En Chile:

Trabajadores del cobre paralizarán actividades con el fin de «recuperar las riquezas del Estado»

La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) anunció un paro de actividades para el próximo martes 12 de noviembre, sumándose a «los trabajadores portuarios, del petróleo» y de otros «sectores productivos y estratégicos del país» ante «el despertar social que se ha manifestado en las calles de Chile por más de tres semanas».

«Nuestro régimen de contratación es el subcontrato, que en los hechos es una de las peores formas de precarización laboral. Nos hemos caracterizado por nuestra disposición y compromiso de lucha en torno a la organización, para combatir las profundas desigualdades y discriminaciones que se producen en nuestro sector laboral y el país», informaron.

El comunicado recuerda la «represión con que el sistema imperante combate a los trabajadores que se movilizan por la dignidad del trabajo», citando lo ocurrido el 24 de julio de 2015, cuando fuerzas policiales terminaron con la vida de Nelson Quichillao López.

Los mineros emplazaron a la «élite política de Chile a detener la agenda legislativa del Gobierno e iniciar ahora ya el proceso de construcción de una Nueva Constitución Política vía Asamblea Constituyente, para así establecer un nuevo orden político y económico que asegure una distribución realmente democrática de la riqueza, y que reconozca el aporte de la clase trabajadora como la generadora de las riquezas de nuestro país», garantizando sus derechos sociales.

Esta nueva Carta Fundamental, aseguraron, también debiera «recuperar… la propiedad plena de las riquezas naturales para el Estado, con una explotación racional y equilibrada».

Finalmente, la CTC reivindicó «el legítimo derecho de nuestro pueblo a manifestarse», rechazó «la criminalización de la expresión popular», llamó al Poder Judicial a «sancionar drásticamente las violaciones a los Derechos Humanos perpretrados en nuestro país… a partir del estallido social» e instó al «gran empresariado» a establecer «sin necesidad de legislar, un ingreso mínimo de $500.000».

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