Michelle Bachelet: ¿la mejor aliada de Washington?

Nota del Editor: Presentamos a contiunación un artículo escrito por James Petras, sociólogo experto en América Latina quien, a razón del triunfo de la actual candidata en 2006, realizó un duro balance de la gestión de Bachelet como ministra de Salud y Defensa durante el gobierno de Lagos. Desde la experiencia, estudiantes, trabajadores, mapuche y muchos otros pueden confirmar que no estuvo muy equivocado.

El 15 de enero de 2006, Verónica Michelle Bachelet fue elegida Presidenta de Chile por un margen del 54% frente al 46% de los votos con un 40% de abstenciones, en su mayoría de jóvenes menores de 30 años. Encabezando una coalición de dos partidos en teoría «socialistas», demócrata-cristianos y radicales, su victoria electoral ha sido muy bien acogida por un vasto espectro político que va desde la administración Bush al presidente Chávez, incluyendo todos los grandes medios de comunicación económicos (el Financial Times, Time Magazine, Wall Street Journal) y las instituciones financieras internacionales más importantes (Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional).

Los progresistas, al igual que en las valoraciones efectuadas después de otras elecciones recientes, se han equivocado de nuevo (o quizá han renunciado a su agenda reformista) y la derecha tiene razones para sentirse contenta.

Los progresistas echan mano de consideraciones un tanto mezquinas para explicar su respuesta positiva ante la elección de Bachelet: argumentan que es la primera mujer presidenta en Latinoamérica (olvidando que Margaret Thatcher fue la primera mujer Primera Ministra de Inglaterra), que pasó un breve período en las cárceles de Pinochet; que era la hija de un general de las fuerzas aéreas que fue leal al depuesto presidente socialista Allende y que fue torturado hasta la muerte; y en el hecho de que es dirigente en el teóricamente Partido «Socialista» de Chile.

La confianza de los progresistas en su identidad política contrasta profundamente con la aproximación materialista histórica adoptada por determinados regímenes políticos y medios de comunicación derechistas de las grandes corporaciones, que centran la atención en su actuación política durante los últimos quince años, en su papel como Ministra (de Salud y Defensa) en el gabinete gubernamental y en su adhesión incondicional a las políticas de libre mercado neoliberales y a la doctrina militar regional de Estados Unidos.

Para comprender el significado de la elección de Bachelet y las razones por las que el régimen de Bush está encantado con ella, se debe profundizar al menos brevemente en los antecedentes de los denominados regímenes de «centro-izquierda» que han gobernado Chile durante los últimos 16 años.

En 1988, la coalición denominada «Concertación» derrotó al dictador Pinochet mediante un plebiscito y, un año después, venció a un candidato pinochetista, ganando así las elecciones presidenciales. Desde 1989 hasta la actualidad, Chile ha seguido siendo gobernado bajo la constitución autoritaria impuesta en 1980 por la dictadura. Los regímenes presidenciales de la Concertación (ya fueran demócrata-cristianos o socialistas) no sólo aceptaron las fraudulentas privatizaciones valoradas en miles de millones de dólares que se llevaron a cabo bajo la dictadura, sino que extendieron la práctica a todos los sectores de la economía, incluida la sanidad, las pensiones y la educación. Un informe llevado a cabo por un grupo de investigadores del Congreso (20 de julio de 2005) reveló que se habían transferido ilegalmente tierras y propiedades valoradas en 6.000 millones de dólares a funcionarios pinochetistas. A lo largo de una década, una serie de oficiales militares de alto rango, con Pinochet incluido, que habían estado implicados en crímenes contra la humanidad se fueron sucediendo en los cargos más importantes del país. Se ascendió a oficiales de grado medio. Bajo la Concertación, Chile conservó la bochornosa cualidad de ser el segundo país, de entre los que componen Sudamérica, con las desigualdades sociales más graves.

Hasta el día de hoy, los militares continúan recibiendo el 10% de los ingresos que genera el cobre (con el precio más alto que nunca), una medida apoyada con entusiasmo por Bachelet cuando era Ministra de Defensa (2002-2004). Una legislación laboral restrictiva impide que los sindicatos y los movimientos laborales se involucren en cualquier huelga que afecte a la industria en gran escala, y la mayor parte de los jornaleros y leñadores no tienen casi defensa alguna frente a los depredadores productores de los sectores de la uva, el vino y la madera. En contraste con lo anterior, una nueva clase de multimillonarios ha pasado a dominar una economía altamente monopolizada que está asociada con multinacionales europeas y estadounidenses dedicadas a saquear la riqueza piscícola, los bosques, las aguas y los recursos minerales del país, apropiándose de tierras indígenas y criminalizando a los movimientos indígenas mapuche.

La afirmación de la Concertación de haber reducido la pobreza de la población de un 48% a un 18% no es más que una manipulación estadística: es el resultado de redefinir el límite de la pobreza hasta niveles mínimos de subsistencia. Estimaciones más realistas, basadas en estándares de vida adecuados, elevarían ese 18% al menos hasta un 40-45%. Igual de importante es el hecho de que la Concertación se ha alineado con Estados Unidos – y en oposición al resto de Latinoamérica – como el discípulo más leal de las políticas económicas de libre mercado, firmando una versión bilateral del Área de Libre Comercio de Latinoamérica y votando junto a Estados Unidos contra Cuba en las reuniones anuales sobre Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. El Partido Socialista, de entre cuyas filas salieron los dos últimos Presidentes electos, no sólo ha renunciado a todas las políticas puestas en marcha por el martirizado Presidente Allende (nacionalización del cobre, reforma agraria, democracia industrial, seguridad social y legislación laboral proteccionista) sino que ha «confesado» que Allende siguió «políticas equivocadas». Los socios derechistas y demócrata-cristianos del golpe militar de 1973 nunca realizaron una «autocrítica» parecida.

Antes del golpe militar, Bachelet había apoyado al gobierno de la Unidad Popular, del cual su padre, el General de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet, era un partidario leal. Fue detenida durante un breve período junto con decenas de miles de chilenos progresistas y se marchó eventualmente del país, recibiendo una beca de la Universidad Humboldt en la comunista República Democrática Alemana (GDR), donde se convirtió en una partidaria de Hoeneker carente de todo sentido crítico. Tras el restablecimiento en Chile de la política electoral, Bachelet volvió al país, convirtiéndose en miembro del Comité Central del «renovado» y pro-neoliberal Partido Socialista. Desde su regreso a Chile hasta su elección como presidenta Bachelet, no sólo no cuestionó nunca la impunidad de los militares que torturaron a su padre hasta matarlo, sino que abrazó su doctrina de seguridad nacional, promovió a numerosos oficiales de rango medio que habían trabajado en la DINA (policía secreta) de Pinochet, jactándose de las estrechas relaciones de trabajo que mantenía con ellos

El profundo cambio de la trayectoria de Bachelet desde la RDA hasta su aproximación a Estados Unidos se evidenció durante su estancia de un año en Fort McNair, donde se imbuyó de la doctrina de «guerra interna» estadounidense y de las estrategias contra la resistencia. A diferencia del camino que abrazó su padre rechazando el imperialismo y abrazando políticas re-distributivas socialistas, Bachelet siguió un sendero de «convergencia con el poder hegemónico» (en sus propias palabras), que en esencia se resume en la sumisión servil a los dictados estratégicos de Estados Unidos. Su anterior período (2000-2002) como Ministra de Salud no presenció mejora alguna en el desmoronado sistema sanitario público, no puso en marcha ningún programa relevante para el 50% de la población chilena que no podía afrontar los sistemas de sanidad privada, y no hizo ningún esfuerzo por mejorar el fracasado sistema de pensiones privadas definido por Washington, en otra época, como «modelo» para el mundo. Los planes privados de jubilación sufren en la actualidad una desvalorización estimada en un total de 1.000 millones de dólares, mientras que las subidas de las tasas administrativas y otros gastos se están llevando hasta el 20% de los montos fijados para dichas pensiones. La Organización Internacional del Trabajo ha llamado por ello la atención a Bachelet y a sus predecesores, ya que únicamente el 58% de los pensionistas van a recibir 120 dólares al mes y, el restante 42%, prácticamente nada.

Durante el período de Bachelet como Ministra de Defensa, los gastos militares de Chile alcanzaron nuevas cotas: el gasto militar per cápita superó al de cualquier gobierno de Latinoamérica. Gastó miles de millones de dólares en una nueva flota de aviones de combate, helicópteros, navíos de guerra y sistemas de espionaje mediante fotografía por satélite; Chile se preparó para «converger» con Estados Unidos para vigilar a los turbulentos países andinos. Bachelet fue la seguidora más enérgica de Estados Unidos al enviar a Haití una fuerza expedicionaria militar para que ayudara en las tareas de represión de los partidarios del democráticamente electo Bertrand Aristide. Unos 400 soldados chilenos armados hasta los dientes patrullaron las miserables calles de Puerto Príncipe en apoyo del régimen títere impuesto por Estados Unidos.

Bachelet acogió siempre muy bien cualquier oportunidad de realizar maniobras militares junto a Estados Unidos – ofreciendo apoyo logístico para las últimas operaciones de UNITAS.

Bachelet superó los protocolos normales en las relaciones de un Ministro de Defensa con los militares: en las primeras páginas del derechista diario El Mercurio aparecieron publicadas fotos memorables con abrazos a generales. Incluso hubo algo más impactante aún en la exuberancia efusiva de Bachelet hacia los generales, entre los que figuraban muchos de los que habían servido en la policía secreta de Pinochet, 13 de los 30 generales con los que Bachelet colaboró habían sido miembros de la tristemente célebre DINA, famosa por sus torturas y asesinatos de sospechosos políticos.

En su oportunista ascenso al poder, Bachelet se mostró dispuesta a alabar y promover precisamente a aquellos oficiales militares que podrían haber estado directa o indirectamente implicados en las torturas a su propio padre.

En una entrevista publicada en el influyente diario El Mercurio (22/01/06), Bachelet expuso enfáticamente su entusiasta apoyo al modelo neoliberal, el mantenimiento del regresivo 19% del IVA, la oposición a cualquier impuesto progresista o a políticas re-distributivas y la ausencia de una legislación positiva que pudiera reparar las abismales desigualdades. Además de promover la «educación» en sectores medios, declaró que no existía una «fórmula mágica» para superar la brecha entre ricos y pobres – y ni hablar de cambiar la jornada laboral chilena, con 48 horas a la semana, la más alta entre los 60 países considerados por la clasificación del International Institute of Management. Pero, para Bachelet, aprobar una legislación laboral supone una «fórmula mágica» inalcanzable.

Teniendo en cuenta los antecedentes históricos, el disponer de una Presidenta recién elegida que pone un énfasis muy especial en la seguridad militar, incluida la «seguridad interna», con objeto de impedir cualquier movimiento social, permitiendo la existencia de batallones de reacción rápida que ya han sido preparados para converger con las intervenciones militares estadounidenses, no es sorprendente que la administración Bush y la Embajada de Estados Unidos en Santiago calificaran a Chile como el mejor socio de Washington, un modelo para Latinoamérica, el cliente perfecto: un paraíso para la inversión extranjera, un infierno para los trabajadores y una amenaza para los movimientos sociales.

La subida al poder de Bachelet demuestra que el poder político es más fuerte que los lazos de parentesco, que la lealtad de clase es más poderosa que la política de identidad y que tener un pasado de izquierda no supone estorbo alguno para convertirse en el mejor aliado de Washington en su defensa del imperio.
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James Petras es un sociólogo estadounidense conocido por sus estudios sobre el imperialismo, la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos. Ha sido profesor de la Binghamton University de Nueva York, la Universidad de Pensilvania, y profesor adjunto en Saint Mary’s University, de Halifax (Canadá).