Proyecto de diputados UDI que penaliza «fake news» ya está siendo rechazado en Puerto Rico
Los parlamentarios de la UDI Álvaro Carter y Nino Baltolu han propuesto castigar con multas e incluso cárcel a quienes divulguen «noticias falsas» que dan como resultado «pánico e incertidumbre» en la población, informó CNN Chile.
Los integrantes de Chile Vamos señalaron que existen publicaciones en plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram que han provocado «desinformación, desconcierto y desorientación» durante la pandemia, las que luego son compartidas «de manera exponencial» a través de redes de contacto.
«Noticias falsas que muchas veces buscan hacer daño a ciertos individuos o a las autoridades de gobierno, con el claro propósito de desestabilizar las acciones que toman las autoridades en momentos de crisis, como la que vivimos producto de la pandemia del Covid-19», señalaron.
La propuesta, que coincide con las recientes palabras de Sebastián Piñera en cuanto a «combatir las noticias falsas» y «campañas sistemáticas y mal intencionadas», no ha sido detallada aún para aclarar qué entidad evaluará -y bajo qué criterio- la falsedad de los contenidos.
Lo claro es que iniciativas de la misma especie ya están siendo rechazadas por organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) en estados como Puerto Rico.
Según Yahoo News, la ONG ha criticado que leyes implementadas por dicho gobierno local para penalizar las «fake news» omitan el requisito de «demostrar que una persona sepa que ha publicado información falsa».
«La legislación otorga poca orientación a las personas respecto a qué discurso puede ser constitutivo de crimen y al gobierno demasiado juicio para decidir a quién perseguir», indicó el grupo, agregando que proyectos de este tipo podría llevar a «perseguir a periodistas si el gobierno rebate la exactitud de sus reportajes».
ACLU ya ha presentado una demanda por violación de la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU (derecho a la libertad de expresión) a favor de los periodistas Rafelli González Cotto y Sandra Rodríguez Cotto, cuyos contenidos han cuestionado directamente al gobierno.
Como indica la entidad, el primero reveló que el Departamento de Salud de Puerto Rico estaba disminuyendo artificialmente los números de muertos reales por Covid-19, mientras que las publicaciones de la segunda motivaron la renuncia de un gobernador y dieron cuenta de muertes sub-reportadas como resultado del Huracán María y fallas en la distribución de ayuda a víctimas de terremotos.
«Aunque las leyes aparentemente solo aplican a ‘información falsa’, ACLU advierte que inevitablemente suprimirán una porción importante de información verdadera sobre asuntos de inmenso interés público. ACLU añade que la transparencia de gobierno, no la censura, sería una manera más efectiva de combatir la desinformación, si efectivamente ese fuera el fin del gobierno», concluye un comunicado de la organización.
