Piñera parafrasea a Bush: Comienza la «guerra contra el terrorismo» en la Araucanía

Utilizando una retórica que parece haber sido calcada de la paranoia antiterrorista de George W. Bush, Sebastián Piñera ha declarado un «ataque frontal contra el terrorismo» en la Araucanía, tras la muerte de Werner Luchsinger y su esposa, presuntamente a manos de activistas mapuche.

Tras el ataque incendiario contra una casona de Vilcún en la Araucanía, el presidente Sebastián Piñera creará una «unidad policial especializada en la lucha contra el terrorismo». La crisis se produce justo cuando una denuncia internacional desde Ecuador involucra a personeros del gobierno chileno en una vasta red de narcotráfico.

El discurso de Sebastián Piñera a los medios de comunicación es una manifestación calcada del libreto seguido por George W. Bush tras el ataque a las Torres Gemelas en 2001, llamando a “elegir bandos” entre el “extremismo” y el gobierno – una polarización que, apelando a la emocionalidad irracional de los ciudadanos, ayuda a desviar la atención de otros problemas domésticos y acaparar apoyo para iniciativas represivas bajo la lógica del «enemigo interno».

El «ataque terrorista»

Según versiones aparecidas en CNN Chile, el atentado se produjo cerca de la una de la madrugada cuando cerca de 20 «encapuchados» prendieron fuego a la casa del empresario Bernardo Luchsinger y su esposa Vivianne McKay, los cuales fueron consumidos por las llamas.

El plan del gobierno contempla siete puntos para profundizar la militarización de la región y políticos oficialistas están llamando a decretar «estado de sitio».

Además, los gremios patronales han solicitado al gobierno tomar medidas más duras para solucionar el conflicto de manera definitiva.

«Esta lucha no distingue por etnias ni por origen, es una lucha contra la delincuencia y el terrorismo, y llamo a mis compatriotas a tomar partido de qué lado están: del lado de la violencia, del lado del terrorismo, o del lado del estado de derecho, de la democracia y de la paz», declaró el Presidente Piñera al visitar la zona.

Entre las medidas se encuentran la invocación de la Ley Antiterrorista contra los autores del atentado en el fundo Luchsinger y la recalificación de la querella originada por un atentado de similares características ocurrido semanas atrás, junto al nombramiento de un persecutor especial con dedicación exclusiva a la causa.

En términos de militarización, 84 carabineros se agregarán a la dotación policial de la zona, que se unirán a los 400 efectivos ya desplegados. Junto a ellos, se añadirá un helicóptero y cuarto carros blindados que se unirán a los 6 ya presentes en la zona. Además se implementará «un fortalecimiento de toda la tecnología de visión y de fotografía nocturna de largo alcance, que permita un mejor control de la zona afectada», en la que Carabineros establecerá «un control permanente diurno y nocturno tanto del tráfico vehicular como de las identidades de las personas que transitan», según explicó Piñera.

Los parlamentarios oficialistas, no conformes con ello, han llamado a tomar medidas más duras. El diputado de RN por la zona, José Manuel Edwards, consideró «la posibilidad de pedir un Estado de Sitio para que los poderes que se consideran en la Constitución le sean atribuibles a las intendencias y a las policías para dar con los responsables». Por su parte, la mesa directiva de la UDI «pidió al Ejecutivo aplicar un ‘estado de emergencia’ en la zona roja mapuche». Gremios patronales como la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Corporación Chilena de la Madera (CORMA) llamaron a tomar medidas concretas.

Explotación de la tragedia

«Estamos en presencia de una acción concertada con el propósito de causar temor a la población que vive en ese sector», declaró a los medios el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien ya había hablado hace pocos días sobre la existencia de una intervención extranjera en el conflicto mapuche.

La tesis de la «intervención extranjera» fue presentada en su momento con creces por la administración de Piñera, aludiendo a la existencia de un nexo entre activistas mapuches y las FARC colombiana. Uno de los mayores defensores de lo que terminó siendo un pésimo montaje comunicacional fue el senador de RN, Alberto Espina.

En junio de 2012, el ex subdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Luis Marco, culpó al gobierno de Piñera de “politizar la seguridad”. El ex jefe de la División de Análisis Estratégico de la ANI, que trabajó para el organismo entre 2004 y 2010, criticó el actuar de la administración en el caso bombas, el caso paquistaní y FARC-mapuche, aludiendo a una “sicosis sobre amenazas terroristas”.

La explotación de esta nueva crisis no debiera causar sorpresa, considerando que en este momento pesa una grave denuncia internacional proveniente de Ecuador contra personeros de la administración de Piñera y elementos corruptos de las policías. La acusación, que involucra al ministro Hinzpeter en una operación de narcotráfico manejada por la CIA en Chile, ha sido prácticamente tapada por la prensa convencional.