PDI concluye investigación reafirmando que Juan Pablo Jiménez murió por «bala loca»

Luego de indagar la muerte del líder sindical de Azeta, la Fiscalía confirmó la cuestionada tesis inicial de la PDI: que el proyectil impactado en la cabeza de Juan Pablo Jiménez provino desde fuera de la empresa, producto de un accidente fortuito.

Así lo revela un reportaje publicado este jueves por The Clinic.

“A casi un mes de su muerte se sabe ya que la bala 9mm que lo mató fue disparada desde Sánchez Calchero con Comandante Riesle, durante un tiroteo en la población La Legua. Dos llamados a Carabineros hechos ese día a las 16.02 denunciaban a bandas que se enfrentaron por casi una hora”, dice el reportaje del periodista Jorge Rojas.

El medio agrega que el proyectil “recorrió 900 metros en 3 segundos, sobrevoló techos de casas, fábricas y varias cabezas, antes rozar levemente en un cable eléctrico y atravesar -en diagonal y de arriba hacia abajo- los 17 centímetros del parietal izquierdo del dirigente, hasta llegar a su nuca”.

Las causas de la muerte de Jiménez fueron cuestionadas duramente por su esposa Ximena Acevedo, el dirigente social Cristián Cuevas, la CUT y varios sindicatos.

Un día después del inesperado desenlace, Jiménez tenía programada una audiencia para denunciar abusos sistemáticos contra los trabajadores de la empresa Azeta. Acevedo, ahora viuda del sindicalista, declaró en su minuto que Jiménez había recibido amenazas antes de su fallecimiento.

La versión inicial de la PDI – que resultó ser la misma arrojada en la conclusión de la investigación – fue puesta en duda por el perito criminalística del SAV, Francisco Pulgar. El profesional denunció en el programa Hora 20 de La Red que el fiscal le impidió ingresar al sitio del suceso para realizar un peritaje independiente.

Pulgar cuestionó además que la PDI, cuatro días después del suceso, aún no tuviera clara “la trayectoria de la bala ni la posición del tirador”.

Una nueva arista fue abierta a finales de febrero cuando la Brigada de Homicidios de la policía civil anunció que se indagarían las armas de fuego de dos ex uniformados que trabajaban en la empresa Azeta, cuya gerencia es encabezada por el empresario Alfredo Jamett. Nada más se supo sobre esta hebra del caso.

La cuestionada conclusión llega justo en medio de un escándalo poco publicitado, que sin dudas generará mayores suspicacias en redes sociales: los vínculos del subdirector operativo de la PDI, Juan Baeza Maturana, con los órganos represivos de la dictadura de Pinochet.

La actuación de Baeza en el secuestro de cuatro estudiantes de la USACH en 1986 fue defendida por el actual jefe de bancada de RN, Alberto Cardemil, ante la carencia de un desmentido oficial por parte de Investigaciones.