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Funcionarios del Ministerio Público golpean la mesa a fiscal Valencia por desvinculaciones

Asociaciones sindicales del Ministerio Público manifestaron su más enérgico rechazo a la aplicación reiterada, «injustificada y arbitraria» de una facultad dispuesta en su Ley Orgánica que permite al Fiscal Nacional Ángel Valencia despedir a trabajadores del organismo, decisión que estaría siendo cuestionada en causas judiciales.

A través de un comunicado público respaldado por la ANEF, las organizaciones denunciaron la desvinculación de «funcionarios con más de 20 años de impecable trayectoria institucional y excelencia reconocida en el desempeño de sus funciones», lo que «se ha convertido en un doloroso instrumento de abuso y desprotección laboral».

«Así lo demuestran las reiteradas sentencias de los Tribunales Laborales que han condenado al Ministerio Público por despidos injustificados en la gran mayoría de los casos representados por las Asociaciones de Funcionarios», indicaron.

Asimismo tildaron de «inaceptable que, en un contexto de evidente estrechez presupuestaria que afecta a todo nuestro país y particularmente al Ministerio Público, se continúe desperdiciando una enorme cantidad de recursos públicos en indemnizaciones innecesarias y costosas».

Este gasto, calificado de «irracional», se produciría «únicamente para avalar una supuesta ‘reestructuración institucional que, en la práctica, no es más que una excusa infundada para desvincular arbitrariamente a funcionarios que, por alguna razón ajena al mérito laboral, han caído en desgracia ante sus superiores directos o fiscales regionales, siendo muchas veces víctimas previas de acoso laboral y hostigamiento institucional», recalcaron.

El número de desvinculaciones bajo esta figura alcanzaría los 26 casos, generando discriminación «hacia los funcionarios en comparación a los fiscales» y afectación a empleados «mayores de 40 años» que tienen dificultades para reinsertarse laboralmente.

«Por lo anteriormente expuesto, las Asociaciones de Funcionarios del Ministerio Público exigen con urgencia a los parlamentarios discutir respecto a la regulación del artículo 81k de la LOC, privilegiando al respeto hacia los derechos laborales, la estabilidad emocional y económica de los funcionarios y sus familias, y la integridad organizacional del Ministerio Público», finalizan.

El documento fue suscrito por la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP), la Asociación de Funcionarios Fiscalía Metropolitana Oriente (AFFREMOR), la Asociación de Funcionarios Fiscalía Centro Norte (AFFREMCEN), la Asociación de Funcionarios Fiscalía Regional Metropilitana Sur (AFFREMSUR) y la Asociación de Profesionales, Técnicos y Funcionarios de la Fiscalía Regional Sur (AFUNSUR).

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