Piñera repite el plato a gobernador cuestionado por grabación oculta
Asombro provocó en marzo de este año el regreso del arquitecto RN Pedro Durán Ivanoff al cargo de gobernador de la Provincia de General Carrera, ubicada en la Región de Aysén. La decisión del presidente Sebastián Piñera fue recibida «con mucho orgullo», expresó Durán, agregando que buscará «replicar» su gestión durante el primer mandato.
Sin embargo, en aquella oportunidad, el profesional debió renunciar a la Gobernación. Así quedó registrado en el Decreto N° 819 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fechado el 29 de octubre de 2012, que lleva la firma del ministro de la época, Rodrigo Hinzpeter.
¿El motivo? La denuncia presentada en su contra por Cristian Yana, estudiante no vidente que cursaba la carrera de Periodismo en la Universidad Austral. En julio de 2012, cuando hacía su práctica en la radio municipal FM Tú, Yana pidió una entrevista con Durán para hablar sobre el Bono Leña, pero fue grabado sin su permiso.
Según Radio Biobío, a través de esta acción Durán buscaba «comprobar» un supuesto veto a su persona por parte del alcalde de Chile Chico, Luperciano Muñoz. Días más tarde, luego de una gestión realizada por el jefe de gabinete de la Gobernación, Patricio Espinoza, el diálogo con Yana fue emitido en Radio Ventisquero.
La divulgación fue criticada por el Colegio de Periodistas, apuntando a la existencia de un delito previsto en el Artículo 161, letra A, del Código Penal.
«A simple vista estamos frente a un hecho insólito y condenable, que atenta contra los principios básicos de la ética periodística, ya que se trataría de una grabación realizada sin el conocimiento del reportero, quien además es no vidente, la que posteriormente habría sido editada y emitida en una radio local sin el consentimiento de él», afirmó el presidente regional del gremio, Juan Pablo Gálvez.
El caso llegó a la justicia meses más tarde, y concluyó cuando el hoy gobernador aceptó una salida alternativa ofrecida por el Ministerio Público, obligándose a pagar $150 mil pesos a la víctima. La jueza de garantía, Mónica Coloma, lo dejó firmando en Coyhaique por 13 meses, evitando una condena.
