Gendarmería abrió sumario por misterioso extravío de computadores de ex jefe de la CNI
Aunque en primera instancia rechazó entregar documentos sobre la incautación de computadores en poder de internos de Punta Peuco, donde aparecían correos enviados por el ex jefe de la CNI, Álvaro Corbalán, a funcionarios de alto nivel de Gendarmería, el director nacional de la institución, Jaime Rojas, no tuvo más opción que reconocer la autenticidad del informe técnico publicado en enero de este año por El Ciudadano con los mensajes encontrados en cada equipo.
Como se recordará, uno de ellos iba dirigido al ex timonel del servicio penitenciario, Tulio Arce, acompañando un «Memorándum Secreto» que el ex agente de la dictadura pondría en conocimiento del presidente Sebastián Piñera, ofreciendo ayuda en materias de inteligencia para neutralizar políticamente a Michelle Bachelet.
En otros correos, Corbalán se jactaba de influir en decisiones de competencia exclusiva del servicio, como las destinaciones de algunos gendarmes. También saludaba a la familia del coronel Eduardo Muñoz, jefe de recursos humanos, donde actualmente se encuentra recluido el ex miembro del Comando Conjunto.
“Un saludo para mi amigo ‘Comandante’ que no me avisó cuando ascendió. Si no lo haces cuando asciendas a Coronel, te vamos a sancionar con el pago de una comida, a lo menos”, le escribió a Muñoz.
Todos los archivos relacionados con el allanamiento a los módulos del penal para violadores de DDHH en junio de 2012, cuando se levantó esta información, fueron solicitados por El Ciudadano a través de la Ley de Transparencia, requiriendo a Gendarmería precisar dónde fueron guardados los equipos.
El rechazo de la solicitud derivó en la presentación de un amparo al Consejo para la Transparencia, ente que acogió el reclamo y ordenó al director nacional informar, en un plazo no mayor a cinco días hábiles cuando la decisión estuviere ejecutoriada, «en qué lugar físico se mantienen actualmente incautados los discos duros de esos computadores, si es que uno de ellos fue devuelto al interno Álvaro Corbalán para trabajar en su defensa jurídica o entregado a terceros, y si la información hallada en los discos duros fue compartida con el Ministerio Público o algún otro órgano del Estado» (numeral II del fallo C1509-16).
La encargada de la Unidad de Atención Ciudadana Marcela Saavedra, cumpliendo lo resuelto por el CPLT, envió a ese organismo un dossier de 100 páginas con información del operativo encontrada en las bases de datos de Gendarmería. Dicha carpeta contiene la misma pericia del DIAP (esta vez con logo de gobierno) que El Ciudadano reveló en exclusiva a comienzos de año, y que la dirección nacional de la época se había negado a reconocer como auténtica.
En la misma carta al CPLT la abogada Saavedra indica, sin embargo, que la información del punto II «no ha sido habida», y que en virud del numeral 2.3 letra b) del Texto refundido de la Instrucción General N°10 del consejo para la Transparencia sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información, el director nacional ordenó investigar por qué no habría registro de la ubicación de los bullados computadores.
«Dispóngase sumario administrativo, con la finalidad de investigar el cumplimiento del acuerdo del Consejo para la Transparencia, relativo al caso Corbalán según Of. N°8247 del 23 de agosto 2016, Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia», versa la providencia Nº 6016 del 6 de septiembre de 2016 que oficializó la indagatoria.
Es importante resaltar que si el director Jaime Rojas no cumplía con la decisión del CPLT o no tomaba medidas para ubicar la información arriesgaba ser sumariado por la Contraloría General de la República, según establece la Ley de Transparencia.
