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Denuncian a jefe regional de la PDI de Valparaíso por presunta falsificación de documento

Graves irregularidades y persecución por altos mandos de la Policía de Investigaciones de Chile denunció -en conversación con Verdad Ahora– el ex inspector de la institución, Jorge Fuentes Tapia, quien presentó una querella criminal por eventual falsificación de documentos públicos contra el hoy prefecto inspector de Valparaíso, Sergio Muñoz Yañez.

Fuentes dejó de pertenecer a las filas en 2011 luego de implicar en una red de narcotráfico a miembros de la PDI, banda que cayó en 2014 con la detención del transportista Carlos Duarte, quien usaba una empresa de buses para internar cocaína líquida al país. Los funcionarios denunciados -plantea el ex policía- no fueron siquiera indagados por la Fiscalía.

Insistiendo en que su baja fue irregular, el otrora inspector con 15 años de servicio logró descubrir a través de múltiples solicitudes vía Ley de Transparencia la existencia de un documento interno suscrito por el entonces jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Fernando, Sergio Muñoz, que buscaba perjudicar a su hermano -también integrante de la PDI- como represalia por las denuncias que realizaba.

Así queda reflejado en el Oficio N° 103 del 27 de junio de 2011, mediante el cual Muñoz pidió a la Prefectura Provincial de Colchagua el cambio de unidad de éste, argumentando que era «un riesgo, en el sentido de que su hermano (Jorge Fuentes) fue exonerado de la institución, y ha buscado artimañas para enlodar el prestigio de otros funcionarios activos».

«Tenía un doble dolor», explicó a Verdad Ahora el inspector en retiro Jorge Fuentes. «Porque las consecuencias de un tema que yo denuncié, las estaban pagando familiares míos, y me estaban injuriando a través de un documento oficial de la PDI de hechos que yo nunca había señalado o cometido».

Lo que finalmente detonó la presentación de una querella fue la aparición de un segundo oficio con la misma numeración pero distinta fecha -1 de julio de 2011-, que la Jefatura Jurídica de la PDI, a cargo en ese momento de la prefecto inspector Rosana Pajarito Hernández, trató de exhibir al Consejo para la Transparencia como prueba de que el primer documento que injuriaba a Fuentes -del 27 de junio de 2011- nunca había sido emitido por la Bicrim de San Fernando.

«Los sistemas de control que tiene la Policía de Investigaciones para ver si existe duplicidad de documentos, fallaron todos. Aquí no hay un error, aquí hubo una intencionalidad de esconder el documento, porque sabían que les traería repercusiones judiciales», señaló Fuentes.

FISCALÍA DE O’HIGGINS

La causa penal que se inició con la querella no ha avanzado con celeridad, agrega el ex detective. En abril, a pocas semanas de recibir un informe de Carabineros pidiendo acceder a la documentación original de la PDI con el propósito de verificar la eventual presencia de firmas falsas, el fiscal Aquiles Cubillos decidió no perseverar en la investigación.

Verdad Ahora accedió al Oficio Nº 260 de la Sección del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Rancagua de este año, el cual plantea que no es «posible obtener conclusiones válidas, confiables y sin lugar a dudas a partir de un documento fotocopiado», porque ello impide «determinar la autoría de forma taxativa».

A continuación, el capitán de Labocar, Patricio Bustos Poblete, aconseja a la Fiscalía pedir que Investigaciones entregue los originales para hacer «los análisis respectivos» y avanzar en el esclarecimiento de los hechos con la toma de «muestras caligráficas testigos», diligencia que debía coordinarse con el Ministerio Público, pero que finalmente no prosperó.

El ex inspector Jorge Fuentes reaccionó con molestia al ser consultado por la determinación del fiscal de archivar temporalmente la investigación, sin siquiera haber entrevistado al imputado, el prefecto Sergio Muñoz.

 

Fuentes agregó que el actuar del Ministerio Público no ha estado a la altura, ya que tampoco ha sido recibido por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, o tomado en cuenta en relación con las primeras denuncias que formuló sobre presuntas redes de protección al narcotráfico.

«¿Por qué no se investigaron a los funcionarios que yo denuncié? Estaba el informante que declaró, estaba yo presente y el fiscal Jorge Mena. El informante nombró a dos funcionarios activos que le prestaban ayuda al traficante. Nada de esto se ha investigado como se debe investigar, por ende van a seguir los casos de corrupción, porque la gente ha perdido la fe en la justicia, en sus autoridades políticas y en este caso en las mías, las policiales», indicó.

 

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