Acogen denuncia contra alcaldesa de la Región del Maule por ignorar a organizaciones sociales
La Contraloría Regional del Maule acogió una denuncia por incumplimiento de funciones realizada en contra de la alcaldesa de la comuna de Teno, Sandra Valenzuela, quien fue reelecta en los comicios de octubre.
De acuerdo con el dictamen Nº 6746, emitido el 18 de agosto de 2016 por el ente fiscalizador, la militante de la UDI no respetó la conformación del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), un mecanismo institucional de participación ciudadana creado para ejercer un control sobre la gestión municipal e integrado principalmente por juntas de vecinos.
La acusación, presentada en junio de este año por el ex vicepresidente del COSOC de Teno, Gustavo González, culpó a la autoridad de omitir el trámite de renovación de los miembros del cuerpo y no extender una invitación a quienes la integraban para escuchar su cuenta pública.
En sus descargos, la alcaldesa admitió que el COSOC no fue renovado a tiempo, aludiendo a una “falta de quórum” del Concejo Municipal. Luego, con respecto a la no presencia de organizaciones en la cuenta, calificó de “imposible extender una invitación a un órgano consultivo inexistente”.
De esta manera, la Contraloría exigió que la “entidad edilicia efectúe el proceso eleccionario de consejeros comunales (del COSOC) a la brevedad, informando documentadamente de ello a esta Entidad de Control dentro de un plazo que no exceda el 12 de septiembre de 2016”.
El documento subrayó además que Valenzuela incumplió la Ley Nº 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades” en lo relativo a la concurrencia del COSOC a las cuentas públicas, conminándola a “dar estricta observancia a dicha obligación”.
PROBLEMAS DE TRANSPARENCIA
Cabe agregar que en agosto, como informó el propio municipio de Teno a través de un comunicado, se abrió una investigación para determinar responsabilidades por la exhibición de datos incorrectos en la última rendición de cuentas de la edil, mismo evento donde no se consideró al COSOC.
Los antecedentes se relacionan con reclamos por la no entrega de información pública que habían sido presuntamente rechazados en virtud de la Ley de Transparencia. En esa ocasión, la alcaldesa individualizó un caso antiguo donde en realidad se acogió un amparo por infracción a normas de esa especie (ante la negación de facturas que justificaban los $41 millones invertidos en un monumento del guerrillero Francisco Villota, ubicado en la Plaza de Armas), y un segundo proceso que no tenía vinculación alguna con Teno.
El Ciudadano revisó la cuenta pública anterior de Sandra Valenzuela, correspondiente al período 2014, y detectó más inconsistencias en el lenguaje utilizado: mientras que en un encabezamiento la municipalidad señaló que su actuar se adecuó al “debido obrar en aspectos de transparencia y oportunidad en la entrega de información”, las tablas que más adelante fueron exhibidas apuntaron a casos en que se incumplieron los plazos legales para responder a las solicitudes en cuestión.
BAJO LA ALFOMBRA
Por mencionar uno de los casos objetados, con fecha 9 de julio de 2014 el Consejo para la Transparencia falló en contra de la alcaldesa de Teno (véase Decisión de Amparo C947-14), tras descubrir que no transparentaba las auditorías al ejercicio presupuestario en su página web, como demanda la ley.
Tampoco había colgado en la plataforma de Transparencia Activa algunos documentos vinculados a la Investigación Especial 37/2013 de la Contraloría Regional del Maule, que indagó un supuesto intervencionismo electoral de su parte en un programa radial financiado con dineros de todos los chilenos.
Según el informe en cuestión, Ana Labbé Gamboa, una “funcionaria de confianza” de la alcaldesa Valenzuela, cometió “negligencia” al no fiscalizar el contenido de las transmisiones radiales. Ello hizo difícil verificar si es que la imagen de la autoridad gremialista fue ensalzada en los espacios, como denunciara en esa ocasión el diputado Roberto León.
Dicha inobservancia – ocurrida porque Labbé no tenía radio en su oficina, como explicó ella a Contraloría – permitió que personas ajenas a la municipalidad participaran en el programa y se contratara publicidad que no estaba contemplada “en los instrumentos de la contratación”.
Pese al tiempo transcurrido se desconocen las medidas que el municipio debió tomar sobre este hecho.
