de un abogado de la institución, el director de Carabineros inventó que yo había sido sancionado por el Colegio de Periodistas, en circunstancias de que el propio órgano colegiado informó al tribunal que eso era mentira», dice.

Argumenta a continuación que «antes hacer público cualquier antecedente relacionado con el hijo del señor Villalobos, quien goza de permiso para ausentarse de sus labores en el Hospital de Carabineros, elevé consulta sobre la materia a la Contraloría General de la República, ente que se encuentra analizando mi presentación desde julio del año 2016 (Referencia Nº 208771)».

Para el cierre de esta segunda causa por «amenazas» habrá audiencia el próximo 16 de mayo. En ella asumirá como defensor de Rojas el abogado Marcos Herrera Chirino, quien se plegará a la solicitud del Ministerio Público de no perseverar en la investigación.

DESDÉN POR LA TRANSPARENCIA

En el otro acápite del recurso, el investigador de El Ciudadano también evoca los múltiples reclamos de ilegalidad presentados por el director Bruno Villalobos que han tenido por objeto anular decisiones del Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad que ha ordenado la entrega de diversa información en poder la institución. Los casos que destaca son:

A) Causa rol 11.234-2016, ICA Santiago: El general director, Bruno Villalobos, pidió anular decisión del CPLT que ordenó proporcionar copia íntegra de su declaración de patrimonio e intereses a Matías Rojas, insistiendo en que se borren detalles de una propiedad que mantiene en la comuna de Peñaflor y que declara como “predio agrícola”, sin pagar contribuciones, tal como reveló CIPER Chile.

B) Causa rol 12.179-2016, ICA Santiago: El general director, Bruno Villalobos, pidió anular decisión del CPLT que ordenó revelar si trabajó en algún punto de su carrera policial junto al funcionario César Bobadilla Pinilla, subdirector de la Academia de Ciencias Policiales (Acipol) bajo el mando del general Rafael Rojas Agurto. En el año 2000, trabajando en la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar), Bobadilla fue indagado por sus vínculos sociales con un traficante de drogas, a raíz de una incautación de fotografías en que aparecía con familiares de éste por el OS7 de Concepción.

C) Causa rol 13.340-2016, ICA Santiago: El general director, Bruno Villalobos, pidió anular decisión del CPLT que ordenó revelar la dotación de la 43º Comisaría de Peñalolén a la fecha del deceso del detenido Fernando Soto Mackay, cuyo cadáver fue arrojado a un sitio eriazo por funcionarios de Carabineros (causa rol 545-2002 de la IV Fiscalía Militar de Santiago). Quien dio cuenta de los hechos fue el comisario de dicha unidad policial, Gonzalo Blu Rodríguez, hoy general a cargo de la Dipolcar.

«Los antecedentes mencionados permiten contextualizar – y quizás explicar – los motivos de la orden institucional de censura contra El Ciudadano (referida por la teniente Pamela Sandoval), tomando en consideración que mi agresor, el capitán Óscar Llantén, cumple funciones en el Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros, repartición que depende de la Secretaría General y, por consiguiente, de la Dirección General, es decir, recibe instrucciones directas de quien mandata la institución o de su círculo más cercano», puntualiza.

El tribunal de alzada capitalino declaró admisible el recurso de Matías Rojas, dando un plazo de cinco días a Carabineros de Chile para evacuar su respuesta.

La resolución del 11 de mayo pasado, acordada por la Primera Sala del ministro Carlos Gajardo, el ministro Leopoldo Llanos y la abogada integrante María Cecilia Ramírez, ordena que el informe incluya «todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso, bajo apercibimiento de aplicar alguna de las sanciones que establece el Nº 15 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales».