Anticipándose a nuevas movilizaciones, Piñera endurece la «ley Hinzpeter»

La modificación establece agravantes para quienes asistan encapuchados a manifestaciones y permite a Carabineros arrestar a cualquier persona que transite con rostro cubierto. Este anuncio surge a pocos días de la primera convocatoria de la Confech y en medio de protestas del sector portuario, trabajadores del cobre, además de los cortes de caminos por agricultores en el Maule.

El Presidente Sebastián Piñera presentó indicaciones al proyecto de ley de resguardo de orden público, más conocida como “Ley Hinzpeter”. El anuncio se realizó con la presencia de los ministros de Interior y Justicia, además de otras autoridades de seguridad pública

Estas modificaciones están orientadas a los encapuchados, asignando agravantes en su condición de rostro cubierto en las manifestaciones, lo que a juicio del Mandatario, optimiza el derecho a manifestación de la ciudadanía.

En este sentido, el Jefe de Estado explicó que “esta indicación introduce agravantes, es decir, penas más severas, para aquellos que durante una manifestación o acto masivo cometan delitos estando encapuchados. En una sociedad libre y democrática como la nuestra, no hay ninguna razón para tolerar que los encapuchados se aprovechen de ocultar su identidad para cometer estos graves delitos contra la sociedad y las personas”.

En esta línea, se tipifica como falta el estar encapuchados y Carabineros está facultado para detener a las personas que asistan a manifestaciones o actos públicos con el rostro cubierto, aun cuando no sean parte de desórdenes públicos.

El ministro de Interior, Andrés Chadwick, señaló que este cambio busca perfeccionar “el tipo penal de los delitos de desórdenes públicos graves, centrándolo en dos situaciones: Quien interrumpa servicios básicos y de emergencia como hospitales, agua Potable y electricidad y quien interrumpa o impida por la fuerza la libertad de locomoción en carreteras, en calles y en puentes. Se debería llamar Ley Antiencapuchados”.

El ministro del Interior pidió la colaboración de la oposición en aprobar este polémico proyecto de ley, el cual ha recibido amplias críticas por coartar la libertad de expresión y el derecho a manifestación, además de criminalizar la protesta social. A su vez, establece responsabilidades judiciales para convocantes a marchas en caso de que éstas registren desórdenes y penaliza la toma de establecimientos estudiantiles.

Este anuncio surge a pocos días de la primera amplia convocatoria de la Confech, programada para el 11 de abril y en medio de protestas del sector portuario, trabajadores del cobre, además de corte de caminos por agricultores en el Maule.