Más de $3 millones de pensión gana esposa de ex subdirector de Carabineros

Tras la serie de escándalos de corrupción que han sacudido a instituciones como el Ejército, Carabineros y Gendarmería en los últimos años, la entrega de exorbitantes jubilaciones a uniformados y miembros de esas entidades ha provocado reproche no solo en el parlamento, sino también al interior de la Fiscalía.

De ahí que una de las aristas de la investigación por el denominado Pacogate, a cargo del fiscal Eugenio Campos, haya sido orientada a aclarar el manejo de recursos en la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), donde la Contraloría verificó la existencia de dobles pensiones y pagos por fraudulentas calificaciones de invalidez.

El foco de la atención está en la causal de segunda categoría, que se aplica a aquellos que por accidentes o enfermedades propias del servicio quedan imposibilitados para seguir trabajando y con alguna inferioridad fisiológica para desempeñarse en el mundo privado.

Según publicó La Tercera en agosto del año pasado, el mayor (r) de Carabineros Cristián Coloma Seguel denunció no solo que generales se jubilaban en zonas extremas «para que obtengan una mayor jubilación, para abultarla, todo en desmedro de las arcas fiscales», sino el cobro del beneficio por funcionarios que laboralmente están activos.

«El capitán (r) Luis Cortés Gangas tiene un listado de oficiales, doctores, etc., de los que se fueron con esta invalidez, que además les disponía que no podían trabajar. Él les realizó un seguimiento en Impuestos Internos y todos se mantienen ejerciendo alguna actividad laboral», detalló el testigo al Departamento OS7.

Al respecto, la Contraloría ya emitió un dictamen de fecha 2 de noviembre de 2010 que declaró «solo una incompatibilidad entre la pensión en comento y los cargos que se ejercen en los organismos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, tales como el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile (estas dos últimas que hoy supervisa Interior), las Subsecretarías de Defensa y para las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto».

Bajo esta mirada, uno de los casos que genera sospecha en las filas de Carabineros corresponde al de la ex oficial Andrea Bravo Arriagada, esposa del ex subdirector Julio Pineda Peña, actualmente investigado por la filtración de la hoja de vida del general director Hermes Soto y cuyo hermano veterinario fue sacado de un plantel institucional tras aparecer vinculado a una supuesta red de tráfico de caballares.

Verdad Ahora consultó por Ley de Transparencia a Dipreca los montos que Bravo ha recibido producto de una invalidez de segunda clase que Carabineros le declaró en junio de 2013. La primera respuesta fue que Bravo no estaba en sus registros como imponente (ver aquí). Solo al insistir con la presentación de un amparo ante el Consejo para la Transparencia y un nuevo requerimiento, Dipreca liberó la información.

En el documento, la fiscal de la caja previsional, Pamela Sánchez, informó que el total del monto bruto percibido por la esposa del ex general Pineda hasta junio del presente año corresponde a $189.837.053 (mira la tabla aquí), con pagos mensuales que desde enero bordean los $3.180.000.

Sánchez relató que «mediante la resolución N° 967 de 06.07.2012, del Departamento de Pensiones de Carabineros de Chile, se le concedió una pensión de retiro (temporal) a la Sra. Bravo, cuyo pago empezó con fecha 12.07.2012». Ésta, añadió, fue reliquidada «mediante la Resolución N° 811 de 12.06.2013 del mismo departamento», aumentándose desde $1.275.476 a $2.711.009 entre agosto y septiembre de 2013.

Se adjuntó además la reliquidación firmada por el entonces teniente coronel de Carabineros Miguel Ángel Ortiz Farías, el mismo que trabajaba en la institución pese a arrastrar una condena por el crimen político del menor Sergio Albornoz Matus, ocurrido el 30 de agosto de 1988 en la comuna de La Granja, y que fue llamado a retiro mientras percibía asignación de zona extrema en la Región de Aysén.

Voces al interior de Carabineros cuestionan que la ex oficial Bravo, quien se retiró inválida con el grado de mayor, siguiera ligada a la policía verde oliva a través de la administración de una cafetería en el Hospital de Carabineros bajo dependencia de la Corporación de Ayuda a la Familia, organismo que hasta comienzos de 2018 presidió la esposa del ex general director Bruno Villalobos.

Respecto al nexo de la institución con tal corporación de derecho privado, el secretario general subrogante de Carabineros, Juan Irigoyen Tapia, confirmó a través de un oficio a la comisión especial investigadora del Pacogate que ambas «tienen vinculación, toda vez que la totalidad de sus socios son funcionarios, siendo en la actualidad un alto número del personal, socio de la misma».

«En cuanto a la conformación de su Directorio, puede indicarse que tanto el cargo de Presidenta Nacional, como el de Vicepresidenta Nacional, lo ostentan por derecho propio, la cónyuge del Sr. General Director y Sr. General Subdirector, respectivamente», indicó al Congreso, detallando el funcionamiento de otras entidades paralelas que son objeto de críticas por su nula fiscalización externa, como el Club Aéreo y Mutucar.

Este medio buscó acceder a los fundamentos de la invalidez de la ex mayor Bravo, pero ésta se negó terminantemente a dicha posibilidad. «No estoy de acuerdo con enviar ningún documento, yo me encuentro en retiro y cualquier antecedente es parte de mi vida privada», contestó por correo electrónico al jefe de la oficina de Transparencia de Carabineros, coronel Pedro Duguett (ver aquí).